¿Cómo surge hace diez años UNEF?
El sector, tras los años del apogeo de las primas, entra en crisis: primero con el ministro Miguel Sebastián [2008–2011] y después con la llegada del Partido Popular al poder [2011]. En ese momento el sector afronta dividido la crisis. Coexistían la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), Anpier y la parte Fotovoltaica de APPA. La falta de una voz única se convertía en una rémora para poder defender sus intereses, lo que hace ver la necesidad de crear una asociación potente con una voz única. Y, así, se firma un primer protocolo de acuerdo, del que sale UNEF (de ahí lo de Unión Nacional). Muy pronto, sin embargo, Anpier se desmarca del acuerdo, y a continuación, lo hace APPA. UNEF se conforma como una fusión entre las que entonces eran las dos mayores asociaciones de la época, la que representaba los intereses de las plantas más grandes, que era AEF, y la de las empresas más pequeñas, que era ASIF. De la fusión de ambas surge UNEF. Nace para afrontar lo que se prevé van a ser unos años complicados, para recuperarle la moral al sector, para luchar por unos marcos regulatorios adecuados y para hacer pedagogía en la sociedad. Pedagogía en contra de la publicidad que en aquel momento presentaba al sector como una panda de especuladores, y a la fotovoltaica, como una energía cara. De todo ese caldo de cultivo surge UNEF.
La Unión Española Fotovoltaica nace en la primavera del 12 y Donoso llega a la asociación, como director general, en noviembre, testigo y protagonista de diez años que comenzaron a la sombra del impuesto al Sol... y que están eclosionando ahora a la velocidad de una revolución. Si hubiese que resumir esos diez años en una frase, ¿cómo sería?
Estos diez años han sido años difíciles, apasionantes e incluso paradójicos. Porque, por un lado, el sector ha pasado momentos muy malos (por la crisis económica, por la caída de la demanda eléctrica y, sobre todo, por un gobierno que no comprendía el momento histórico que se estaba viviendo), pero, al mismo tiempo, por otro lado, el sector ha hecho sus deberes: avanzando en la consecución de una tecnología competitiva y viable, por precio, por flexibilidad, por facilidad de instalación... La mejora ha sido constante, y esto, al final, ha producido un punto de inflexión que ha permitido la eclosión, y que ha propiciado que todo lo trabajado durante todos esos años haya dado sus frutos en 2019, con el cambio de gobierno, y con la consecución de un marco regulatorio adecuado, que ha permitido que la fotovoltaica pudiera ejercer su competitividad en unas condiciones de mercado sin barreras.
En todo caso, entre Sebastián y 2019 hay casi una década. Larga travesía...
Larga, sí. Pero quiero remarcar dos hechos. El primero es la supervivencia de un potente sector industrial. Porque ha habido muchas empresas que se han quedado por el camino, pero también ha habido otras que no solo han sobrevivido, sino que se han posicionado como líderes a nivel mundial. Ahí tenemos a los Ingeteam, Power Electronics, GranSolar, Soltec, Praxia, Alusín... Empresas que, sin ningún tipo de apoyo público en nuestro país, ni siquiera ayudas a la exportación, han conseguido afianzarse y convertirse en líderes mundiales gracias a una apuesta firme por la I+D y la calidad. Estoy hablando de empresas que, durante seis, siete años, no facturaron un solo euro en España. Todo lo que facturaban lo hacían en mercados tan complicados como el británico, el norteamericano, el australiano, o el latinoamericano. Durante todos esos años, allí donde había un mercado fotovoltaico había también una empresa española. Y ahí quiero destacar también el papel de las ingenierías, de los epecistas, que han tenido un potente efecto arrastre sobre otras empresas españolas.
