Llegó el parto, y cómo suele suceder en estos casos después de tantos amagos, la montaña parió un ratón. Tras un enunciado y exposición de motivos que pasarán a la historia como una de las mayores muestras de cinismo e incoherencia política, Industria y Hacienda –¿olvidado el rifirrafe veraniego?– rubrican un proyecto de ley que, como ha señalado la Fundación Renovables, no resuelve ninguno de los problemas que tiene planteada la “sostenibilidad energética” a la que se hace referencia en el enunciado de la norma. El contenido del proyecto de ley no responde ni a su título ni a la literatura de la exposición de motivos en la que se usan palabras, conceptos e ideas que pierden todo su valor, que se prostituyen por el articulado de la norma.
No, no puede decirse que se pretenda “un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente”, no puede hablarse de “preservar nuestro rico patrimonio ambiental” y a continuación, en el título I de la Ley, gravar a todas las tecnologías de producción eléctrica con el mismo tipo sin distinguir entre las que emiten gases de efecto invernadero o generan residuos radioactivos para el resto de los tiempos y las tecnologías que usan recursos naturales y renovables y con unos impactos mínimos respecto a las anteriores, aunque posteriormente se graven tímidamente el uso de carbón y gas para la generación eléctrica. No, no puede hablarse de sostenibilidad en materia energética y no decir ni una palabra de ahorro y eficiencia.
Hipócrita es también el reconocimiento de que “la generación de electricidad mediante la energía nuclear supone la asunción por parte de la sociedad de una serie de cargas y servidumbres” cuando lo redacta un Gobierno que se ha quedado desnudo en su defensa de esta obsoleta tecnología en la que no creen ya ni sus propietarios cuando se paran cinco minutos para hacer las cuentas de las inversiones que deben realizar para ampliar la vida de Garoña.
No, no puede aludirse a la implantación del “céntimo verde” y dejar fuera las gasolinas y gasóleos que están en el origen de la mayor parte de nuestras emisiones. El “céntimo verde” que proponía la Fundación Renovables en junio de 2010 tiene como objetivo fundamental implicar al sector del transporte en la penetración de las energías renovables y si no puede hacerlo por incremento de los biocombustibles (por razones que merecen un análisis aparte) debe hacerlo asumiendo parte del coste del esfuerzo que sí está haciendo el sector eléctrico. El objetivo del 20 por ciento de renovables para el 2020 lo es para el conjunto del sector energético y el transporte no puede seguir mirando para otro lado.
Lamentablemente el debate energético de este país sigue centrado en el sector eléctrico, un sector que requiere desde luego cambios profundos y radicales que este proyecto de ley ni siquiera apunta, pero no podemos olvidar que la electricidad es solo una tercera parte de nuestro sistema energético y que el uso de gasolinas y gasóleos en los que los españoles nos gastamos tanto o más dinero que en el recibo de la luz requiere tanta atención como el oscuro sistema de formación de precios en el mercado eléctrico. No debemos olvidarnos tampoco que la mayor parte del parque de viviendas
de nuestro país son un auténtico sumidero en el consumo de energía en las que se despilfarran calor y frío mientras sigue pendiente la trasposición de la directiva de eficiencia energética de edificios.
Sí, seguro que las petroleras se han ido de fiesta después de leer que un proyecto de ley que habla de la sostenibilidad del sistema energético pasa de largo sobre su negocio. Ellos seguirán vendiendo la gasolina más cara de Europa antes de impuestos, seguirán subiendo los precios al día siguiente de un incremento del precio del barril y seguirán tardando semanas en aplicar la bajada cuando esta se produzca en la cotización del crudo; es lo que vienen haciendo desde hace décadas y nadie les tose.
