“Que se demore la entrada en vigor del real decreto”. Es una de las principales demandas que mantiene en pie de guerra a asociaciones profesionales agrarias y ganaderas de toda España, con manifestaciones en varios puntos que puede convertirse en una unificada en Madrid. El motivo: la nueva normativa que les obliga a mejorar la dispersión de purines y estiércoles en cultivos.
La importante industria porcina española, compuesta por 28 millones de cerdos y 90.000 explotaciones, genera cada año 50 millones de toneladas de purines, un residuo altamente contaminante de suelos y acuíferos si no recibe un tratamiento adecuado y/o se esparce de manera correcta en los cultivos.
Dicho tratamiento siempre ha ocasionado quebraderos de cabeza para el sector y para los gobiernos estatal y autonómicos, de ahí el real decreto de finales del año pasado destinado a la aplicación en España de la Política Agrícola Común, que mantiene soliviantados a los agricultores y que impone nuevas medidas para poder acceder a las ayudas y contribuir a mejorar el medio ambiente.
Una correcta aplicación de purines y estiércoles
Desechada la cogeneración y relegadas las plantas de biogás a proyectos testimoniales, por escasos, debido a la supresión de las primas a nuevas instalaciones, el Gobierno modifica el real decreto 1078/2014 que establece las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos y determinadas primas anuales de desarrollo rural.
Por un lado, expone que “la aplicación de purín en las superficies agrícolas no podrá realizarse mediante sistemas de plato o abanico ni cañones, pudiendo las comunidades autónomas establecer excepciones, atendiendo a las características específicas de las superficies afectadas”, debiendo quedar debidamente justificadas.
En cuanto a los estiércoles sólidos, “deberán enterrarse después de su aplicación en el menor plazo de tiempo posible”. Igualmente, aquí “se podrán exceptuar de esta obligación, si la comunidad autónoma así lo establece, los tipos de cultivo mediante siembra directa o mínimo laboreo, los pastos y cultivos permanentes y cuando la aportación del estiércol sólido se realice en cobertera con el cultivo ya instalado”.
Gastos imposibles de asumir por agricultores y ganaderos
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Asturias (UCA-UPA) movilizó el pasado viernes a 1.500 ganaderos en Oviedo para reclamar al Gobierno que retire directamente este contenido del real decreto. “Se trata de una norma imposible de cumplir para los pequeños productores por su alto coste y que les penaliza cuando, precisamente, son los más respetuosos con el medio ambiente”.
Días antes, desde la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) afirmaban que “es imposible que los agricultores puedan adaptarse a las nuevas exigencias establecidas en la normativa porque supondría una inversión de más de 150.000 euros por explotación para poder inyectar los purines. Los agricultores no disponen de la maquinaría necesaria para enterrar el purín, y en ocasiones su tractor no es lo suficientemente potente y deberán comprar uno nuevo”.
Un problema que no mengua
Es un episodio más de la complicada gestión de unos residuos que, como denunciaba en julio del pasado año Igualdad Animal, “son causantes de un grave y creciente problema medioambiental y de salud pública por contaminación de agua potable por nitratos”.
Las ventajas de su tratamiento a través de la digestión anaerobia para la producción de biogás es que el digerido o digestato resultante se convierte en un biofertilizante con un alto grado de concentración de nutrientes y menor carga contaminante.
