Javier G. Breva cree que esta demora merecería una explicación que el MITYC no ha dado. “Si tenía que estar aprobado en diciembre de 2010, aprobarlo en noviembre 2011, a una semana de las elecciones, demuestra que no ha sido una prioridad del Gobierno que decía iba a defender las renovables y que había muy poco interés en aprobarlo. Así ya no tendrán que desarrollarlo, lo harán otros. ¿Era eso lo que se quería?”, se pregunta.
Además, en su opinión, la espera no ha merecido la pena. “El PER 2011-2020 nace mal. El tiempo de espera parece que se ha aprovechado más en establecer las bases regulatorias para frenar el crecimiento de las renovables en la presente década. El PER rebaja al 20,8% el objetivo de consumo de renovables en 2020 frente al 22,7% que se comunicó a la Comisión Europea en julio de 2010”, recuerda.
Esta reducción de objetivos tampoco se ha explicado, aunque, de acuerdo con G. Breva, “ se puede deducir viendo los objetivos por tecnologías y comprobar que hasta 2020 sólo se van a poder ejecutar los proyectos que ya estén autorizados o en el prerregistro del MITYC; lo cual está en consonancia con la moratoria ya impuesta a la FV, la que se ha quedado en proyecto de RD para la eólica (aún queda un Consejo de Ministros) y la ya anunciada para la termosolar”.
Facilidades a UNESA
El presidente de la Fundación Renovables advierte que “el PER consolida así el mix energético actual para dar más cabida a los hidrocarburos contaminantes que importamos de fuera y facilita la moratoria a las renovables que UNESA estos días pide con inusitada insistencia, a pesar de ser las renovables fuentes autóctonas y entrar a coste cero en el sistema”.
Añade que el PER incumple, además, la Directiva Europea de Renovables 2009/28/CE, “ya que mantiene la discrecionalidad del MITYC para modificar el marco retributivo y el sistema de cupos y de limitación de horas y no se establece ningún criterio de norma pública y transparente de conexión a red. Todos estos aspectos incumplen los criterios de la Directiva que aboga por eliminar las barreras regulatorias, administrativas y de conexión a red que impiden un mayor crecimiento de las renovables”.
A este incumplimiento “se añade otro mayor”, continua, “ya que el plazo de transposición de la directiva al ordenamiento jurídico nacional terminó en diciembre de 2010 sin que tampoco se explique por qué no se ha hecho ya, el mismo incumplimiento que se ha hecho con la Ley de Renovables, prometida desde 2008”.
En palabras del presidente de la Fundación Renovables, “la consecuencia final de todos estos incumplimientos es mantener una inseguridad regulatoria y jurídica que ya ha producido una huida de inversiones y una destrucción de 20.000 empleos en el sector de las renovables ante la indiferencia de propios y extraños”.
Contradictorio
Finalmente, este PER es, en su opinión, “contradictorio porque hace un balance extraordinariamente positivo del impacto de las renovables en el PIB, en la balanza de pagos, en el empleo, en la reducción de emisiones de CO2 y hace una previsión también positiva de la reducción de su peso en los costes del sistema; sin embargo, recorta los objetivos de renovables para 2020 en 10.000 MW y establece un horizonte de competitividad de las renovables para después de 2020 sin ninguna explicación o justificación en contra de todos los estudios que estiman esa competitividad en los próximos años”.
La pregunta, concluye G. Breva, es obvia: “¿Si los beneficios de las renovables son tan evidentes, por qué se recortan sus objetivos por debajo del potencial de la industria nacional renovable y su regulación se deja a la discrecionalidad administrativa? Seguramente todos los retrasos e incumplimientos han tenido como fin retrasar durante los próximos diez años el desarrollo de las renovables en España. Por eso este PER hoy es inexplicable”.
Más información:
www.fundacionrenovables.org
