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El carbón fue la primera fuente de electricidad en junio

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Lo dice el último Observatorio de la Electricidad de la organización ecologista WWF, ese boletín que recoge, cada mes, las magnitudes clave de la energía eléctrica en España. El Observatorio de junio revela además que el incremento de la aportación carbonera al mix eléctrico nacional se ha traducido en un ascenso del 6,06% en las emisiones de CO2, gas de efecto invernadero, desencadenante del cambio climático. WWF apuesta por luchar contra el cambio climático con "energías renovables, ahorro y eficiencia energética".
El carbón fue la primera fuente de electricidad en junio

WWF acaba de publicar su último Observatorio de la Electricidad, documento en el que destaca que el carbón ha sido el principal generador de energía eléctrica del mes de junio. "El balance eléctrico peninsular del mes de junio de 2015 -explican desde la oenegé- muestra una cobertura de la demanda del 26,8% con centrales térmicas de carbón, seguida de un 18,6% cubierto con energía nuclear, el 13,6% procedente de la energía eólica, el 10,3% procedente de la energía hidráulica, y el 9% generado con ciclos combinados de gas natural". El aporte del carbón en junio es muy superior al registrado en mayo (14,6%), lo que "provoca como consecuencia una grave afección a la calidad del aire por el aumento de las emisiones de CO2, SO2 [dióxido de azufre] y NOx [óxido de nitrógeno] y sus consecuencias sobre la salud de la población", según WWF. En el mes de junio de 2015 -concretan los ecologistas-, se ha producido un "aumento considerable" de las emisiones totales de CO2 respecto a las registradas en el mismo mes -junio- de 2014, pasando de 5.823.505 toneladas de CO2 hasta los 6.199.256 toneladas de CO2, "es decir, son un 6,06% superiores a las del mismo mes de 2014".

Cuestión de modelo
Contra el incremento de las emisiones, WWF propone "un modelo energético basado en energías renovables, ahorro y eficiencia energética". Además, la organización ecologista "exige al Gobierno que apueste por el autoconsumo energético y la generación distribuida, como herramienta clave para alcanzar un futuro sostenible y 100% renovable", y subraya que este cambio debe conllevar "también el abandono inmediato de las subvenciones a los combustibles fósiles". En ese sentido, WWF ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto de Autoconsumo que presentó hace unas semanas el Ejecutivo Rajoy. Con ello, la oenegé quiere expresar su rechazo a ese proyecto de RD. WWF considera que ese borrador de Real Decreto "no contempla las múltiples ventajas y beneficios que aporta el autoconsumo al sistema eléctrico", sino que, antes al contrario, desincentiva este tipo de instalaciones "al incluir medidas discriminatorias e injustas para los consumidores de estas tecnologías renovables".

El autoconsumo es viable
Según Raquel García, técnica de energía del Programa de Clima y Energía de WWF España, "el autoconsumo energético con energías renovables es viable tanto técnica como económicamente, contribuye a un cambio de modelo energético y permite el desarrollo de las ciudades inteligentes". Además -ha dicho Monzón-, el autoconsumo hace de los consumidores agentes más conscientes en lo que se refiere a la gestión de la electricidad, permite luchar contra la pobreza energética y democratiza el acceso a la energía. García Monzón ha añadido que "España no debe perder esta oportunidad de desarrollo tecnológico, competitividad, generación de empleo de calidad y empoderamiento de los ciudadanos con una normativa que pone trabas, cargos e impedimentos administrativos al uso de la energía del sol en nuestros hogares". WWF apuesta por el autoconsumo con balance neto, por la eliminación del cargo por “autoconsumir” energía propia que incluye el proyecto de RD y por permitir el almacenamiento energético con baterías

Alegaciones presentadas por WWF
«WWF considera que el autoconsumo eléctrico es un instrumento clave para reducir la dependencia energética exterior, generar energía eléctrica de forma respetuosa con el medio ambiente y descentralizada, incrementar la eficiencia energética, mejorar la competitividad de las empresas, crear empleo y fomentar la economía local. Mucho más cuando a día de hoy no requiere de ninguna subvención pública para desarrollarse en nuestro país. Por lo tanto, cualquier normativa reguladora del autoconsumo debería tener como principal objetivo favorecerlo.