La mayor parte del sector desconoce que, por ejemplo, en el año 2020, último año del cual contamos con datos, estas empresas exportaron por valor de 2.400 millones de euros. Todo eso ha hecho posible que, cuando ha vuelto a abrirse el mercado en España, podamos recoger los frutos. Y, ahora (y este es el segundo de los hechos que quiero remarcar), nos encontramos en una segunda fase en el mercado de España, una fase que contrasta fuertemente con la primera. En la primera, durante la primera década del siglo, el desarrollo del mercado se basó en unas primas muy altas, mientras que, ahora, la mayoría de los megavatios que se están instalando lo están haciendo en condiciones de mercado, sin siquiera acudir a una subasta. Son, básicamente, proyectos que han firmado contratos bilaterales o que han ido directamente a vender su energía al mercado. Una vez más nos hemos posicionado como pioneros a nivel europeo por este desarrollo en condiciones de mercado. Esa es la gran evolución, una evolución que, además, se suma a otra, muy importante, la del autoconsumo, que ha pasado de prácticamente no existir en nuestro país a ejecutar 1.200 megavatios este año pasado. El 30% de toda la potencia que se ha instalado en 2021 ha sido autoconsumo.
Vamos, que, en diez años, el sector ha pasado del negro más mate al blanco más… luminoso. ¿Le ha sucedido lo mismo a UNEF?
Bueno, en UNEF hemos pasado de tener ciento y pico asociados a tener más de 650. Ahora mismo estamos creciendo a razón de 12, 14 empresas nuevas cada mes. Además, veníamos de una etapa del mundo asociativo muy compleja, turbulenta, con muchos problemas internos... y ahora hay una gran paz social. Y hemos conseguido algo que no es muy frecuente, aunque lo parezca: somos una asociación auténticamente democrática, en la que la opinión de cada empresa cuenta, independientemente del tamaño de esa empresa. Esto nos ha propiciado el reconocimiento del sector. Y ese crecimiento que estamos teniendo ahora es la mejor constatación de ese éxito. Tenemos empresas muy grandes –las compañías eléctricas, las petroleras, pero también fondos de inversión, promotores de un gran tamaño...– y luego tenemos instaladores muy pequeñitos. Además, tenemos plantas en suelo, y tenemos el autoconsumo.
Creo que una de las claves del éxito ha radicado en el hecho de que, desde el principio, hemos tenido unos estatutos que blindan esa democracia de la que hablaba antes y una cultura del consenso que ha hecho que todos, grandes y pequeños, vean que son defendidos y apoyados de igual manera. Tenemos diferentes secciones (Promotores, Instaladores, Fabricantes, Distribuidores, Almacenamiento, Mixta). Pero nuestros estatutos hacen imposible que ninguna sección, y mucho menos una empresa, pueda imponer su opinión. Otra de las claves del éxito, quizá, es haber sabido conciliar los intereses de las grandes plantas y el autoconsumo. Defender el autoconsumo era la forma de recuperar el prestigio social, y la forma de conseguir apoyos políticos para una causa que iba más allá del colectivo de afectados por el impuesto al Sol. Y defender las grandes instalaciones era necesario para que los precios de los paneles siguieran bajando, para alcanzar precios competitivos. Defendiendo al autoconsumo estábamos defendiendo a las plantas en suelo y viceversa. Otra clave importante de nuestro éxito ha sido la buena labor y dedicación de los profesionales que nos han acompañado durante todo este tiempo y el comportamiento ejemplar de los presidentes y miembros de la junta directiva.
Bien, vamos al presente. El mayor reto al que ahora se enfrenta el sector –intuyo– es convencer a la opinión pública de que el impacto de una instalación solar fotovoltaica en la biodiversidad no es significativo, ¿es así?
