Por provincias, los usuarios que más han solicitado e implantado calderas de biomasa para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción son los de Granada, con 2.490 instalaciones. A continuación aparecen las provincias de Jaén (2.043 instalaciones), Córdoba (1.702), Sevilla (1.664), Málaga (1.123), Almería (1.071), Cádiz (580) y, por último, Huelva, con 377 instalaciones subvencionadas.
480 millones de euros hasta 2014
Las ayudas forman parte del Programa de Subvenciones al Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía, más conocido como Programa A+, que cuenta con una dotación de 480 millones de euros hasta el año 2014 y que ya ha realizado inversiones en el sector doméstico por valor de 38 millones de euros desde su puesta en marcha en febrero de 2009. El acceso a las ayudas del Programa A+ se hace con un procedimiento telemático a través de las empresas colaboradoras de la Agencia Andaluza de la Energía.
Según señala la nota de prensa de Economía, “la incorporación de las energías renovables a los hogares andaluces ha experimentado un considerable incremento en el último bienio”. En concreto, y según datos de la misma consejería, el sector doméstico andaluz dispone en 2010 de 148.000 kilowatios (kW) más de potencia térmica instalada respecto a 2009 y casi 34.000 nuevos metros cuadrados de paneles solares térmicos (650.000 metros cuadrados en total), “gracias a lo cual se evitará la emisión de 84.000 toneladas anuales de gases de efecto invernadero a la atmósfera”, resaltan en la nota de prensa.
Reforma del Programa A+
Por otro lado, desde la consejería adelantan que las condiciones del Programa A+ han cambiado para dotarle de “mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos y calidad en los servicios a la ciudadanía”. El pasado 16 de diciembre entraron en vigor diversas modificaciones que, entre otras medidas, amplía el espectro de proyectos subvencionables a empresas del sector agroalimentario.
En la nota de prensa explican que “el procedimiento simplificado de tramitación de ayudas, hasta ahora sólo disponible para ciudadanos particulares, se amplía a todos los beneficiarios, a excepción de las grandes empresas, y se reducen los requisitos de acceso a los diferentes tipos de subvención, especialmente para las pyme”. También se introduce un capítulo de “programas específicos” destinado a proyectos con un público objetivo concreto al que acceder, según sus necesidades, de forma más directa.
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