Sin embargo, el Proyecto de Real Decreto de Autoconsumo que ahora se propone hace justamente lo contrario, desincentivando totalmente la práctica del autoconsumo en nuestro país y vulnerando las Directivas Europeas de Eficiencia Energética y de Fomento de las Energías Renovables. Esto es así, por ejemplo, porque se establece un procedimiento de autorización de instalaciones excesivamente gravoso, incluso para aquellas que nunca pueden verter a la red, o porque se impone un cargo por la energía autoconsumida (“impuesto al sol”) que resulta injusto, innecesario y discriminatorio: ¿cómo es posible que se pretenda que pague más “al sistema” alguien que ahorra energía instalándose unas placas fotovoltaicas en su tejado que quien simplemente se ha comprado un frigorífico más eficiente?. Dicho cargo, además, se incrementa si, para evitar vertidos de energía excedentaria a la red, se hace uso de baterías, lo que resulta inaceptable en la medida en que la utilización de estas conlleva un uso más eficiente de la red, motivo por el que en otros países su instalación está subvencionada.

Una norma que realmente quisiera fomentar el desarrollo del autoconsumo en España debiera regular adecuadamente los intercambios de energía con la red para minimizar el uso conjunto de baterías. En el caso de los consumidores domésticos, además, es crucial no considerar a estos autoconsumidores “empresarios” por una actividad cuya principal motivación es autoabastecerse de energía y que solo la ceden a la red coyunturalmente en momentos de exceso de sol para luego recuperarla por la noche. Muy al contrario, la propuesta de Real Decreto obliga a regalar los excedentes que pudieran producirse a la red, salvo que el consumidor esté dispuesto a ser tratado como un empresario, en cuyo caso se ve sometido a las mismas reglas e imposiciones que una gran central eléctrica, empezando por interminables obligaciones fiscales.

La propuesta de Real Decreto también prohíbe, sin justificación alguna, que aquellas personas que tengan una tarifa regulada, sea el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor o el bono social, puedan tener una instalación de autoconsumo. Esto implica impedir que el autoconsumo se convierta en una herramienta de lucha contra la pobreza energética, un problema que afecta a más de siete millones de personas en nuestro país y cuya solución debería ser prioritaria para el Gobierno.

Más sorprendente aún es que solo se prevea una pírrica exención temporal del impuesto al sol en las islas durante cuatro años. Es bien conocido que los cerca de 1.800 millones de euros anuales de sobrecostes de generación en los territorios no peninsulares se reparten en las facturas de electricidad de todos los españoles. Por ello, cada consumidor ubicado en éstos que decidiera autoabastecerse, aunque solo fuera parcialmente, no solo estaría consiguiendo un ahorro para sí mismo, sino que estaría induciendo un ahorro al resto de consumidores del país en la medida en que desplazaría a fuentes de energía muy caras y contaminantes. En las islas, por tanto, estaría plenamente justificado incluso pagar por autoconsumir, al menos temporalmente, en la medida en la resulta prioritario acelerar su implantación dado su efecto de reducción del importe de todas nuestras facturas de electricidad.

El autoconsumo y la mayor participación activa de los consumidores en el sector energético están reconocidos por la Comisión Europea como “el centro de la Unión Energética”. Este Proyecto de Real Decreto promete promoverlo pero, en la realidad, hace el autoabastecimiento energético inviable y se esfuerza en mantener el control absoluto de las grandes empresas eléctricas sobre el sistema.

Además, el texto del Proyecto de Real Decreto viola flagrantemente los principios de buen gobierno comunitarios del Libro Blanco sobre Gobernanza de 27 de julio de 2001, que exigen a los desarrollos normativos que garanticen transparencia, participación pública y rendimiento de cuentas. La complejidad del texto tiene el poder de acomplejar y con ello disuadir a los ciudadanos de ejercer su legítimo derecho.

En definitiva, WWF solicita que el actual borrador sea retirado, ya que es necesario iniciar un diálogo constructivo con los diferentes sectores afectados, empezando por los consumidores, que derive en una nueva propuesta de Real Decreto que promueva y facilite esta práctica en España bajo todo los grados de libertad, y con especial hincapié en hacer que todos los beneficios del autoconsumo puedan llegar al conjunto de la ciudadanía».

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