Las sanciones previstas por la ley oscilan entre uno y tres años de suspensión de empleo y sueldo para cada uno de los funcionarios al entender que han incumplido la Ley de Incompatibilidades. La sanción se sustenta en que habrían desempeñado su labor como funcionario público al mismo tiempo que otras actividades prohibidas por la Ley de Incompatibilidades, en este caso relacionadas con empresas de energía solar. El tiempo de la suspensión estará en función de la gravedad de la falta cometida. La pena impuesta a nueve de los funcionarios se conocerá en breve, la sanción para el décimo tardará un poco más porque su expediente se comenzó a tramitar después.
El Consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio Santiago-Juárez, ha confirmado que existe una propuesta de resolución que contempla la suspensión de empleo y sueldo por un período de uno a tres años.
Las sanciones afectarán a dos secretarios territoriales, tres jefes de servicio y cinco técnicos. La Junta de Castila y León ha asegurado a Energías Renovables “que no hay ningún alto cargo implicado” en la trama. De esta manera, se exime de responsabilidad política a altos cargos, al mismo tiempo que se afirma la legalidad de las autorizaciones para la instalación de plantas de energía solar fotovoltaica en Castilla y León. La Junta siempre ha rechazado que se haya detectado trato de favor o irregularidades en la tramitación administrativa por parte de los funcionarios investigados relacionada con su participación en empresas del sector.
La actuación del gobierno autonómico en este caso viene siendo denunciada por el partido socialista desde hace meses. La semana pasada, el secretario general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Jorge Félix Alonso, denunciaba que la Junta de Castilla y León desea “cerrar en falso” la llamada “trama solar” que vinculaba a altos cargos de la administración autonómica y a propietarios de plantas solares fotovoltaicas en la comunidad. El pasado mes de agosto los socialistas afirmaban que “en esta supuesta trama de corrupción podrían haberse dado las circunstancias de información privilegiada, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios».
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