El Ministerio de Industria está preparando una normativa en la que plantea considerar las infracciones en los registros como delito penal por la falsificación de documentos. Trata de impedir así que las instalaciones que no cumplieran con todos los requisitos de la anterior regulación, el Real Decreto 661/2007, se hayan inscrito bajo esta norma y cobren primas sensiblemente más altas que las de la actual regulación, en vigor desde el pasado 30 de septiembre.
Según el periódico Cinco Días, que cita fuentes cercanas al Gobierno, Industria considera que estos fraudes “van más allá de la simple sanción administrativa, del pago de multas. Para hacer fraude es preciso falsificar los documentos de inscripción, con lo que estaríamos hablando de delito penal”. Las fuentes prevén que la norma esté lista a mediados de enero.
El Ministerio “va a actuar en un doble frente: por un lado, ha dado las correspondientes instrucciones a la CNE para que continúe su labor de inspección y está preparando la nueva norma, a la que dará el mayor rango jurídico, para perseguir y castigar el fraude”, afirmaron fuentes cercanas al Ejecutivo. El 11 de diciembre la CNE hizo público que ampliaba la investigación por fraude hasta 4.189 instalaciones fotovoltaicas, agrupadas en 1.447 huertos solares.
Otras fuentes señalan que, en muchos casos, estos fraudes se han realizado con la connivencia de las propias comunidades autónomas. Y no parece que sean sólo una o dos. Por si acaso, el Ministerio ya ha dicho que, en caso de probarse el fraude, “tiene capacidad jurídica para actuar tanto contra sociedades probadas como contra instituciones públicas”, y que “no dudará en hacer uso” de esta potestad.
Con apoyo del sector
El propio sector ha sido el primero en exigir limpieza, consciente de la fotovoltaica participa en una carrera de fondo y no puede decepcionar a las primeras de cambio. La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) pidió el lunes “que todas las instalaciones que se hallen indebidamente acogidas al Real Decreto 661/2007 tampoco puedan acogerse al RD 1578/2008 y sean inhabilitadas para recibir la tarifa fotovoltaica que la política de fomento del Gobierno considere apropiada”.
Según ASIF, “en el caso de que no se adoptara esta medida u otra similar, estas instalaciones irregulares –cuya posible existencia es una lacra para la buena imagen del sector fotovoltaico español– restarían capacidad al cupo establecido por el RD 1578/08, e, incluso, tendrían preferencia frente a los nuevos proyectos, comprometiendo con ello la continuidad del mercado solar nacional”.
Se mantiene el calendario
El Ministerio de Industria también confirmó ayer mantendrá el calendario vigente para resolver las convocatorias del registro en el que se tienen que apuntar las plantas solares fotovoltaicas antes de ponerse en marcha para recibir las primas por su producción de electricidad. No sé producirá, por tanto, el aplazamiento de dos meses que denunciaba ASIF y que podría “prolongar aún más la parálisis del mercado fotovoltaico español”.
Según han señalado fuentes del departamento que dirige Miguel Sebastián, Industria eliminará las referencias a la modificación del calendario que figuran en el mencionado borrador. “En ningún momento se va a cambiar los plazos. El calendario quedará tal y como venía en el Real Decreto 1578/2008 (la normativa que regula la retribución del sector fotovoltaico)”, señalaron.
