De momento, las señales son muy claras: el gobierno no cede ni un ápice. El comunicado del Grupo de Trabajo ha sido publicado el mismo día en que el Congreso ratificaba el RD. Después de la votación de los diputados, el mismo Jose Manuel Soria insistió en que el régimen especial (renovables más cogeneración y residuos) "más que dobla" los 40 GW de la demanda punta máxima del país: situación que no es "razonable" según el Ministro. Mientras tanto, los fabricantes señalan que, en 2011 y 2010 los pedidos fueron para menos de 100 MW y 220 MW, respectivamente, frente una media superior a 1.500 MW en años anteriores (gráfico). Peor, "en lo que va de año no hay nuevos pedidos de turbinas para el mercado nacional", asegura el grupo. Esto se debe a que los pedidos de aerogeneradores "se realizan entre 1,5 y dos años antes de que empiece la instalación de un parque". Por tanto, al no haber un marco regulatorio más allá del 31 de diciembre de 2012, no hay pedidos.
Y si no hay pedidos, el sector se enfrenta a echar a la calle la mayor parte de los 30.000 trabajadores; es decir, los que quedan despues de los 10.000 perdidos durante los últimos dos años debido a la incertidumbre regulatoria. Ante la posibilidad de que el gobierno condene al paro a estos trabajadores, a un coste mayor a la economía nacional, el grupo de fabricantes apela al sentido común, señalando que la industria eólica exporta tecnología por más de 2.000 millones de euros anuales, además de invertir en I+D unos 150 millones de euros al año, situando a España como el cuarto país del mundo en patentes eólicas.
"El gobierno no puede perder de vista que España necesita a la eólica para avanzar en su independencia energética de cara a la previsible subida de los precios de los combustibles fósiles y para cumplir los objetivos vinculantes de la Directiva Europea sobre renovables, ya que es la tecnología más madura del régimen especial", inisisten los fabricantes. "El problema es que, si la eólica se paraliza ahora, a pocos años de ser competitiva sin incentivos, cuando se quiera reactivarla se habrá perdido el talento nacional, así como uno de los pocos sectores en los que nuestro país es referente indiscutible a nivel mundial", añaden.
El grupo de trabajo recuerda que el sector no es el responsable del déficit de tarifa, señalando que "su aportación al mismo en 2011 fue cero". Por tanto, "la solución no puede pasar de ningún modo por la destrucción de su industria y de sus 30.000 puestos de trabajo". De ahí, los fabricantes solicitan con urgencia, "una regulación sostenible para la economía que garantice la supervivencia de un sector clave para la economía española".
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