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Bruselas pidió el jueves pasado una reducción del consumo de gas del 15% en todos los países de la UE. Y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo inmediatamente que "España no apoya esta propuesta"; dijo, literalmente, que "nos resistiremos a la imposición de obligaciones que están por encima en términos de esfuerzo a lo que nos corresponde y a lo que se les pide a otros socios comunitarios"; dijo que "España ha hecho los deberes para garantizar la seguridad de suministro sobre una base diversificada" (en alusión -no los mencionó- a países muy dependientes del gas ruso); vino a decir que no tiene sentido que España reduzca ese 15% si ese 15% no le sirve a otras naciones para compensar los cortes de gas de Rusia (el ahorro español no podría ser trasvasado vía gasoducto porque España es casi una isla energética) y, por fin, le dio un tirón de orejas a la Comisión Europea ("España lleva dos décadas pidiendo que se cumplan las obligaciones de interconexiones"). ¿Conclusión? Bruselas va a debatir hoy buena parte de la agenda de Ribera.
Ribera impone su agenda en Bruselas

Los ministros de Energía de la Unión Europea se reunirán este martes para debatir la propuesta de la Comisión Europea de reducción de un 15% del consumo en todos los Estados, un planteamiento para el que solicitarán ciertas excepciones atendiendo a las circunstancias de cada país de la UE, tras las reticencias manifestadas por España, Portugal o Grecia. Los titulares de la cartera de Energía debatirán sobre la propuesta del Ejecutivo comunitario de la pasada semana de recortar un 15% su consumo de gas de forma voluntaria hasta finales de marzo, una reducción con respecto a la cual Bruselas quiere guardarse una prerrogativa: quiere reservarse la potestad de imponer ese -15% de forma obligatoria en caso de alerta para la seguridad de suministro. La partida sigue su curso, en todo caso, y, tras las reticencias expresadas por varios países, y lideradas por Ribera, el Consejo de Energía pretende abrir la puerta a que el objetivo de reducción del 15% contemple excepciones atendiendo a las circunstancias de algunos Estados miembro, circunstancias como la escasa interconexión de las islas (caso de Malta), el problema de sincronización de la red eléctrica de los países Bálticos (aún conectados a la infraestructura rusa) o la capacidad de almacenamiento de gas de cada Estado miembro.

Fuentes diplomáticas han explicado que no se trata de una maniobra de marcha atrás, y que la intención no es diluir ese 15%, sino atender a las especificidades de determinados Estados miembro, como las susodichas limitaciones geográficas y/o de interconexión. Las mismas fuentes reconocen sin embargo que la reducción del objetivo en ciertos países no implicará que deba ser compensada por otros.

La pasada semana, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, indicó que "no apoya" la propuesta de Bruselas al considerar el recorte del consumo de gas "un sacrificio desproporcionado", y argumentó que "a diferencia que otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético".

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (el pasado jueves): "somos solidarios, pero no se nos puede pedir un sacrificio desproporcionado. La situación de cada país es distinta, es el resultado de esfuerzos históricos realizados, pagados por los consumidores industriales y domésticos. Nuestra capacidad de almacenamiento está en torno al 80%. En el resto de Europa está en torno al 50. Gracias a las inversiones que hemos acometido durante los últimos 25 años disponemos de más de un tercio de la capacidad de regasificación y de almacenamiento de gas natural licuado en Europa. Hemos aplicado ya un plan invernal, anticipándonos a lo que viene a ser habitual. Hemos aprobado reservas estratégicas de llenado del gas natural hasta el 90% en noviembre de este año. Reducir de forma homogénea la demanda de gas sin tener en consideración cuál es el mix de cada cual (y el mix es una responsabilidad nacional de cada estado miembro, como también lo es la seguridad de aprovisionamiento) no es una medida neutra desde el punto de vista de los impactos"

"no es razonable es encontrarnos con una lista de deberes, ajustes, sobre los que no se nos ha consultado y que va probablemente más allá de lo que pudiera absorber la demanda europea (...). De nada serviría que los industriales españoles no pudieran consumir si ese gas no pudiera ser absorbido por los hogares de un tercer país, o por la industria de un mismo sector de otro país. No tendría ningún sentido. Acabaría siendo un gas que sería colocado en mercados internacionales a través de metaneros"

En esos términos se manifestaba el pasado jueves la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en comparecencia extraordinaria. Y, así, España va a poner sobre la mesa de Bruselas la interconexión gasística con Francia, que los niveles de almacenamiento de gas en el subsuelo se encuentran en niveles superiores a los de la media de la UE o que la capacidad de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) supone un tercio de la potencia de regasificación de la UE.

El rechazo explicitado de manera contundente por Ribera el mismo jueves ha ido ganando partidarios -Portugal, Polonia, Grecia o Hungría- y ha acabado fijando pues la agenda de hoy en Bruselas. En este marco, la propuesta de regulación del Ejecutivo comunitario deberá ser respaldada por una mayoría cualificada en el Consejo para salir adelante, lo que supone el apoyo de 15 Estados miembro que representen al menos el 65% de la población de la UE.

En un paso más, los Veintisiete intercambiarán puntos de vista sobre si es la Comisión Europea la que debe declarar la "alerta europea", contando con el respaldo de una mayoría cualificada del Consejo representada por 15 países de la UE, como plantea la comunicación de la semana pasada, o si debe ser la iniciativa del Consejo, con un mínimo de cinco Estados miembro, la que debe promover la declaración de "alerta europea", como plantean los Veintisiete.

Además, los ministros de Energía analizarán cómo mejorar la protección de consumidores vulnerables, como los hogares, los centros sanitarios, educativos o de seguridad, las medidas para asegurar el suministro energético y la solidaridad entre Estados miembro.

A propuesta de Grecia, los titulares de la cartera de Energía abordarán el establecimiento de límites al precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad y la reforma del mercado eléctrico.

Además, el ministro de Energía de Ucrania, German Galushchenko, participará en la reunión de forma presencial para abordar la manera en que se podría reforzar la seguridad energética en los mercados de electricidad y gas en el país.

La pasada semana, el Ejecutivo comunitario pidió a los países de la Unión Europea recortar un 15% su consumo de gas de forma voluntaria entre el 1 de agosto de este año y el 31 de marzo del presente ejercicio para conseguir una reducción de 45.000 millones de metros cúbicos de gas para garantizar el suministro.

Además, Bruselas quiere poder imponer de forma obligatoria en caso de alerta para la seguridad de suministro y que trata de esquivar el "chantaje" ruso en relación al gas, algo que requeriría el respaldo del Consejo por mayoría cualificada, en caso de escasez o de una demanda excepcionalmente alta.

Recogemos en esta pieza todas las claves de la comparecencia del pasado jueves de la ministra: "Pase lo que pase las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni cortes de luz en sus casas" 

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