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La rehabilitación energética de viviendas en España sigue en cifras ínfimas

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Cada año se deberían rehabilitar energéticamente 250.000 viviendas y apenas se llega a las 25.000, de acuerdo con un informe que acaba de presentar el Grupo de Trabajo por la Rehabilitación (GTR) en el Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2018). El informe alerta del grave desfase entre los compromisos de rehabilitación asumidos por España para luchar contra el cambio climático y la realidad de esta actividad en nuestro país.
La rehabilitación energética de viviendas en España sigue en cifras ínfimas

El GTR-Ciudades está formado por destacados expertos del sector de la edificación y coordinado por Green Building Council España y Fundación Conama. En el trabajo, el grupo aporta soluciones y apunta seis propuestas para un modelo apoyado en estrategias y planes locales de rehabilitación y que tienen al municipio como base.



De acuerdo con los autores, para dar un salto de escala que permita abordar este reto con garantías, el fomento de la rehabilitación debe convertirse en una política pública que ponga de acuerdo a las diferentes administraciones.

“Tenemos que reconocer que la rehabilitación de edificios en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente. Desde el sector público se ha considerado tradicionalmente que la rehabilitación es una actividad de interés privado, derivada del deber de conservación que la legislación vincula al de propiedad, y por el que se ha velado muy tímidamente desde las administraciones. El resultado está a la vista. El ritmo rehabilitador es muy escaso y de seguir así no podremos cumplir con los compromisos adquiridos con Europa”, ha manifestado Albert Cuchí, profesor titular en la Universidad Politécnica de Cataluña y autor en colaboración con otros miembros de GTR de este trabajo.



Además, el documento propone una nueva Estrategia de Rehabilitación que se impulse mediante un Plan Estatal de Rehabilitación dotado con recursos procedentes de los Ministerios de Fomento y de Transición Energética, con la participación de las CCAA y que tenga como objeto principal empoderar a los municipios para que estos, desde la proximidad y el conocimiento de la realidad urbana, impulsen procesos de rehabilitación energética apoyando a las comunidades de propietarios. 



Singularmente se propone incidir con más énfasis en los entornos más vulnerables económicamente. De esta manera no solo se evitarán emisiones de CO2, sino que además, se creará empleo en el sector verde y se luchará a su vez contra la pobreza energética y la segregación urbana, desctan desde GTR. “La falta de diagnóstico, desde el sector público, del estado del parque edificado, y de cómo están evolucionando esconden una punzante realidad de segregación urbana y un agravamiento del proceso de degradación de muchos barrios”, ha declarado Jordi Mas, jefe del Departamento de Regeneración Urbana del Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) del Ajuntament de Barcelona y otro de los coautores del trabajo.



El texto también sugiere que se supere la cultura de la subvención y que se impulsen otros instrumentos de apoyo a las comunidades de propietarios con mayor implicación del sector público en la planificación, gestión y financiación de los procesos rehabilitadores.  GTR-Ciudades defiende, asimismo, que la inversión pública arrastrará un volumen de inversión privada suficiente para que los retornos en forma de impuestos compensen el presupuesto público invertido inicialmente.

"Gracias a estas y otras medidas, se posibilitará el cumplimiento de los Compromisos Internacionales de lucha contra el cambio climático, la reducción de las desigualdades urbanas, la mejora de la salud y de la calidad de vida de la ciudadanía con viviendas más confortables y accesibles y la creación de empleo en un sector intensivo en mano de obra e imposible de deslocalizar", concluyen los autores del trabajo.







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