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Tribuna de Carme García Lores, experta en planes estratégicos municipales de transición energética

La emergencia climática y la transición energética en la agenda política local

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La celebración de la COP25 en Madrid ha permitido mostrar el compromiso de España en la lucha contra el calentamiento global, y ha supuesto una buena ocasión para recordar el papel clave de los municipios en la implantación de la Transición energética renovable (TER). Queremos aprovechar estas líneas para trazar algunos apuntes sobre que ha pasado en este 2019 en temas energéticos que afectan a los municipios y algunas perspectivas de futuro para la recién inaugurada legislatura local. Por Carmen García Lores.
La emergencia climática y la transición energética en la agenda política local

Desde un punto de vista legislativo y político, la segunda mitad de 2018 y la primera de 2019, ha sido un período clave para alcanzar los objetivos climáticos a los que se ha comprometido Europa, nuestro país y un buen número de nuestros pueblos y ciudades. En estos meses se han aprobado las directivas y reglamentos de la UE que determinan el modelo europeo de transición energética descarbonizada y renovable y que se tendrá que transponer e implantar en España. La nueva legislación comunitaria ha establecido el marco para construir un nuevo modelo energético distribuido y con un importante papel para las comunidades locales de energía, con implicación de los municipios y la ciudadanía. 



Planes creíbles
A pesar de la provisionalidad política nacional, desde el gobierno Sánchez en estos meses se ha elaborado un borrador de la Ley española de cambio climático y energía, y se ha enviado a la UE el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) acompañado de un pionero Plan de transición justa. Estos trabajos han abierto el necesario debate y la participación ciudadana sobre su alcance y contenido, y además ha enviado a la comunidad internacional un claro mensaje del compromiso y voluntad de nuestro país de liderar la transición ecológica. 

Quiero destacar el Real Decreto del 5 de abril de 2019 por el que se regulan las condiciones del autoconsumo, que abre una ventana de oportunidad para los municipios, la ciudadanía y el sector industrial para empezar a implantar el modelo de transición energética renovable, distribuida y vinculada a la movilidad eléctrica. Su desarrollo reglamentario y la transposición de las normativas europeas del mercado eléctrico desbrozarán el camino para desarrollar figuras y modelos que intervendrán en el desarrollo e implantación rápida de la TER distribuida como: las comunidades energéticas, la gestión flexible de la demanda, los prosumidores individuales y colectivos, las microrredes inteligentes, los agregadores, las empresas o agencias municipales de energía que intervendrán en la producción, distribución y comercialización de energía…

Y, por último, en mayo tuvimos elecciones municipales y en un buen número de autonomías. Desde una perspectiva de implantación de políticas vinculadas con la sostenibilidad y la implantación de la TER, los resultados electorales fueron dispares, pero creo que mejores que en los mandatos pasados. Es cierto que, en algunas ciudades importantes, como Madrid, se han instaurados gobiernos con un perfil que no nos auguran políticas activas contra la emergencia climática, la lucha urgente contra la contaminación o la implantación de la TER. Pero hay datos que nos permiten ser más optimistas en cuanto al avance cuantitativo y cualitativo en la ejecución de nuevos modelos urbanos impregnados de mayor sensibilidad ambiental que ya incorporan la implantación de la TER socialmente más justa y políticas activas contra la contaminación y la movilidad sostenible.

Indicios para el optimismo

Estos son algunos indicios para el optimismo y que espero también respondan a los planes de gobierno que están elaborando los ayuntamientos en estos días para los próximos 4 años:

• La emergencia climática y la TER ya está en la agenda política local. El calentamiento global y sus efectos locales ya son una evidencia para la mayoría de la ciudadanía, que ha empezado a pedir políticas concretas y eficientes para frenar sus efectos (fuertes inundaciones, muertes prematuras por contaminación, sequia persistente..).

Por esa razón, cada vez hay más municipios que se ha comprometido con la reducción local de emisiones de CO2, la implantación de la TER y con la construcción de ciudades y pueblos más resilientes frente a la crisis climática. Algunos síntomas contrastables: ya hay 1604 entes locales y supralocales españoles que han firmado el Pacto de las alcaldías para el Clima y la Energía: Ayuntamientos, diputaciones y entes comarcales que se han comprometido a tener un plan de acción para reducir emisiones, ahorrar energía e implantar energía renovable en sus municipios, con la complicidad ciudadana.

Otro indicio es que en la campaña electoral municipal el tema climático, energético y de políticas de movilidad sostenible estuvo presente en los debates locales (al menos en la de las grandes ciudades) y la mayoría de los partidos políticos incluían medidas concretas de cómo abordar estos temas. Además, he podido comprobar que en algunos municipios las nuevas estructuras de gobierno han incorporado concejalías i/o áreas de gestión especializadas en la implantación del nuevo modelo energético y la lucha contra el cambio climático (Viladecans, Diputación de Barcelona, Barcelona, Sabadell, Valencia, Sevilla, Vitoria, …)

• El “Green New Deal” para los municipios. Las directrices comunitarias marcan que los recursos y ayudas de la UE de los próximos años para proyectos en nuestro país y municipios vendrán determinados por la reducción de emisiones de GEI, la implantación del nuevo modelo energético renovable distribuido y el desarrollo de políticas de sostenibilidad económica, urbana y social (economía verde, circular, eco-innovación i eco-diseño, reducción de la pobreza energética…). Por tanto, los proyectos vinculados con la sostenibilidad será una oportunidad para la inversión y el empleo en los municipios.

• Predicar con el ejemplo: Ya hay bastantes municipios que han pasado de las declaraciones a la acción, saben que no hay futuro para los municipios concebidos como sistemas de despilfarro energético y de recursos, así que ya han puesto en marcha proyectos globales de urbanismo sostenible, de implantación de la TER o de resiliencia frente al calentamiento global. Algunos ejemplos inspiradores: Vilawatt de Viladecans (empresa energética local con moneda propia), Barcelona y el AMB (operador eléctrico metropolitano e implantación de la 1ª. Zona de bajas emisiones metropolitana), Valencia (oficina ciudadana de la energía), Sevilla (servicio de sostenibilidad e innovación urbana y oficina de la accesibilidad no motorizada), Centelles (ayuntamiento con empresa municipal de distribución, comercialización de electricidad y ahora empiezan a producir electricidad local fotovoltaica), Rubí Brilla (proyecto global de TER local) o Pamplona (proyecto de rehabilitación energética integral del Barrio de la Chantrea)…

La descripción optimista sobre las oportunidades de implantar un futuro modelo energético renovable y sostenible en el país no me impide estar preocupada por la inacción y la lentitud de los cambios. Los próximos años serán clave para desarrollar e implantar planes estratégicos globales de la TER y distribuida, de gestión más democrática y que abre oportunidades para renovar nuestros barrios, pueblos y ciudades. Pero, si desde los municipios y la ciudadanía no nos ponemos en serio a exigir, implantar y desarrollar esos proyectos locales y dejamos todo el sector energético renovable en manos de los grandes proyectos centralizados y de propiedad concentrada, ya no habrá vuelta atrás, perderemos una oportunidad de oro para construir un nuevo modelo energético descarbonizado, renovable y social que vaya más allá del cambio de combustible que produzca la energía que necesitamos.

Este artículo de opiniòn se puede leer también en el nº 187 de Energias Renovables (diciembre 2019-enero 2020).

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