El plan llevado a cabo por el Ejecutivo forma parte de la directiva europea que obliga a los Estados miembros a elaborar una estrategia de medidas que contribuyan a alcanzar los objetivos europeos de ahorro del 9% en 2016 y de 20% en 2020. Sin embargo, estas organizaciones se muestran convencidas de que España tiene un potencial de eficiencia mayor.
Entre otras cosas, este nuevo plan debería contemplar, según ellas, un cambio en la producción y el consumo energético, incorporar parámetros de ahorro y contención, e incentivar, de aquí al año 2050, un mayor desarrollo de la eficiencia energética, con lo que se conseguiría, además, aumentar simultáneamente el beneficio ambiental, económico y social del país.
Entre sus peticiones, las ONG destacan en un comunicado la necesidad de un objetivo vinculante y absoluto de al menos un 20% de reducción del consumo de energía para el año 2020 y que conlleve el establecimiento de las bases legislativas, económicas y sociales necesarias, así como el desarrollo de medidas estructurales para lograr un ahorro efectivo de energía.
Auditorias obligatorias
Se reclama también que no existen medidas normativas para evitar el derroche de energía por uso de sistemas de climatización y calefacción en algunos sectores como la hostelería y el comercio, así como la ausencia de obligación de auditorías energéticas en un sector como el industrial, que supone la segunda mayor demanda de energía final con un 30,2% del consumo total de España.
Estas entidades abogan por el establecimiento de resoluciones fiscales ambiciosas que permitan ver las ventajas económicas de las medidas de eficiencia y ahorro energético. Por ejemplo, la reforma del impuesto de circulación en base a las emisiones de CO2., la del impuesto sobre valor añadido para la aviación, así como el favorecimiento de la producción sostenible frente a la más contaminante. Y creen necesario la inclusión en el plan de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética que incorpore fondos de fuentes diferentes como por ejemplo los procedentes de la penalización a las empresas que no cumplen los objetivos de los planes de medidas obligatorias, que garantice las máximas inversiones privadas, que agrupe proyectos para hacerlos más atractivos a los inversores y que promueva la sensibilización, la información y la asistencia técnica a los proveedores y a los clientes potenciales.
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