Marcos J. Lacruz ha asegurado que se ha encontrado “con una nueva administración sensible a los problemas del sector y dispuesta a trabajar conjuntamente en el mes de agosto para conseguir sacar adelante una legislación que permita desarrollar instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en el menor plazo posible”.
“Lo que no hemos conseguido en dos años con la anterior administración tenemos muchas esperanzas de lograrlo en un plazo breve con ésta”, ha añadido el presidente de Avaesen. “Es una demanda ciudadana, de los consumidores, el poder producir su propia energía y abaratar su recibo de la luz”.
En un informe presentado al conseller Rafael Climent por el presidente de Avaesen se demuestra cómo otras comunidades sí han sabido desarrollar legislación sobre autoconsumo a nivel autonómico. Es el caso de la Región de Murcia.
La legislación autonómica debe partir de la creación de un registro administrativo de autoconsumo donde cada planta pueda inscribirse, algo que no sólo no supone coste económico para la Generalitat Valenciana, sino que le permitirá recaudar vía impuestos una cifra considerable en cuanto el sector pueda ponerse en marcha.
En estos momentos hay más de un centenar de instalaciones en la Comunidad Valenciana con todo lo necesario para su legalización en orden, a falta de que se pueda tramitar administrativamente. Desde Avaesen se estima que “existe un margen importante a nivel autonómico para legislar sobre el autoconsumo, a pesar de que la legislación nacional suponga un freno”.
Con los datos de la patronal valenciana de la energía, el desbloqueo del sector permitiría en la Comunidad Valenciana la creación de un valor adicional a la economía de 250 millones de euros anuales, la creación de cientos de puestos de trabajo, y un ahorro energético anual de 23 millones de euros.
