panorama

La transición energética española corre el riesgo de varar en los juzgados

0
El Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto-ley que elimina la participación ciudadana de la tramitación de los parques solares y eólicos. ¿Objetivo? Acelerar la transición energética. Los ecologistas sin embargo creen que ello no solo erosiona los derechos de los afectados por esos proyectos sino que, además, podría ser contraproducente, y que, antes que acelerar, podría acabar ralentizando esa transición "a base de demandas en los tribunales". El nuevo procedimiento sobre la autorización de instalación de energías renovables está incluido en un Real Decreto-ley (RDL) que ya ha sido publicado en el BOE y que el Congreso va a debatir en los próximos días. [Foto: Greenpeace].
La transición energética española corre el riesgo de varar en los juzgados

Las cinco grandes organizaciones del ecologismo nacional han emitido un comunicado conjunto en el que alertan al Gobierno sobre la posibilidad de que la transición energética española quede varada en los juzgados si insiste en mantener los recortes a la participación ciudadana en las tramitaciones de los parques solares y eólicos. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF advierten de que la medida incluida por el Gobierno ese RDL, que pretende acelerar el despliegue de nueva potencia renovable, puede tener un efecto contrario a lo que pretende: "en lugar de acelerar el proceso para que España tenga un sistema eléctrico 100% renovable, es probable que ralentice el despliegue renovable a base de demandas en los tribunales, erosionando la participación y la aceptación social de la necesaria transición energética, y todo ello -añaden las oenegés-, mientras se expone a numerosas especies amenazadas y espacios de alto valor ecológico a un riesgo innecesario y sin precedentes".

Las organizaciones ecologistas apremian por eso, "al Gobierno de España y a los partidos políticos con representación parlamentaria", a retirar esta medida y mantener el actual sistema, que restringe esta "vía rápida de tramitación ambiental" a proyectos ubicados, y solo a los ubicados, en zonas de baja sensibilidad ambiental, "cuya definición -matizan en todo caso- debe, además, mejorarse".

Las oenegés firmantes del comunicado insisten en alertar sobre esa posible "judicialización", pero también recalcan que el recorte a la participación de la ciudadanía en esos procedimientos administrativos podría (1) poner en riesgo la protección de la biodiversidad y las políticas de desarrollo rural y (2) fomentar "el desapego y el rechazo social al despliegue renovable especialmente en las comunidades rurales, retrasando la urgente y necesaria transición energética", una transición que el G5 ecologista considera "debe sustentarse en una planificación en positivo de energías renovables responsables, tanto social como ecológicamente".

La pelota, en el tejado del Congreso
La medida que se someterá a convalidación en el Congreso -explican los ecologistas- amplía de facto la "vía rápida de tramitación ambiental" a cualquier proyecto renovable, con independencia de su tamaño o de si se ubica en un espacio con altos valores ecológicos o relevante para especies amenazadas, aunque sí excluye aquellos ubicados en espacios protegidos legalmente (excepto las reservas de la biosfera) o en el mar. Y será de aplicación para todos los proyectos que tramite el Gobierno (aquellos superiores a cincuenta megavatios, es decir, los más grandes), pero la norma habilita a las Comunidades Autónomas a aplicarlo en sus respectivos territorios. Las cinco oenegés alertan ponen en duda la efectividad de la medida "e, incluso, su ajuste a la normativa europea e internacional".

En primer lugar, porque acorta significativamente los plazos de tramitación ambiental para los proyectos de mayor tamaño que, precisamente por ser más grandes y cubrir más superficie, tienen en general más riesgo de generar impactos críticos contra el medio ambiente. Además, como es probable que no todas las comunidades autónomas adopten esta vía rápida (de hecho -concretan en su comunicado-, apenas 6 han adoptado la actual "vía rápida restringida a zonas de baja sensibilidad ambiental" y solo 5 de ellas tienen mapas de sensibilidad ambiental actualizados y publicados). Así todo -advierten-, se dará la paradoja de que proyectos más pequeños, incluso algunos vinculados a comunidades energéticas locales, tengan un procedimiento ambiental mucho más exigente y dilatado en el tiempo que proyectos de más de 50 MW.

Difícil encaje en Europa
En segundo lugar, el G5 ecologista sostienen sin ambages que exceptuar de manera tan amplia a los proyectos renovables de una tramitación ambiental ordinaria tiene "difícil encaje con lo que establece la Directiva que regula los trámites de impacto ambiental en toda la Unión Europea".

Excluir -dicen- la participación de la ciudadanía en el proceso ambiental "no tiene fácil acomodo con el Convenio de Aarhus, un tratado internacional suscrito por España sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente".