Somos un sector que viene del apoyo social y que tiene que mantener ese apoyo social. Lo tenemos claro. Y por eso una parte muy importante de nuestro esfuerzo está yendo ahí en este momento: a intentar no perder ese contacto con la sociedad. En UNEF estamos convencidos de que una planta bien diseñada no solo no perjudica a la biodiversidad sino que, al contrario, tiene un impacto positivo. Una planta fotovoltaica es una reserva integral: no hay caza, no hay agricultura, no hay fertilizantes químicos, no usamos productos plaguicidas. Realmente solo hay ocupación del territorio. Pero incluso esa ocupación puede ser positiva si sustituimos ocupaciones más agresivas. Hemos lanzado un Certificado de Excelencia en Sostenibilidad y Conservación de la Biodiversidad para plantas fotovoltaicas. Para que las empresas trabajen desde un principio de Reversibilidad. El objetivo es que, cuando la planta concluya su vida útil, dentro de 30 años, y deje ese territorio, no lo deje igual, sino mejor.
Nos enfrentamos a una gran demagogia desde el mundo neonegacionista. La mayor parte de las acusaciones son falsas: que nuestras plantas fotovoltaicas desertifican el territorio, cuando no usamos apenas agua; que contaminamos los acuíferos con el aceite, cuando utilizamos menos aceite que una bicicleta.
Ahora mismo estamos empeñados en esa labor de comunicación (de difundir la realidad de la fotovoltaica). Estamos estudiando por ejemplo la evolución de la biodiversidad en el interior de una planta. Estamos trabajando en la intermediación en las zonas en conflicto. Y, al mismo tiempo, estamos trabajando para que las plantas se lleven a cabo de la forma más respetuosa posible para el territorio y la población.
Otra línea de crítica a las grandes instalaciones FV sobre suelo es que compiten con otros usos del terreno que también son importantes, como la agricultura, que es la clave de nuestra soberanía alimentaria...
Esa es una de las críticas más absurdas. Mi lema es: contra la demagogia, matemáticas. Vamos a ver: imaginemos que solo hubiera plantas en suelo; imaginemos que no hay autoconsumo. Y, además, imaginemos que toda la potencia que ha fijado el Gobierno como objetivo en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima [39.000 MW] decidimos instalarla precisamente sobre suelo agrícola. Bueno, pues, ¿sabes qué porcentaje de terreno agrícola necesitaríamos? El 0,25%. Seguiría quedando disponible el 99,75% del suelo de uso agrícola. ¿De verdad que la fotovoltaica va a poner en riesgo la soberanía alimentaria?
Hay asociaciones de agricultores sin embargo que denuncian que ciertos desarrollos fotovoltaicos están destruyendo empleo en el campo. Se han dado casos –explican– en que un propietario (terrateniente) acaba alquilándole sus tierras a la compañía promotora fotovoltaica recién llegada, y dejando fuera de juego así al agricultor local que llevaba toda su vida alquilándole al propietario esas tierras para cultivarlas.
Todo lo que tocas en el campo resulta complejo. Cuando el agricultor es el propietario del terreno no hay ningún problema. Un agricultor de secano en España obtiene una renta que está entre los 100 y los 400 euros por hectárea y año. Alquilando su terreno para una planta fotovoltaica obtiene entre 1.500 y 2.000 euros por hectárea. El agricultor propietario, el que labra sus propias tierras, no tiene duda: me ahorro el gasóil del tractor, me despreocupo de si llueve o no llueve, me olvido de la PAC... Así, seguramente, ganará en calidad de vida… y encima obtiene una renta muy importante, lo cual es bueno para él, y bueno para el pueblo, porque él va a poder invertir y gastar más dinero en su localidad.
El único perjudicado es el agricultor del caso que mencionas. Pero hay posibles soluciones. Planteamos a nuestras empresas que den prioridad a esa persona a la hora de contratar al personal fijo que va a necesitar la planta durante los próximos 25 ó 30 años. O plantear, si es viable, una planta bioagrovoltaica (en la que convivan agricultura y fotovoltaica) y que el agricultor hasta ayer arrendatario no pague alquiler de ninguna clase. En los casos de ganadería ya está sucediendo mucho: el pastor sigue allí y ahora sin tener que pagar por el pasto.
