Greenpeace ha examinado el nivel de cumplimiento de los cinco partidos con respecto a 15 puntos específicos: apoyo a renovables, fracking (fractura hidráulica para buscar gas natural) y prospecciones, uso del carbón, reducción de emisiones, apoyo a la pesca sostenible y agricultura ecológica o protección de bosques. La organización ecologista también valora los programas en lo que se refiere a cuestiones relativas a derechos sociales y de defensa del medio ambiente, como la Ley Mordaza y el Tratado Internacional sobre Comercio (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), o la postura ante la derogación de polémicas leyes ambientales aprobadas en solitario por el Partido Popular con fuerte oposición social, como el denominado impuesto al Sol o la reforma de la ley de costas.
Podemos y Unidad Popular
Pues bien, tras la valoración realizada por Greenpeace, llevada a cabo comparando las propuestas electorales de cada partido con las demandas presentadas por la organización en el Decálogo de Compromisos ambientales, los ecologistas concluyen que Podemos y Unidad Popular son los partidos con mayor cumplimiento de las 15 demandas de Greenpeace, con un total de 11 y 10 puntos cumplidos respectivamente. En el caso de Podemos, Greenpeace echa en falta un posicionamiento sobre la prohibición de las prospecciones petrolíferas, así como más concreción en las medidas de apoyo a la pesca sostenible, y objetivos concretos de reducción de emisiones para 2050. Podemos es sin embargo el único partido que apuesta por convertir el derecho a un medio ambiente seguro como un derecho fundamental a través de la modificación del artículo 53 en la Constitución, y también apuesta firmemente por las energías renovables y el abandono progresivo de la nuclear y el carbón.
Las minas de carbón
Unidad Popular, por su parte, falla en su falta de compromiso con el abandono progresivo del uso del carbón y la reducción de emisiones de CO2 a largo plazo, si bien en su programa apuestan por el cierre nuclear, la prohibición de las prospecciones y el fracking, y hay una apuesta firme por la pesca sostenible y la agricultura ecológica. En las antípodas, el Partido Popular es el que tiene un programa electoral peor valorado en materia medioambiental, ya que incumplen totalmente trece de las quince demandas de Greenpeace, siguiendo así la línea de sus cuatro años de Gobierno, en los que el medio ambiente ha sufrido un grave retroceso ambiental, que ha sido fuertemente criticado por organizaciones ecologistas y la propia sociedad civil.
PSOE, Ciudadanos...
El Partido Socialista y Ciudadanos cumplen cinco y tres de las demandas de Greenpeace respectivamente, si bien ambos partidos abordan más asuntos en los que su nivel de cumplimiento es parcial, sin alcanzar el nivel de concreción o ambición que demanda Greenpeace. El PSOE falla en su falta de crítica al TTIP y tampoco plantea la derogación de la Ley de Costas, lo cual es incomprensible, ya que llegó recurrir la Ley ante el Constitucional y aseguró que la derogaría al llegar al Gobierno. No hace frente al problema de las emisiones de las térmicas de carbón ni parece que vaya a modificar su política permisiva con los cultivos transgénicos. Más positivas son sus propuestas de derogar la “Ley Mordaza” y el “Impuesto al Sol”, el abandono de las nucleares, la prohibición del fracking o su apuesta por la agricultura ecológica. Ciudadanos tampoco muestra oposición firme al TTIP ni se compromete a derogar la “Ley Mordaza”, defiende los cultivos transgénicos y no habla de derogación de la polémica Ley de Costas. No se posiciona frente a la energía nuclear ni las prospecciones petrolíferas, aunque muestra apoyo al desarrollo de las renovables y el autoconsumo.
Los ecologistas quieren que el medio ambiente sea protagonista
Según el portavoz de Greenpeace, Julio Barea, "con este análisis, Greenpeace ha dado hoy un paso más para que la protección del medio ambiente gane protagonismo en la campaña y que la ciudadanía pueda conocer las implicaciones medioambientales de sus votos cuando acudan a las urnas". En la próxima legislatura -ha añadido Barea-, el Gobierno "debe ponerse del lado de la sociedad, que ya se está movilizando y apostando por alternativas para luchar contra la contaminación y el cambio climático, y demandar políticas social y ambientalmente sostenibles”.
