La Xunta se comprometió ayer a apoyar al comité de empresa de Alcoa San Cibrao en sus demandas "para que España cuente con un precio eléctrico estable que le permita competir en igualdad de condiciones que el resto de países europeos". Alcoa se queja de que, en otros países, a industrias como ella (con procesos productivos en los que la demanda de electricidad es muy elevada), las respectivas administraciones establecen medidas para que esas empresas paguen la electricidad a un precio menor que otros demandantes (el sector español se queja por ejemplo de que la industria electrointensiva alemana paga la electricidad un 30% más barata que la industria electrointensiva española, lo que perjudica la competitividad). Según el Ejecutivo regional, "la solución a las incertidumbres del conjunto de la industria electrointensiva está en las manos del Ejecutivo central, que tiene que asumir su responsabilidad y cumplir sus promesas de aprobar el estatuto del consumidor electrointensivo y de ampliar la compensación de los gastos indirectos de CO2".
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro gallego de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, consideran -informa el Gobierno regional- que el Ejecutivo central "tiene que asumir su responsabilidad y cumplir con su palabra para que el país cuente con un marco regulatorio estable que permita a Alcoa San Cibrao y al conjunto de las empresas electrointensivas competir en igualdad de condiciones que el resto de países europeos". La Xunta demanda del Gobierno central que (1) apruebe el estatuto del consumidor electrointensivo, incorporando las alegaciones que Galicia presentó en consenso con la industria; y (2) amplíe de 90 a 200 millones de euros la compensación de los gastos indirectos de CO2. Según el comunicado difundido por el Ejecutivo Feijóo, "la solución están en las manos del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de que reaccione y actúe depende no solo el futuro de Alcoa San Cibrao, sino también el del conjunto de la industria electrointensiva, de la que dependen 5.000 familias solo en Galicia".
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