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Una historia sobre la urgencia, los 146 senadores y senadoras del Partido Popular y una mujer de nombre Rosa

Septiembre: el PP vota no en el Senado; noviembre: Rosa muere asfixiada

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El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó en el Senado, el pasado mes de septiembre, una moción "por la que se insta al Gobierno a implementar medidas de urgencia contra la pobreza energética". Los senadores y las senadoras del Partido Popular (146 de un total de 266, o sea, amplia mayoría absoluta) tumbaron la moción, o sea, que dijeron no. Rosa Pitarch (81 años) murió asfixiada hace unos días en su casa (Gas Natural Fenosa le cortó la luz por impago). A falta de electricidad, Rosa había comprado velas para alumbrarse, hubo un incendio por la noche, se levantó precipitadamente del colchón en llamas, intentó huir, cayó al suelo, no pudo ya levantarse, murió asfixiada. [Foto].
Septiembre: el PP vota no en el Senado; noviembre: Rosa muere asfixiada

Frases cortas sin adjetivos calificativos. Ni uno solo. Para que nadie pueda parapetar su conciencia (146) tras la coartada de la demagogia: "eso es demagogia...". No. No lo es. Son frases cortas y ni un solo adjetivo calificativo. Información en Modo Neto: 146 asientos, 266 decisiones, Gas Natural Fenosa, 81 años, Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Rosa.

Reproducimos a continuación el contenido del Boletín Oficial de las Cortes (Senado) del pasado 30 de septiembre de 2016. Dice así: "el Pleno del Senado, en su sesión número 2, celebrada el día 28 de septiembre de 2016, ha rechazado la moción número 9, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a implementar medidas de urgencia contra la pobreza energética". Este es el texto entero de la moción. 

I. Dar prioridad a la concepción de bien público de la energía estableciendo garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales a un precio justo.

II. Regular el sistema de suministros básicos del hogar para establecer tarifas progresivas que incentiven el ahorro, penalicen el consumo ineficiente con elementos de fiscalidad energética y consideren la renta como criterio principal a la hora de establecer precios sociales favorables para las familias en función de los ingresos económicos.

III. Legislar la prohibición de los cortes de suministros aplicando el principio de precaución, de manera que no puedan llevarse a cabo suspensiones de los mismos hasta que no existan informes previos emitidos por los servicios sociales competentes que determinen el grado de vulnerabilidad de las familias y su capacidad económica. Al mismo tiempo, incorporar la garantía de suministro en momentos críticos: se establecerá una tregua invernal.

IV. Ampliar el bono social para aquellos hogares en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, para quienes los suministros básicos de electricidad y gas se regularán mediante un sistema público de precio social. En todo momento existirá el derecho a unos consumos mínimos vitales en cómputo mensual, en función del número de miembros del hogar y de las estaciones del año. Su concesión se basará en la renta familiar a través de unos criterios claros, transparentes y homogéneos, y será válido tanto para domicilios de compra como de alquiler.

V. Responsabilizar a las empresas a la hora de garantizar un suministro mínimo, descuentos en las facturas y bonos sociales. El precio social no implicará un gasto presupuestario extraordinario para las administraciones públicas competentes y tampoco se podrá repercutir sobre las personas usuarias, corriendo a cargo de las compañías suministradoras de energía.

VI. Apoyar toda iniciativa que Comunidades Autónomas y Ayuntamientos desarrollen en esta dirección, y coordinar acciones contra la pobreza energética con las distintas administraciones, así como con asociaciones de consumidores, asociaciones ecologistas, entidades sociales, expertos y expertas en la materia y empresas suministradoras.

VII. Retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado respecto de varios preceptos de la Ley del Parlament de Catalunya 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética así como poner fin a la suspensión cautelar de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados invocada por el Gobierno.

VIII. Exigir a las empresas suministradoras una mayor y mejor información acerca de los conceptos incluidos en la factura, los servicios energéticos contratados, medidas de eficiencia energética y disponibilidad de bonos sociales. Publicar trimestralmente, por parte de las empresas suministradoras, información sobre el número de consumidores que no pueden abonar la factura, así como el número de consumidores que se ven afectados por cortes de suministro.

IX. Aplicar un tipo de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 4 % (primera necesidad) para el agua, el gas y la electricidad, para hacer frente a la pobreza energética. Para ello, se modificará la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, añadiendo un nuevo epígrafe al número 2 del apartado uno del artículo 91. Y para ello, se informará a la Comisión Europea, en aplicación del artículo 102 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

X. Realizar urgentemente una auditoría sobre el conjunto del sistema del sector eléctrico y sobre los costes reales del sector. La auditoría del sector eléctrico debe ser realizada por actores independientes y con acceso a todos los datos. A su vez, realizar una auditoría específica sobre el déficit de tarifa, su origen y su legitimidad.

XI. Recoger el cambio de política que inspira esta moción en una Ley estatal del Sector Eléctrico y trabajar en un plan de transición hacia un nuevo modelo energético que priorice la ecología, las energías renovables y el autoconsumo».

Tras la derrota en el Senado, Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha seguido trabajando en esta materia. Y, ayer, recabó el apoyo del PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco y el PDECat (la derecha nacionalista catalana) para presentar en el Pleno del Congreso un texto conjunto sobre la pobreza energética. Ayer, el Partido Popular, que no tiene mayoría absoluta en el Congreso, no pudo evitar que la moción llegue a pleno. Hoy será presentada en el Parlamento. Los grupos que la apoyan instarán al Gobierno a que prohíban a las empresas distribuidoras que le corten el suministro energético a personas en situación de vulnerabilidad sin antes dirigirse a los servicios sociales. Es decir, que -si finalmente es aprobada la medida-, Gas Natural Fenosa habrá de avisar a la Administración correspondiente antes de cortarle la luz a una anciana de 81 años. Aunque ya no se llame Rosa.

Sin adjetivos calificativos.

La senadora María Freixanet defiende en el Senado la moción contra la pobreza energética

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