Avangrid, filial de Iberdrola en Estados Unidos, ha comunicado a la Securities Exchange Commission el acuerdo alcanzado con PNM Resources para ampliar hasta el 20 de abril de 2023 el vencimiento del contrato de fusión suscrito por ambas empresas. El acuerdo -informa Iberdrobla- es prorrogable por un periodo de tres meses.
Asimismo, las dos compañías han decidido presentar ante el Tribunal Supremo de Nuevo México un recurso de apelación contra la resolución de la New Mexico Public Regulation Commission (NMPRC), de fecha 9 de diciembre de 2021, por la que rechaza el acuerdo de voluntades firmado entre Avangrid, PNM, algunas de sus filiales y ciertas terceras partes presentado en el marco de la operación de fusión entre PNM y Avangrid. Iberdrola, Avangrid y PNM inician así la defensa de sus intereses al considerar que la decisión tomada por la NMPRC es "injusta".
En este sentido, cabe destacar que la operación, amistosa y recomendada por el consejo de administración de PNM Resources, contaba con el respaldo de los grupos de interés y había recibido el visto bueno de distintos organismos de carácter estatal y federal durante el proceso de autorización del proyecto de fusión que ha durado más de un año. Durante 2021, Iberdrola informa de que la fusión recibió la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de Texas y de cinco agencias federales, a saber: Federal Energy Regulatory Commission (FERC), Hart-Scott-Rodino Clearance (HSR), Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), Federal Communications Commission (FCC) y Nuclear Regulatory Commission (NRC), por lo que sólo queda la aprobación de la NMPRC.
El proyecto rechazado suponía más de 300 millones de dólares en beneficios para los clientes y las comunidades de Nuevo México e incluía salvaguardias para garantizar el control local de las operaciones de los servicios públicos y la calidad del servicio para los clientes de Nuevo México. Además, contaba con el apoyo de las partes participantes en el proceso, entre las que se encontraban el fiscal general de Nuevo México, el sindicato International Brotherhood of Electrical Workers Local 611, organizaciones defensoras del medio ambiente y organizaciones que representan los intereses de las comunidades tribales. En total, 23 de las 24 partes intervinientes apoyaron o no se opusieron al acuerdo. Las compañías afectadas disponen ahora de un plazo de 30 días para presentar alegaciones y exponer los argumentos de apelación en contra de la decisión de la NMPRC. No existe un plazo legal para que el Tribunal Supremo de Nuevo México se pronuncie.
