A pesar del desánimo, la desazón y el cabreo que reina en el sector del biogás industrial en España tras la publicación del real decreto 1/2012 de suspensión de primas a nuevas instalaciones de origen renovable, queda un hilo de esperanza. “Si se aplica lo apuntado en el punto 3 del artículo 3 a todo el sector, no proyecto a proyecto, y se hace en menos de un mes se habrán salvado proyectos, inversiones y puestos de trabajo, si no, esto es el final”. Francisco Repullo, presidente de la Asociación Española de Biogás (Aebig), se refiere al apartado del real decreto en el que se habla de establecer regímenes económicos específicos para determinadas instalaciones, entre las que cita las de cogeneración, biomasa, biocarburantes y aquellas que empleen residuos agrícolas y ganaderos.
Óscar Bartomeu representa a una ingeniería, Biovec Medio Ambiente, y sufre el efecto de “las puertas en las narices”. “Tenemos una planta construida para Ecogeneración Cabanillas en Navarra y con el pre-registro presentado, pero no sabemos qué puede pasar”. Bartomeu considera que con esta medida “sí que hay una retroactividad clara con respecto a los proyectos de biomasa y especialmente de biogás”. Su indignación es notoria: “al tener el cupo muy lejos de llenarse y tener que poner un nuevo aval, que cuesta dinero, los promotores, inversores e ingenierías hemos avanzado en tramitación, compra de terrenos, pagos a compañías eléctricas por puntos de conexión, tramitaciones de permisos y, en el peor de los casos, obras empezadas”.
“A ver qué ayuntamiento o eléctrica te devuelve lo gastado en licencias y punto de conexión”
Según cálculos realizados desde Aebig, el número de plantas en proyecto en España ronda las 34, y de ellas 25 tenían muy avanzados todos los trámites e inversiones a los que obliga el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para poder entrar en el registro de pre-asignación. Cada instalación ha conllevado una inversión nunca por debajo de los 100.000 euros y en ocasiones por encima de los 200.000, en especial si se ha contratado con la compañía eléctrica el punto de conexión. “A ver qué ayuntamiento te devuelve ahora lo gastado en la licencia municipal y de obras y si las eléctricas hacen lo propio con el gasto de conexión”, claman los promotores.
En la actualidad, en España existen 16 plantas de biogás industrial y entre todas apenas llegan a los 9 MW, una ínfima cantidad comparada con los 210 MW asociados al biogás de vertederos y depuradoras. Las nuevas plantas proyectadas no suman más de 11 MW. Bartomeu recuerda algunas: “una en la Comunidad Valenciana, con todos los permisos, pagada una conexión a la red y con una subvención otorgada, que viene de Europa, y que ahora dudo que se pueda hacer la obra a tiempo para justificar la inversión; en Jerez de la Frontera, con todos los permisos, terreno comprado y pagado a la compañía eléctrica por punto de conexión; en Lleida, con todos los permisos, incluido el de obra civil; en Girona, con todos los permisos, terreno comprado y financiación aprobada; en Pontevedra, con la mayoría de equipos comprados; cuatro plantas de Sodemasa, propiedad del Gobierno de Aragón, en Zaidín, Capella, Valderrobles y Peñaroya, sin pre-asignación y prácticamente acabadas…”
“Los promotores perderán confianza en la seguridad jurídica de las renovables”
Francisco Repullo reconoce que “hay proyectos que se han salvado por estar ya en pre-asignación, pero es un número muy pequeño (en torno a cinco) comparado con los que había todavía en estudio”. Los promotores estaban a la espera de ver cómo se desarrollaba el nuevo PER 2011-2020 para actualizar los proyectos financieros. “Hay que tener en cuenta que la viabilidad está condicionada por la disponibilidad de materias primas –apunta Repullo–, y el coste de las mismas (de compra y logístico) es más o menos asequible según la remuneración del kWh”. Algunos hablan de ruina, de millones de euros tirados a la basura, y el presidente de Aebig sentencia que “nos tememos que el daño causado al sector sea en buena parte irreversible, ya que los promotores perderán confianza en la seguridad jurídica de las renovables”.
A pesar de todo, en el sector no desfallecen, y han solicitado varias reuniones con altos representantes de los ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente e Industria, Energía y Turismo para, además de hablar de los beneficios energéticos que se pierden con este real decreto, demostrarles también la merma en los campos ambiental y económico. “Evitamos el vertido incontrolado de residuos peligrosos, como los purines; los convertimos en fertilizantes de alta calidad; contribuimos al desarrollo rural; reducimos la emisión del peor gas de efecto invernadero, el metano; y ahorramos dinero al Gobierno en compras de derechos de emisión”, resume Repullo.
