La industria española necesita cada vez más energía para fabricar sus productos, o sea, que necesita cada vez más dinero para producir. Greenpeace, WWF/Adena, Ecologistas en Acción, el sindicato Comisiones Obreras, Los Verdes e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Els Verds han presentado hoy una proposición de ley de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía cuyo objetivo es que España consuma cada vez menos energía y de forma cada vez más rentable.
Por eso, la proposición de ley incluye un "conjunto de medidas contundentes" para frenar el continuo crecimiento del consumo de energía en nuestro país y crear un marco legal que fomente "una cultura energética basada en el ahorro, el uso de tecnologías más eficientes y las fuentes de energía renovables".
Porque España está perdiendo eficiencia energética, depende fuertemente de los suministros exteriores de energía (tiene perdida la batalla de la independencia energética) y está perdiendo también la batalla económica, dada la fuerte escalada de los precios del petróleo, todo lo cual, apuntan los proponentes, "está perjudicando seriamente la competitividad de nuestra economía".
Así pues, la propuesta de ley establece un objetivo uniforme de ahorro en el consumo total de energía a nivel nacional de, al menos, un 1% anual en términos absolutos durante los primeros cinco años a partir de la entrada en vigor de la ley. Esta cifra debería ajustarse posteriormente para alcanzar una reducción mínima absoluta del 20% en 2020 con respecto a 2005.
Lo que hay que hacer es gestionar la demanda
Con el fin de alcanzar dicha meta, la proposición promueve, entre otras cosas, poner las auditorías energéticas al alcance de todos los usuarios finales, especialmente para las PYME, e introducir criterios de eficiencia energética en la planificación territorial y en la construcción y mantenimiento de los edificios.
Además, según los promotores de la proposición, "los precios y las tarifas eléctricas deberán establecerse de manera que reflejen los costes sociales y ambientales originados por las energías sucias". Asimismo, y entre otras cosas, la proposición pretende que se establezca "la obligatoriedad de utilizar sistemas de alumbrado público energéticamente eficientes y limitaciones de la intensidad lumínica a partir de determinadas horas de la noche".
Por otra parte, las administraciones públicas (estatales, autonómicas y locales) "deberán contar con un plan de ahorro y eficiencia energética en sus propias instalaciones que incluya el nombramiento de un gestor energético para su seguimiento, y considerarán criterios de ahorro y eficiencia energética y de preservación del medio ambiente en los pliegos de condiciones de los contratos públicos por obras, suministro o servicios".
Igualmente, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes elaborarán sus respectivos planes locales para conseguir una gestión energética local sostenible". Según el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, el objetivo que persiguen es que esta sea la primera norma que aprueba el Congreso en la próxima legislatura".
