La organización ecologista ha difundido un comunicado de valoración del acuerdo alcanzado por la Comisión Europea y los gobiernos de España y Portugal, acuerdo que plantea un tope al precio del gas (para generación de electricidad) de cincuenta euros por megavatio hora (el acuerdo plantea ese techo -50 €/MWh- para el precio medio en el mercado mayorista en el lapso de los próximos doce meses). Greenpeace advierte en todo caso que el acuerdo "no aborda los problemas estructurales del mercado eléctrico". Entre ellos, la oenegé ecologista detaca la dependencia del sistema energético nacional del gas natural y la incapacidad del mercado eléctrico "tanto de expulsar a las energías contaminantes por sí solo como de remunerar adecuadamente un sistema 100% renovable". A estos elementos -añaden desde Greenpeace- se suma que el acuerdo alcanzado con Bruselas no aborda la concentración de poder del mercado eléctrico en pocas empresas, especialmente de aquellas que controlan las centrales que suelen fijar el precio del mercado mayorista (gas e hidráulica).

El acuerdo alcanzado prevé, previsiblemente, topar el precio medio del gas en el mercado eléctrico mayorista en 50 euros por megavatio hora (MWh) durante los próximos 12 meses. La medida está pensada para ayudar a reducir el importe de la factura eléctrica de los consumidores acogidos a la tarifa regulada (el denominado PVPC). En todo caso -matizan los ecologistas-, es esencial conocer quién pagará y de qué manera la diferencia de precio que se prevé haya entre el precio tope (50) y el precio real (ahora mismo por encima de los 80). Los detalles del acuerdo aún están por concretar (ayer mismo la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmaba que están trabajando en ello ambos gobiernos y la Comisión Europea y que probablemente la medida sea aprobada en el Consejo de Ministros del próximo 10 de mayo). Fuentes del Gobierno han plantado la idea estos últimos días de que serían los consumidores vía factura los que compensarían esa diferencia (la que habrá entre el precio al que las eléctricas compran el gas y el precio tope).

Y ahí Greenpeace recuerda que esta medida "no puede acabar siendo una nueva subvención al gas fósil ni una medida para mantener el enriquecimiento ilícito de las eléctricas a costa del dinero público o de las personas usuarias, especialmente de las más vulnerables".

María Prado, portavoz de Greenpeace: “la oportunidad que se ha generado de debate público en torno al precio de la luz es absolutamente única y tenemos que aprovecharla como sociedad. Es el momento para exigir cambios reales y estructurales que nos permitan diseñar y participar en un mercado energético dominado históricamente por 5 empresas del oligopolio energético que han especulado, abusado de beneficios políticos y legales y que se han enriquecido a costa de empobrecer a la sociedad y contaminar el planeta. La energía es un servicio básico e instrumental para demasiados derechos fundamentales (salud, alimentación, educación, etcétera) y con graves impactos sobre el clima como para que no sea tratada desde la justicia social y ambiental”

Greenpeace entiende que "es obligación de todos los gobiernos y los reguladores facilitar el debate ciudadano sobre cómo diseñar un mercado eléctrico capaz de poner en el epicentro del sistema al planeta y a las personas, y llevarlo a una nueva normativa".

La organización ya envió recientemente a la ministra Teresa Ribera una batería de propuestas para revertir la subida de precios derivada de la dependencia de los combustibles fósiles y agravada por la guerra de Putin y para proteger a la población más vulnerable.

Greenpeace recuerda que es urgente emprender "una reforma del mercado eléctrico yendo ḿas allá de medidas cortoplacistas y revisar las políticas de formación de los precios de la electricidad para desvincularlos del precio del gas y, al mismo tiempo, prepararlos para la elevada penetración de energías renovables que necesitamos". La oenegé ecologista aboga así por precios que reflejen "el coste real y el valor de su producción, trasladándolo a un precio justo para las personas usuarias, de manera que estas se beneficien del abaratamiento y estabilidad de precios que aportan las energías renovables". En este sentido, Greenpeace propone un mercado eléctrico dual en el que energías renovables variables y la flexibilidad se negocian de forma separada, debido a que cada una de ellas es de distinta naturaleza (en cuanto a costes de capital y marginal) y ofrecen servicios muy diferentes al sistema eléctrico.

María Prado, portavoz de Greenpeace: "a falta de conocer el detalle, alcance y articulación del mecanismo propuesto, la medida demuestra que sí se puede actuar sobre un mercado eléctrico disfuncional que vincula el precio de la electricidad al precio del gas. No obstante, este es todavía un tímido avance, temporal e insuficiente, que no aborda la verdadera y necesaria reforma: una profunda reforma del mercado eléctrico que aporte transparencia y justicia social, ambiental y económica para que el precio resultante recoja los costes reales de cada tecnología y remunere a cada una según el valor que aportan, incluyendo los costes y valores ambientales. Bien diseñada, esa reforma debe ayudar a acabar con la dependencia del gas y viabilizar una rápida transición hacia un sistema 100% renovable, participado también por la ciudadanía, basado en la eficiencia y ahorro”

Además, Greenpeace pide, como primer paso urgente para dar respuesta inmediata a la escalada de precios, vincular el precio de la electricidad para las personas vulnerables (PVPC) a la compra de electricidad renovable a largo plazo, más barata que el gas (vía subasta).

Por otro lado, la organización pide al Gobierno (1) romper el oligopolio eléctrico y su poder sobre el mercado eléctrico (las empresas del oligopolio controlan la casi totalidad de las centrales de generación que suelen fijar el precio de la luz, hidráulica y gas); y (2) le pide además al Ejecutivo un plan de inversión a gran escala para la descarbonización de los hogares para 2035 "basado en el autoconsumo fotovoltaico individual y colectivo, el cambio masivo de calderas de gas por sistemas renovables y una inversión sin precedentes en ahorro y eficiencia energética en viviendas y edificios".