El encuentro, presentado por Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, ha contado con ponentes como Javier García Breva, ex director general del IDAE; José Francisco Alenza, profesor y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Política de Navarra; Pere Guerra, responsable de Relaciones Internacionales de Anpier; Jörg Maye, director general BSW Solar; Antonio Sa Da Costa, presidente de la Asociación Portuguesa de Energías Renovables (Apren); Nina Skorupska, CEO de UK Renewable Energy Association (REA); Stelios Loumakis, presidente de la Asociación de productores fotovoltaicos helenos (SPEF); y Rafael Cruz, Chief Legal Officer Plenium Partners.
En 2020, el 20% del consumo será renovable
La jornada giró en torno a la importancia de las energías renovables en el sistema energético que se implantará en Europa en los próximos años, en línea con los objetivos marcados por la Unión Europea. En este sentido, los Objetivos 2020 establecen una cuota del 20% de renovables sobre el consumo total de energía que habrá que alcanzar en los próximos cinco años.
“Porque es la respuesta al cambio climático, porque mejoran la eficiencia energética, porque genera nuevos puestos de trabajo, por la mejora tecnológica, la energía fotovoltaica es el futuro”, aseguró Jörg Maye, director general BSW Solar.
“China y Japón han aumentado un 10% su inversión anual en fotovoltaica, lo que demuestra que están entendiendo esta tecnología como una necesidad y están siendo conscientes de los beneficios medioambientales y económicos que conlleva”, ha explicado Maye.
Las fuentes de energía limpia son las únicas que permitirían sentar las bases de un nuevo modelo energético eficiente, tanto en lo económico como en lo ambiental. España gasta más de 158 millones de euros al día para importar una energía que se podría generar con sol y viento. En total, la factura anual en combustibles fósiles asciende a 45.000 millones de euros.
Cada familia podría ahorrar una media de 406 euros anuales en el año 2030 con un sistema basado en renovables, según un informe de Greenpeace.
Seguridad jurídica para las 62.000 familias
La II Jornada Internacional de Anpier también ha servido para abordar la seguridad jurídica de los productores fotovoltaicos en los distintos países europeos. En el caso de España, más de 62.000 familias se han visto afectadas por recortes retroactivos en las primas de hasta el 50% que, según Miguel Ángel Martínez-Aroca, “podrían llegar a un 20% adicional si se mantiene el bono español. Un escenario que contrasta con la certidumbre jurídica que se ha defendido en otros países europeos”.
Estos recortes retroactivos dificultan el posicionamiento de nuestro país como referente en energías renovables y retrasan la solución de problemas como la pobreza energética, que afecta a más de 7 millones de personas en España (el 9,1% de los hogares), según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales.
Algo por lo que las empresas y familias europeas sí están apostando y que les ha permitido disponer ya de energía limpia a precios reducidos. Esta realidad ha sido, en parte, posible porque los cambios regulatorios en todos los países europeos no han tenido carácter retroactivo, incluso en Grecia a pesar de la situación de crisis que está atravesando, según han reconocido los representantes de otros países.
En ese sentido, Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (Iddri) de París, ha asegurado que “es necesario que se produzca una transición energética en España, gobierne quien gobierne y ocurra lo que ocurra. Y para ello, hay que gestionar la inercia y el cortoplacismo”.
En este cambio de modelo energético la energía fotovoltaica juega un papel fundamental. Según Javier García Breva, “la banca estima que la generación fotovoltaica se va a multiplicar por 10 y va a suponer el 10% de la generación total de energía en el mundo en el año 2030, con 100 millones de pequeños productores, y el 50% en el año 2050 gracias al autoconsumo con almacenamiento”.
Reducir la elevada dependencia energética, conservar la seguridad jurídica y mejorar la eficiencia energética en términos de costes son algunas de las razones que han apuntado los expertos por las que la energía fotovoltaica va a ir ganando peso en el mix energético en los próximos años en todo el mundo.
José Francisco Alenza, profesor y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Política de Navarra, ha explicado que países como Alemania, Italia o Japón han aplicado políticas de estímulo a las energías renovables. Sin embargo, en España la situación es diferente.
En la ciudad de Nueva York ya hay 150.000 instalaciones de autoconsumo y en Australia en los próximos 10 años el 50% de los hogares tendrán autoconsumo con almacenamiento, según García Breva.
Una tendencia imparable en muchos países que está encontrando muchas reticencias en España porque el autoconsumo obliga a cambiar el modelo de negocio eléctrico. “Más de 9.000 millones de personas de todo el mundo no pueden seguir viviendo en un modelo que no es viable. Apostar por el cambio es una necesidad. La temperatura del planeta no debería aumentar más de 2 grados y con el escenario de contaminación actual el escenario que se baraja es de 2,7 grados”, ha asegurado Teresa Ribera.
Las jornadas se han clausurado con la entrega del Premio al “I Concurso sobre el riesgo regulatorio en las energías renovables”. El premio ha sido concedido a las profesoras de la Universidad de Loyola de Andalucía, Pilar Navarro Rodríguez y Ana Mercedes López, por su investigación sobre la necesidad de que el Derecho Administrativo controle la regulación de los Estados en las renovables.
