El debate y votación ha coincidido en el Pleno con la convalidación del decreto ley que recorta de forma temporal, hasta el 31 de marzo, parte de los beneficios de las eléctricas por el encarecimiento del gas cuando no asumen dicho coste, aprobado el pasado septiembre, y que el Gobierno ha sacado adelante con las formaciones de izquierda de la Cámara. En el caso que ahora nos ocupa, el del CO2, se trata de un proyecto de ley remitido por el Gobierno el pasado mes de agosto para acabar de forma permanente con la sobrerretribución que reciben centrales que, pese a no tener que asumir el coste de los derechos de emisión de CO2, se benefician de unos ingresos cuando el precio de la electricidad se encarece por los mismos.
Mecanismo avalada por la justicia
Durante su defensa del proyecto, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recordado que una medida similar ya se aplicó entre 2006 y 2009 y, pese a ser recurrida judicialmente, fue avalada primero por la Justicia europea y después el Tribunal Supremo. Es más, dichos tribunales -ha explicado la ministra- llegaron a afirmar que el funcionamiento marginalista del mercado provoca "ganancias inmerecidas" en la medida en que se internalizan valores de los derechos de emisión y los repercute en el precio de la electricidad cuando, en realidad, son costes que no asume.
Con el respaldo del Consejo de Estado, Ribera ha señalado que la norma incorpora dos propuestas de este órgano: un precio mínimo de 20,7 euros por tonelada, coincidente con la cotización media de estos derechos, y adelanta a 2003 el momento a partir del cual las plantas quedan excluidas del recorte, pues entonces es cuando se publicó ese régimen de comercio.
La vicepresidenta ha señalado que la norma es conforme al derecho de la UE y con el criterio de rentabilidad razonable, y que el criterio marginalista del mercado "no quiere decir que no se puedan producir intervenciones, siempre que estén justificadas y no sean discriminatorias" como, a su juicio, es la planteada por el Gobierno en esta reforma.
El PP cree que se interviene donde no se puede o no se debe
El proyecto ha prosperado frente a la enmienda a la totalidad del PP, que cree que el Gobierno "interviene donde no puede o no debe", ya que considera que el recorte "genera potenciales distorsiones", tal y como ha señalado su diputado Diego Gago, que cree que el Ejecutivo debería haber emprendido "una negociación sincera" con las eléctricas para alcanzar "un marco de retribución estable a medio y largo plazo".
Sin embargo, varios grupos, e incluso la propia vicepresidenta, han recordado a los populares que ya presentaron una enmienda a una iniciativa legislativa "solicitando un mecanismo similar", reclamando el desarrollo de la "limitación de la sobrerretribución de tecnologías no emisoras de CO2".
Junto al PP -informa Europa Press-, Vox también había registrado una enmienda a la totalidad del proyecto, pidiendo en este caso su devolución, para tumbar la iniciativa. Sin embargo, esta formación retiró a los seis días su enmienda. En todo caso, su diputado José María Figaredo ha cargado contra este recorte de los beneficios de las eléctricas, considerando que supone "meter la mano en el bolsillo" a centrales más eficientes.
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