Si hay algo que no suscita duda alguna en UNEF a día de hoy es que hay que trabajar con las colectividades humanas locales, con las personas que viven en la zona. Hay que trabajar en la idea de que una planta tiene que ser codiseñada entre la población local, sus representantes elegidos y los promotores de la planta. Tiene que ser un matrimonio, un matrimonio que, si quiere durar (y tiene que durar) debe partir de la seducción y de una buena relación constante, y no de la imposición. Todo esto lo estamos trabajando a través del Certificado de Excelencia y desde la filosofía del diálogo y la intermediación.
De todos modos, digo yo que el sector también habrá hecho alguna cosa mal para que haya surgido esa oposición, ¿o no?
La existencia de puntos de conexión con capacidad disponible importante ha hecho que se concentren en ciertas áreas una cantidad de proyectos que para algunos puede resultar excesiva, pero este es un tema que debe dilucidar el estudio de impacto ambiental acumulativo y la voluntad de los municipios y los propietarios de los terrenos. De cualquier manera, cierto es que ha habido algunas empresas que han tenido un comportamiento inadecuado. Porque, por ejemplo, no han contado previamente con los propietarios, o con los ayuntamientos, y eso ha generado un malestar social. Seguro que nos hubiéramos evitado algunos casos de confrontación social con propietarios si no se hubiesen enterado del proyecto por el Boletín Oficial del Estado. Eso, efectivamente, es algo inadmisible. Nadie debería poder comenzar la tramitación de un proyecto si no ha hecho al menos un trabajo previo en el territorio y tiene ya los acuerdos con los propietarios.
Para evitar estos comportamientos hace ya dos años que pedimos al Ministerio que no se puedan solicitar puntos de conexión si no posees acuerdos con, al menos, el 75% de los propietarios de los terrenos en los cuales piensas construir la planta. Ahora, ante los futuros concursos de capacidad, estamos reiterando nuestra petición. Insisto: queremos que todo esto se haga desde el codiseño, desde la coparticipación. Porque es positivo para la biodiversidad, como decía, y es positivo socioeconómicamente. Los ingresos que le produce una planta fotovoltaica a un ayuntamiento suponen aproximadamente unos 6.000 euros por megavatio y año. A ayuntamientos pequeños esto les ha supuesto duplicar o triplicar su presupuesto. Y algunos de esos ayuntamientos están utilizando esos ingresos de forma muy inteligente: cogen ese dinero y no lo invierten en gasto corriente, sino que lo utilizan para solicitar fondos estructurales, con lo cual al final multiplican por cuatro esos fondos.
¿Para solicitar fondos europeos relacionados con otros asuntos?
Claro. Con cualquier otro tipo de proyecto. Así que esos fondos que les llegan a esos ayuntamientos desde la fotovoltaica están produciendo otras oportunidades económicas.
Bien, vamos a otro asunto: el sector por su parte se queja de la burocracia...
Sí, acabamos de presentarle al Ministerio un documento con una veintena de medidas para agilizar la tramitación administrativa. No para que sea más laxa, sino para hacerla más racional. Pedimos una mayor digitalización, una mayor conexión entre las administraciones autonómicas y la central, el que se puedan llevar a cabo procesos en paralelo…
¿Más en concreto?
Solicitamos una mayor dotación de personal cualificado y agilidad en la cobertura de plazas tras bajas y permisos. Un caso a señalar, por ejemplo, es el de los Jefes de Área de Energía e Industria en las diferentes provincias. En algunas incluso las plazas no están cubiertas. Otro cuello de botella: los informes del Ministerio de Defensa, las confederaciones hidrográficas, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias [ADIF] o la Agencia Española de Seguridad Aérea tienen unos plazos medios de 6–8 meses, pudiendo llegar a demorarse un año. Se están dando situaciones auténticamente kafkianas. Como que el Ministerio para la Transición Ecológica no te admita un expediente por faltar el informe de la confederación hidrográfica, que depende… del Ministerio para la Transición Ecológica. Lo que pedimos es que se aplique el silencio positivo. Se debería permitir que se siga tramitando el expediente sin esperar los informes de estos organismos, empleando declaraciones responsables. El Real Decreto–ley 23/2020 introdujo que el órgano competente debe aplicar silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta de los diferentes organismos. Sin embargo, los desarrolladores señalan que esto no se está aplicando, resultando en que se alarguen los procesos. Insisto: no se trata de hacer nada más laxo. Se trata de hacerlo racional.
