La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, introduce la figura de las comunidades de energías renovables (CER) en el sector energético. Las CER son entidades jurídicas participadas por personas físicas, pymes (pequeñas y medianas empresas) o autoridades locales situadas en las proximidades de los proyectos de energías renovables y cuya finalidad primordial es proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales, en lugar de ganancias financieras.
Por otro lado, la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, introduce otra figura de nueva creación, las denominadas comunidades ciudadanas de energía (CCE), que configuran un vehículo de participación ciudadana en aspectos relativos al acceso a la red en condiciones de no discriminación y de participación en los mercados de electricidad gestionando los activos de generación que puedan tener asociadas.
Pues bien, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó la semana pasada el "proyecto de real decreto por el que se desarrollan las figuras de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía". Este proyecto de RD pretende incorporar al ordenamiento jurídico nacional los principios reguladores de estas comunidades energéticas, dando así cumplimiento parcial al mandato de transposición fijado en las citadas disposiciones comunitarias, e introduciendo un marco adecuado que proporcione seguridad jurídica, prevea la identificación y eliminación de barreras y contemple las medidas necesarias para su desarrollo. El borrador en todo caso llega con mucho retraso, pues las directivas susodichas debían haberse traspuesto hace ya muchos meses. La Directiva 2018/2001, por ejemplo, debía haberse traspuesto hace ya casi dos años (Bruselas ya le ha dado un aviso a España sobre el particular).
Qué dice el borrador
El Ministerio establece en ese proyecto de RD que las comunidades energéticas puedan acceder al Régimen Económico de Energías Renovables y a las subastas periódicas con las que se otorga esta retribución regulada. Las subastas, de hecho -añade el Ministerio-, considerarán las particularidades de las comunidades para que puedan competir con otros participantes e incluirán cupos de potencia específicos para ellas. Adicionalmente, se liberará un 5% de la capacidad en los nudos de la red eléctrica reservados para celebrar concursos de acceso y conexión, que podrá otorgarse por orden de prelación a las nuevas instalaciones de generación que formen parte de una comunidad energética, al objeto de garantizar la evacuación de su producción.
A mitad de camino
Pues bien, Amigos de la Tierra ha difundido un comunicado hoy (de valoración preliminar de ese proyecto de RD) en el que celebra la publicación del borrador por el que se desarrollan las figuras de comunidades de energías renovables (CER) y las comunidades ciudadanas de energía (CEC), pero en el que lamenta que el texto se quede "a mitad de camino a la hora de impulsar las comunidades energéticas".
Vanessa Álvarez, responsable de Justicia climática y energía de la asociación: “el proyecto de RD no garantiza la participación real y efectiva de la ciudadanía, como sería de esperar el elemento central de una regulación para este tipo de figura. El momento en el que nos encontramos, con la crisis climática y energética, es crítico, y la apuesta por la energía comunitaria y las comunidades energéticas es más urgente que nunca. Además, el presupuesto asignado hasta ahora, de unos 100 millones, para la puesta en marcha del programa CE-Implementa por parte del IDAE, es totalmente insuficiente para avanzar en una transición energética ecológica y justa. Es evidente que la ambición de este documento en todos los sentidos debería ser mayor”
Distribución
Amigos de la Tierra observa "un pequeño avance" en la definición de los fines de las comunidades energéticas: deben tener como propósito principal "brindar beneficios ambientales, económicos o sociales a las personas miembro o comunidades locales, en lugar de ganancias financieras". Sin embargo -alertan desde la organización ecologista-, al hablar de su objetivo (“producir, consumir, almacenar, compartir y vender energías renovables, en particular, mediante contratos de compra de electricidad renovable”), el Ministerio ha dejado fuera de su borrador la distribución y la gestión de la energía, "cuando estas actividades son indispensables para alcanzar la soberanía energética ciudadana y para acabar -recalcan desde Amigos de la Tierra- con la mala praxis del oligopolio, tal y como estamos viendo con los obstáculos en la conexión a la red de los proyectos de energía comunitaria impulsados por la ciudadanía".
El borrador no especifica cómo
Otra crítica que le hace la organización ecologista al texto es que solo menciona "de forma superficial" a las personas que se encuentran en situación de precariedad, algo absolutamente insuficiente, según Amigos de la Tierra, ante el aumento de la pobreza energética, agravada en los últimos años con el covid19 y el incremento de las facturas de los suministros. La oenegé ve con buenos ojos que el Ministerio haya recogido en su texto el principio de que la energía comunitaria puede "ayudar a combatir la pobreza energética a través de la reducción del consumo y de tarifas de suministro más bajas" y destaca también el hecho de que el borrador recoja que "la participación en las comunidades de energías renovables será accesible a todos los consumidores, incluidos los de hogares con ingresos bajos o vulnerables", pero Amigos de la Tierra lamenta que no se especifiquen "cómo, desde las administraciones públicas, se asegurará, motivará y posibilitará dicha participación".
Según la organización ecologista, hacer frente a la precariedad energética de cada vez más personas y hogares "debe ser una prioridad del Gobierno que no puede recaer en las comunidades energéticas, más aún, cuando no hay partidas presupuestarias ni mecanismos o herramientas específicas para abordar dicha problemática".
Amigos de la Tierra, junto a la Coalición por la Energía Comunitaria, que reúne a decenas de comunidades energéticas, organizaciones de la sociedad civil, personal docente e investigador y otros actores, solicitó al Gobierno una transposición ambiciosa de la directiva el pasado mes de junio, pero -lamenta la oenegé- no se han dado pasos en esa dirección aún.
En los próximos días, esta oenegé ecologista presentará alegaciones al proyecto de Real Decreto, junto a la Coalición por la Energía Comunitaria, e insta al Gobierno a tenerlas en cuenta "si de verdad quiere impulsar una transición energética justa a la altura de los retos sociales y ambientales que afrontamos en la actualidad y sin dejar a nadie atrás".
