"Finalmente la presión ha surtido efecto. Tras más de un mes de campaña, hemos conseguido que la Ministra Teresa Ribera ceda en sus primeras intenciones e impulse una nueva moratoria de cortes de suministros mientras se encuentre en vigor el actual estado de alarma", señalan desde Ecologistas en Acción. La medida de protección abarca el horizonte temporal del actual estado de alarma, prorrogado hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021 por el Real Decreto 956/2020.
Ecologistas en Acción, Aliazna contra la Pobreza Energética y Red Agua Púbiica, entre otras organizaciones, critican, sin embargo, varios de los elementos recogidos en el RD. El primerose encuentra en la definición de consumidor vulnerable del Real Decreto 897/2017, que obliga a las familias a estar acogidas al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), es decir, a tener su suministro eléctrico en el llamado mercado regulado, cuando hasta un 30,4% de los españoles desconocen la existencia del bono social.
"Este grado de desconocimiento viene asociado a que, según datos de la CNMC, en 2019 un 62% de los puntos de suministro (muchos de ellos de familias vulnerables) tenían contratada una tarifa en el mercado libre. Estos datos corroboran una situación que vemos cotidianamente en nuestras asambleas e intervenciones directas con personas afectadas: muchas familias vulnerables se encuentran aún en mercado libre y no disponen de bono social. Estas familias no estarían protegidas frente al corte", alertan.
Destacan, asimismo, que la protección general sólo incluiría a aquellas familias que cumplen con los requisitos históricos del bono social (artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017), pero no a los nuevos beneficiarios afectados por la crisis de la COVID–19 (artículo 28 del Real Decreto-ley 11/2020). En estos casos, sólo evitarían el corte aquellos hogares con menores de 16 años, personas con discapacidad o dependientes.
Otro problema es, según las ONGs, que no queda claro si para acceder a la protección las familias deben disponer del bono social eléctrico en vigor o basta con cumplir con los requisitos, teniendo en cuenta que se menciona que éstas deben presentar la última factura eléctrica en la cual se contemple que son beneficiarias del bono social para evitar el corte de gas o agua. Asimismo el apartado tercero parte de estas mismas premisas, solo se dirige a aquéllas que no puedan “acreditar la titularidad del contrato de suministro”.
"¿Qué ocurre con las personas que cumplen los requisitos, tienen el contrato a su nombre, pero no disponen de bono social? A nuestro entender, existen dudas sobre si estarían protegidas del corte antes de acceder a los descuentos del bono social, un trámite que puede demorarse durante meses, sin tener en cuenta el desconocimiento antes mencionado", indican.
Un tercer problema deriva de la disposición adicional, por la que se establece que la familia es quien debe acreditar su situación ante la compañía (o los Servicios Sociales o entidades sociales en el caso de que el contrato no esté a su nombre). "Creemos que, una vez más, situar la responsabilidad en las familias, y no en las entidades suministradoras, es un error", aseguran. Tampoco se incluye referencia alguna a quien asumirá el coste de las facturas que las familias no puedan pagar, ¿generará esto un endeudamiento más en esas mismas familias?.
Nueva campaña
Las entidades sociales han acordado iniciar una nueva campaña para hacer llegar sus propuestas al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El pasado 19 de noviembre ya se reunieron con la Ministra Ribera, la Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y sus equipos para proponer tres medidas que consideran claves:
• Principio de precaución que obligue a las compañías a preguntar a los Servicios Sociales sobre la situación de la familia antes de cualquier corte y a garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
• Redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los tres suministros e incremente los límites de renta, para responder a la realidad social de la ciudadanía.
• Periodo de carencia sin cortes en todo el ámbito doméstico mientras las anteriores medidas no se implementen.
Estas propuestas están apoyadas por diez grupos políticos* con representación parlamentaria, que firmaron un manifiesto abogando por la implementación de estas medidas y urgiendo al Gobierno a proteger de forma integral las familias que padecen la pobreza energética.
"En plena pandemia es necesario garantizar el acceso a la energía y el derecho humano al agua. Exigimos medidas de choque con mayor cobertura para hacer frente al escenario actual, pero también la adopción de iniciativas legislativas y cambios estructurales que dejen de considerar los suministros básicos como meros servicios mercantiles para considerarlos auténticos derechos exigibles"
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Desde Ecologistas en Acción indican que este análisis se basa en el texto filtrado a los medios de comunicación y las informaciones publicadas por el mismo ministerio, a la espera de su publicación definitiva en el BOE, prevista para mañana y que analizarán con detalle para ver si deben hacer alguna matización.
* Los grupos políticos que apoyan las propuestas de las ONGs son: Unidas Podemos; Esquerra Republicana de Catalunya; Junts per Catalunya; En Comú Podem; Euskal Herri Bildu; Más País-Equo; Cup-Per la ruptura; Nueva Canarias-Coalición Canaria; Bloque Nacionbalista Galego; y Més Compromís.