Así las cosas, ¿se va a materializar el objetivo fotovoltaico –39.181 megavatios– que plantea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021–2030?
Estamos convencidos de ello. No solo de que los vamos a cumplir. También estamos convencidos de que sería conveniente que se elevasen, tal como está haciendo la Comisión Europea. Por la emergencia climática; por la soberanía energética; por los precios altos que nadie esperaba, pero que están aquí (y frente a los cuales la solar fotovoltaica es una respuesta clara, tanto desde el autoconsumo como desde las plantas); por el gran interés inversor que hay... No hay justificación para no elevar ese objetivo cuanto antes.
Han pasado diez años, de impuestos al Sol, recortes retroactivos, pandemias y, ahora, una guerra en suelo europeo. A pesar de todo, la fotovoltaica española goza hoy de una salud poco menos que envidiable. ¿Algún deseo de cara a futuro?
Que haya una fábrica de paneles en España. En este momento es fundamental. Hace un par de años te hubiera dicho que no era imprescindible en un escenario de un mundo globalizado. Pero ahora el mundo ha cambiado. Después del Covid, y con el conflicto con Ucrania, lo que hemos aprendido es que la globalización tiene sus límites. Se pueden dar escenarios distópicos, como los que estamos viviendo, en los cuales el flujo de bienes y servicios a nivel internacional se interrumpe. Así que tenemos que cambiar el concepto de geoestrategia por el de tecnoestrategia, y el concepto de reserva estratégica de petróleo por reserva estratégica tecnológica. Necesitamos tener toda la cadena de valor. No nos vale la fase de montaje. Hace falta todo. Para alcanzar la soberanía energética, la soberanía tecnológica, que al final es soberanía nacional, necesitamos desde el silicio hasta las células.
Actualmente soy presidente de la asociación mundial del sector solar fotovoltaico [Global Solar Council], y acabamos de tener una reunión con la asociación ucraniana, que es miembro de nuestra asociación, para ver cómo les podemos apoyar. ¿Y ellos qué nos piden? Baterías con paneles fotovoltaicos. En caso de conflicto, una central nuclear puede ser bombardeada. Y te quedas, como lo está buena parte de Ucrania, sin suministro eléctrico. Pues bien, con cientos de miles de pequeñas instalaciones fotovoltaicas no vas a poder acabar con el suministro. Estamos ante nuevos escenarios, y ante esos nuevos escenarios, una vez más, la respuesta es la energía fotovoltaica.
¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué necesita España para que se monte aquí una fábrica de paneles? Porque Sol… hay, y mercado… también.
Bueno, ciertamente es un reto muy ambicioso, pero necesario y posible. Las claves están en conseguir producir silicio de forma competitiva y en una cadena de suministro suficientemente variada que evite posicionamientos monopolísticos. Italia lo está afrontando. Enel ha recibido ayudas por valor de entre 250 y 400 millones de euros para hacer una fábrica de estas características. Más ejemplos: Francia tiene un proyecto similar, una fábrica de cinco gigavatios, con apoyo público. Yo aquí empalmaría con el concepto propuesto por Mariana Mazzucato en su obra El Estado Emprendedor. El Estado tiene un papel de líder, de movilizar. Lo hizo Kennedy, por ejemplo, con la carrera espacial estadounidense. Y ese papel del estado emprendedor, en este caso, nosotros creemos que puede hacerlo el estado español utilizando como aliciente los fondos Next Generation. Pero necesitamos un grupo de empresas que quieran dar un paso adelante en este sentido. Este es un proyecto país por el cual vale la pena luchar.
• Entrevista incluida en la edición de abril de la revista de papel Energías Renovables (ER 210)
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