El proyecto instalado en ALEPH-TEA supondrá un ahorro de los gastos eléctricos equivalente al coste total de las dietas anuales de 80 alumnos del centro y supondrá un alivio en las cargas económicas a las que tienen que hacer frente las familias, que se han visto incrementadas en los últimos tiempos por la reducción de las ayudas sociales, según indica UNEF.
La instalación consta de 30 paneles fotovoltaicos de 215 Wp de potencia unitaria conectados a un inversor de 6 KW. Está gestionada por un equipo que controla y regula en tiempo real la producción instantánea en función del consumo efectivo, evitando la inyección a la red de excedentes. A precios de mercado y con las condiciones normativas y administrativas actuales, la instalación donada habría supuesto una inversión de 9.000€, que se habrían recuperado en 5 años.
El proyecto ha sido posible gracias a las aportaciones económicas y humanas realizadas por Grupo TSK, Praxia Energy, Fronius, AS Solar, Lacelal, Green Power Monitor, Fotosolar y los ingenieros Enrique Alcor y Javier del Amo. La instalación contribuye a la sostenibilidad del edificio, de diseño bioclimátco, pero que quedó en parte inconcluso por las dificultades sufridas para hacerlo realidad.
Los Trastornos del Espectro Autista afectan a uno de cada 250 niños en edad escolar. Se calcula que en España hay unas 200.000 personas con TEA, 50.000 de ellas menores de edad.
El “impuesto al sol” reducirá el ahorro conseguido en el centro
Según indica UNEF, el RD de autoconsumo aprobado por el Gobierno implicará una reducción del 24% del ahorro que el centro ha conseguido con la instalación. Pérdidas a las que habrá que sumar los gastos asociados a la necesidad de tramitar la regularización de la instalación de nuevo, pues el borrador de proyecto de normativa se aplicará de forma retroactiva.
El RD de autoconsumo al que deben adaptarse las instalaciones antes de abril de 2016, ha sido duramente criticado por las instituciones reguladores (CNE, CNC, Defensora del Pueblo), sindicatos, consumidores, plataformas ciudadanas, asociaciones profesionales y el grueso de los partidos de la oposición. En las últimas semanas, con el apoyo de diferentes organizaciones y plataformas ciudadanas, se han registrado más de 40.000 alegaciones a la normativa y más casi 200.000 firmas pidiendo su retirada.
