La Fundación Renovables considera que el el Real Decreto-ley (RDL) 23/2020 que acaba de aprobar el Gobierno, RDL que propone un nuevo diseño de las subastas de renovables, va "en la buena dirección", pues abandona completamente el modelo de subasta que ideó el Ejecutivo Rajoy durante el bienio 2016 y 2017, un modelo muy criticado entonces por el sector, que denunció en su momento que ese modelo era extremada e inútilmente complejo, que discriminaba a los actores pequeños del sector, que no aprovechaba todo el potencial de reducción de precios de generación y que indujo especulación, entre otras cosas. Pues bien, ayer, la Fundación Renovables presentó su modelo de subasta, que enraíza y se sostiene sobre las principales conclusiones de la jornada de trabajo que la Fundación organizó el pasado 17 de junio "con la participación de los principales actores del sector energético español, y en la que se debatieron los principales criterios para el diseño propicio".
La FR, que considera como se dijo que el RDL 23 va en la buena dirección, señala no obstante que "es poco exigente con respecto a la posibilidad de mantenimiento de los derechos de acceso y conexión en iniciativas que no han alcanzado durante el tiempo transcurrido avance administrativo significativo". Los especuladores (y el propio Gobierno reconoce que un 60% del total de actores puede serlo) han solicitado todos los puntos de acceso y conexión que han podido porque saben que ese es un bien escaso (hay mucha potencia que quiere conectarse y no hay tantos puntos de acceso y conexión). Así -alerta la Fundación-, el acceso a red se ha convertido "en un bien escaso que limita la competitividad de las subastas". Y, así, es más difícil la introducción y participación de nuevos actores y pequeños proyectos en el escenario Subasta: "no podemos tener un diseño de subastas que previamente esté condicionado con respecto a los puntos de acceso y conexión" (según diversas fuentes, se ha llegado a pagar el punto de acceso a hasta 250.000 euros por megavatio).
La Fundación concluye
"Por todo ello -apuntan desde la Fundación-, una vez extraídas y extrapoladas las opiniones de los expertos y las conclusiones generales de la jornada, planteamos nuestra propuesta de subastas con 7 puntos, en línea con las que se están llevando a cabo en otros países del mundo y con los puntos en los que hay acuerdo común". Son estos.
• Deben responder a un ejercicio previo de planificación energética que sirva como guía para dar cumplimiento a unos objetivos vinculantes previamente establecidos, fruto de un debate político a largo plazo. Es necesario establecer períodos para la presentación de las ofertas y la realización de los proyectos para asegurar que los proyectos se llevan a cabo y la apertura de procedimientos para la continuidad de explotación de las instalaciones después de finalizar el período contractual.
• Subasta de energía por tecnología, con un precio finalista para cada propuesta según su oferta, es decir, abandono del marginalismo en la subasta. El uso de fórmulas marginalistas para la adjudicación hace que se pierda el criterio de competitividad en el desarrollo, provocando, como en las últimas subastas, que el volumen subastado final sea superior a la inicial. El mecanismo de adjudicación de la subasta debe ser mediante pay-as-bid (retribución del megavatio hora producido según oferta).
• El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico deberá ser el encargado de la gestión de las subastas, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que velará por que exista competencia en las mismas. A la hora de valorar las ofertas se deben tener en cuenta tres aspectos fundamentales, como son el coste, la seguridad de ejecución y la sostenibilidad o externalidades que dan valor al proyecto.
• Elementos adicionales que sirvan para adecuar su desarrollo, como, por ejemplo: exigir un desarrollo administrativo mínimo de los proyectos para poder acceder a la subasta y la obligatoriedad de la presentación de garantías por parte de los ofertantes con el fin de cubrir todos los elementos de riesgo.
• Es necesario establecer limitaciones de transmisión de derechos de instalaciones no finalizadas y establecimientos de gravámenes del valor para evitar la transmisión de actos administrativos. Así, se deben establecer requisitos y penalizaciones que impidan que se produzcan incumplimientos.
• La subasta debe contar con la incorporación de tramos para la generación distribuida y agentes específicos en función de factores geográficos: ciudades, asociaciones, zonas deprimidas o en reestructuración industrial como, por ejemplo, contrapartidas por el cierre de minería, centrales, zonas medioambientalmente a recuperar, etc.
• El precio no debe ser el único elemento que se debe considerar. Las energías renovables, por su carácter diversificado y distribuido, tienen beneficios inducidos que es necesario considerar en el establecimiento tanto de los parámetros de corrección de la oferta como en el establecimiento de bloques para apoyar los distintos conceptos.
La competitividad de las energías renovables para generar electricidad y la lucha contra el cambio climático ha abierto un doble compromiso en todos los países: la fijación de objetivos más ambiciosos de penetración de renovables y de reducción de emisiones en los distintos países de la Unión Europea y, por supuesto, disminuir el coste del kWh por la reducción de precios a través de la incorporación de generación renovable en el sistema eléctrico. La subasta es una herramienta eficiente y facilitadora para la consecución de esos objetivos.
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