En efecto, las energías renovables se han situado en las agendas políticas de tal forma que han logrado abrirse paso a través de la activación de medidas legislativas o en su caso regulatorias dirigidas a incentivar la demanda en mercados secularmente abastecidos por generación firme, para consumir electricidad procedente de estas nuevas fuentes renovables, y/o habilitando estructuras y mecanismos de contratación para hacerlo posible.
Para ello, la regulación de estos mecanismos de contratación ha tenido que encuadrarse y adaptarse en su mayor medida a los ordenamientos ya preexistentes de funcionamiento de los respectivos sectores eléctricos, ajenos a la realidad de la naturaleza variable de las fuentes renovables. Y, en el mismo sentido, también el acceso, la contratación y el despacho de la generación a partir de estas fuentes en los respectivos mercados y sistemas eléctricos ha estado determinada por la realidad de que unos y otros responden a modelos energéticos preexistentes, indiferentes en su funcionamiento a la naturaleza variable de las fuentes renovables.
Es el caso que la articulación de los mecanismos de contratación ha ido encontrando soluciones regulatorias dentro del marco de esos ordenamientos haciendo posible la participación de la oferta y la demanda de generación de origen renovable no convencional (FNCER) acomodándose a las singularidades de la naturaleza variable y características técnicas de las tecnologías, lo que sitúa a la fuente de generación eólica en la primera posición de las FNCER con más de 29 GW instalados en la región, de los que al menos un 80% tiene su origen en licitaciones de energía.
Nuevos desafíos
Sin embargo, la década que comienza presenta nuevos desafíos que perfilan un panorama que va a estar delimitado por la necesidad de más que duplicar la potencia eólica instalada en la región en el horizonte 2030, teniendo en cuenta por un lado que la creciente demanda de electricidad está impulsando un aumento en las emisiones de GEI, en particular en los países donde la generación de energía se basa principalmente en combustibles fósiles, y, de otra parte que la competitividad de la energía eólica abona al acceso más generalizado de los consumidores a esta fuente de generación.
En efecto, el compromiso de reducción de emisiones asumido en su conjunto por los países latinoamericanos integrantes del Acuerdo de París, implica la descarbonización del sector energético en 2050, con una contribución del sector eléctrico a esas medidas de mitigación que demandan un volumen de inversiones anuales en generación eólica no inferior a 6.000 millones de dólares.
Para reforzar el apoyo de la región latinoamericana a la acción climática, también se están activando iniciativas como RELAC, auspiciadas por el Gobierno de Colombia a la que se están adhiriendo varios Gobiernos en la región para establecer un compromiso de alcanzar un porcentaje de participación del 70% de las energías renovables en la canasta energética en 2030, lo que para las FNCER representará cubrir cerca del 25% de la generación eléctrica con estas fuentes, donde la eólica alcanzaría una cuota no inferior al 12% duplicando su actual participación.
El desarrollo de la tecnología eólica continúa dando pasos de gigante para incrementar sus niveles de eficiencia, lo que se constata cuando pueden verse los más modernos equipos que se están ensamblando en los mayores mercados de la región, de ahí que afronta este reto con plena seguridad de su propia capacidad industrial, logística y técnica ya que continúa localizando su capacidad industrial y creando las cadenas de suministro en los mercados de la región para dar respuesta a ese desafío.
La cooperación y el apoyo internacional va a ser clave para que la región pueda cumplir con los compromisos de París y con los planes de ampliación de la reducción de emisiones desarrollados por varios países cuando establecieron compromisos condicionados a la transferencia de tecnología y financiamiento internacional.
Ahora bien, para detonar el volumen de inversión en instalaciones eólicas y asegurar la financiación que se requiere para asegurar esas metas en América Latina, resulta inaplazable la adecuación de los mercados eléctricos y también de los sistemas eléctricos de la región a la realidad económica y técnica de esta nueva tecnología con el fin de asegurar su pleno desarrollo en condiciones de sostenibilidad, lo que trasciende a la necesidad no menos imperiosa de actualizar y mantener activados los mecanismos de contratación pública de FNCER en la mayoría de estos mercados para cubrir estas nuevas necesidades.
Los precios más competitivos
En efecto, la tecnología eólica va a ser clave para el desarrollo competitivo de las sociedades en la década que comienza. Uno de los resultados más alentadores de las licitaciones de contratos FNCER acontecidas en la región tras el Acuerdo de París, reside en el hecho de que la energía eólica, y en algunos casos la solar fotovoltaica, se han convertido en las más eficientes de las tecnologías de generación eléctrica.
Los precios más competitivos en licitaciones públicas para la adjudicación de contratos de suministro a largo plazo llevadas a cabo a partir de 2016 en diversos mercados eléctricos en el mundo, son los atribuidos a proyectos eólicos y solares, donde están desplazando a la generación con las tecnologías convencionales, de lo que se van a derivar efectos de importancia capital en las políticas de energía y clima, pues las inversiones en generación de electricidad a partir de fuentes renovables competitivas ya representan más allá de una opción tecnológica asociada a la sostenibilidad ambiental, también una necesidad para contener y en su caso reducir los costes de generación en los sistemas eléctricos apalancados en combustibles fósiles, lo que crea nuevas expectativas para consumidores y usuarios.
La alta competitividad de la energía eólica en la región sitúa el desarrollo de los sistemas eléctricos ante el reto de asegurar también la competitividad de las economías, especialmente en el contexto del funcionamiento efectivo de los mercados de carbono, para lo que resulta imprescindible facilitar el acceso al consumo más generalizado de estas fuentes competitivas favoreciendo la socialización de los beneficios asociados a la reducción de costes que se deriva de esa competitividad, lo que ahonda la necesidad de adecuar los mercados y los sistemas eléctricos a las realidades y características de la tecnología eólica sin dilación.
