Cuando hace un par de semanas se preguntaba a los productores de biodiésel y a APPA Biocarburantes si la paralización de la orden ministerial para el fomento del producto español frente a las importaciones de Argentina e Indonesia no se debía a la oposición de las compañías petrolíferas, la contestación era la misma una y otra vez. “No es ese el problema”, afirmaban, y remitían al informe aprobado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) para constatarlo. Lo cierto es que la Unión de Petroleros Independientes (UPI) ha recordado que ellos sí están en contra.
Las empresas de UPI representan una cuota de mercado conjunta que no llega al 9%, pero recuerdan lo que textualmente comentaban en el informe de la CNE sobre el proyecto de orden ministerial: “el sistema de cuotas supone una restricción de las fuentes de aprovisionamiento que redundaría en una menor seguridad de abastecimiento energético, además de no contribuir a la independencia energética, previendo asimismo subidas de los precios del biodiésel”. En una nota de prensa difundida recientemente constatan que dicha subida sería de hasta 24,5 céntimos €/litro.
CLH cuestiona la independencia energética que otorga la orden
Solo sus homólogos europeos, la Union Pétrolière Européenne Indépendante muestran una oposición tan clara a la orden ministerial, aunque la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) desliza también su cuestionamiento a la independencia energética. En el informe de la CNE sostiene que “es de prever que se sustituirán las importaciones de biodiésel por importaciones de aceites de palma, soja o colza que servirán de materias primas para la fabricación de éste, y que probablemente procederán de los mismos países de origen del biodiésel actual, en cuyo caso, no se percibirá mejora sensible en la independencia energética”.
La cuota principal de mercado de gasolinas y gasóleos en España corresponde a los socios de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que sin manifestar su oposición frontal a la orden pone condiciones a su puesta en marcha, además de solicitar restricciones y sanciones a las plantas que incumplan un suministro continuo y fiable. Pide también que se exija el documento acreditativo del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad del biodiésel, y que el biodiésel objeto de cuota compute para los objetivos obligatorios únicamente una vez transcurrido un periodo de 6 meses desde la publicación en el BOE de la orden, “debido a la necesidad de renegociación de los contratos de suministro”.
“Expectativas sobredimensionadas y fomentadas con ayudas públicas”
De vuelta a la oposición frontal de UPI, estos afirman que “la actual situación deficitaria de la industria española del biodiesel es fruto, no solamente de las llamadas importaciones desleales, sino de inversiones realizadas sobre la base de expectativas sobredimensionadas y fomentadas con ayudas públicas que han supuesto y siguen suponiendo enormes costes para todos los ciudadanos”. Cuestionan también el funcionamiento de sistemas similares en otros países: “el italiano ha desaparecido, el francés está en regresión, el belga ha sido cuestionado ante los tribunales y el portugués está sometido a la fijación periódica de un precio máximo”.
Desde UPI recuerdan también que el informe de la CNE incluye una serie de condiciones para la puesta en práctica de la orden. En concreto, en el apartado de conclusiones, este organismo reconoce que “la implantación de un procedimiento de asignación de cantidades de producción como el que se propone debe quedar supeditada a una adecuada y precisa regulación y a una eficaz supervisión para evitar las consecuencias que sobre el nivel de competencia y precios podría, teóricamente al menos, llevar aparejadas”.
Más información:
www.cne.es
www.upi-oil.es