Más aún: a escala estatal -añaden las 5 oenegés-, la medida tampoco parece guardar coherencia con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, en su artículo 21.2, señala que “para garantizar que las nuevas instalaciones de producción energética a partir de las fuentes de energía renovable no producen un impacto severo sobre la biodiversidad y otros valores naturales, se establecerá una zonificación que identifique zonas de sensibilidad y exclusión por su importancia para la biodiversidad, conectividad y provisión de servicios ecosistémicos, así como sobre otros valores ambientales”.

El artículo, además, mandata que el Gobierno de España, en coordinación con las comunidades autónomas, vele “para que el despliegue de los proyectos de energías renovables se lleve a cabo, preferentemente, en emplazamientos con menor impacto”.

Incoherente
En tercer lugar, los ecologistas califican esta medida de "incoherente con lo que la propia UE ha pedido a los Estados miembros para acelerar el despliegue renovable frente a la crisis energética que ha provocado la guerra en Ucrania".

La Unión Europea -señalan las firmantes del comunicado- ha pedido a los países que definan "zonas de acceso prioritario para el despliegue renovable, es decir, aquellos espacios que son preferentes porque su ubicación tiene menos impacto en la naturaleza".

«La medida que el Ejecutivo español quiere aprobar parece declarar como zona preferente todo el territorio que no cuenta con alguna figura de protección ambiental, lo cual, además, choca especialmente con el trabajo que ya había hecho el Gobierno al aprobar una zonificación en función de su sensibilidad ambiental respecto a los proyectos eólicos y fotovoltaicos»

Solo diez días
En cuarto lugar -añaden las oenegés-, la medida puede situar a las funcionarias y funcionarios de los departamentos encargados de analizar ambientalmente los proyectos en una situación de indefensión, dado que se convierten en el único agente que vela por el cumplimiento de la normativa y cuentan con tan solo diez días para analizar toda la documentación aportada por el promotor sobre el potencial impacto ambiental de su proyecto.

Y en quinto lugar, la nueva normativa habilita solo 10 días para que formulen observaciones los responsables de medio ambiente, principalmente de las comunidades autónomas, al tener las competencias de conservación de la naturaleza. "En el caso de que no puedan contestar, se considera como aceptación a la misma, lo que quiere decir -alertan los ecologistas- que los órganos de la administración que disponen de la información ambiental más actualizada no participarán en el proceso, o bien, lo harán de forma precipitada".

De facto -recalcan las cinco oenegés más importantes del escenario nacional-, supone que "el proceso de evaluación de impacto desaparece y se convierte en una evaluación del estudio de impacto que proporciona el promotor".

La propuesta
WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra concluyen su comunicado explicitando su clara apuesta por las renovables, que consideran deben sustituir "de forma urgente" a las energías fósiles y a la nuclear, pero señalan otro camino, que pasaría por dos hitos inexcusables

«(1) dotar de mayores recursos a los departamentos que se encargan de la evaluación ambiental y la ordenación y zonificación territorial y (2) planificar un despliegue ordenado y vinculante que priorice los proyectos más cercanos a donde se consume, esto es, facilitar el desarrollo de renovables en zonas de baja sensibilidad ambiental priorizando las zonas degradadas (por ejemplo, las fuertemente antropizadas, las industriales, las ocupadas por infraestructuras, etc.); y, como ya había decidido el Gobierno, sobre aquellas zonas que se han identificado como de bajo impacto ambiental»

Poner en peligro el marco normativo europeo que vela por la protección de la biodiversidad será, según los ecologistas- "contraproducente para abordar la crisis ambiental, para la que el Gobierno aprobó una declaración ante la emergencia climática y ambiental en la que se incluía como uno de los ejes de acción el fortalecer las sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y reconocimiento de servicios ambientales, el impulso de las oportunidades de la transición energética y las energías renovables para generar nuevo empleo verde, acción contra el cambio climático que la sociedad española demanda y necesita".

Añadir un comentario
¡Suscríbete!
Baterías con premio en la gran feria europea del almacenamiento de energía
El jurado de la feria ees (la gran feria europea de las baterías y los sistemas acumuladores de energía) ya ha seleccionado los productos y soluciones innovadoras que aspiran, como finalistas, al gran premio ees 2021. Independientemente de cuál o cuáles sean las candidaturas ganadoras, la sola inclusión en este exquisito grupo VIP constituye todo un éxito para las empresas. A continuación, los diez finalistas 2021 de los ees Award (ees es una de las cuatro ferias que integran el gran evento anual europeo del sector de la energía, The smarter E).