Hacienda no colaborará para tapar el boquete que el déficit de tarifa le está haciendo al sector eléctrico. Y todo el mundo se ha echado las manos a la cabeza, no sólo por el lamentable espectáculo de descoordinación y desautorización entre ministros y ministerios, sino porque habrá que sacar de otro sitio los 3.600 millones que, al parecer, estaban previstos. Si José Manuel Soria, ministro de Industria, quería repartir el coste entre tres –las empresas del sector, los consumidores de electricidad y la Administración–, ya sólo quedan dos: las empresas y los consumidores.
En la última hornada de una reforma eléctrica que ya es cansina, a las empresas, de acuerdo con las previsiones, les correspondían 2.700 millones, a repartir al cincuenta por ciento entre actividades y fuentes tradicionales, por un lado, y entre renovables y cogeneración, por otro. Todavía nadie sabe cuánto más tendrán que soportar las empresas en este y en los próximos ejercicios, pero seguro que será demasiado, por mucho que Soria haya dicho –increíblemente– que no hay motivo de preocupación.
Respecto a los consumidores… Quizá no lo noten tanto. No ya porque Luis de Guindos, el ministro de Economía, haya dicho –increíblemente– que los consumidores no van a pagar el déficit de tarifa, sino porque lo iban a costear de todos modos, pero como contribuyentes. Cuando Soria dice, eufemísticamente, que pagará la Administración, quiere decir que también pagarán los de siempre, pero desde otro bolsillo.
Ahora bien, eso de meter la mano en un bolsillo o en otro tiene sus consecuencias. Precisamente aquí es donde puede haber una buena noticia para las renovables por dos razones:
La primera, porque podía ser ilegal. Que la luz se pagase con los Presupuestos Generales del Estado contraviene la normativa comunitaria: la parte más importante de los 3.600 millones que Hacienda le niega a Industria corresponde a un crédito de 2.200 millones destinado a sufragar parte de las primas renovables, algo que la Comisión Europea ha rechazado en el pasado, y que seguramente volvería a rechazar, porque lo consideraría una ayuda de Estado a las energías limpias.
¿Qué hubiera ocurrido si Bruselas tumba el crédito tras aplicar el lento procedimiento burocrático correspondiente? Pues que estaríamos en la misma situación que ahora, buscando fondos de otros sitios para cuadrar las cuentas, pero quizá sólo las cuentas de las renovables, que eran las que se cuadraban con el crédito.
Y la segunda razón responde a la inseguridad que hubiera supuesto para las energías limpias el depender de la negociación anual de los Presupuestos para encajar sus cuentas, algo muy peligroso en un país cuya Ley electoral facilita la formación de coaliciones parlamentarias para gobernar. Aunque el crédito, en principio, debía servir para este ejercicio 2013, no está nada claro que la reforma de Soria permitiese al sistema eléctrico obtener ingresos suficientes para no tener que volver a recurrir a Hacienda.
Las primas son, obviamente, un coste de generación y no tiene sentido que se paguen con los Presupuestos. Otra cosa ocurre con otras partidas del sistema eléctrico, como la interrumpibilidad –una subvención encubierta a la gran industria– o el coste de los sistemas no peninsulares, que responde a la solidaridad territorial. Lo lógico es que la luz la costeen exclusivamente los consumidores de luz. E igualmente lógico es que tenga un precio real que dé señales reales a los consumidores. Así que déjese en el recibo de la electricidad lo que deba pagarse y sáquese de él lo que no se deba.
