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El sistema eléctrico tiene que ser reformado en su totalidad

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Lo afirma la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que ante el encarecimiento reiterado del precio de la electricidad, la reclama una reforma global del sistema eléctrico, en el marco de una ley orgánica de cambio climático y transición energética. Esta escalada de precios ocurre, además, en pleno invierno, en lo más crudo de la ola de frío y cuando las temperaturas son más bajas, agravando la extensión de la pobreza energética y sus consecuencias.

El sistema eléctrico tiene que ser reformado en su totalidad

“No es aceptable que el Ministro de Energía atribuya a causas meteorológicas el aumento del precio de la electricidad, en sus declaraciones a los medios, cuando sabe perfectamente que en el precio de la electricidad intervienen otros muchos factores aparte del régimen de lluvias y la cantidad de agua embalsada, y que muchos de esos factores son defectos achacables al diseño del sistema, que se ha convertido en un mecanismo de extracción de rentas en un mercado cautivo y de recaudación de impuestos”.



Así comienza el comunicado de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, entidad que considera que “ha quedado ya patente que el proceso de liberalización del sector eléctrico, emprendido en 1997, ha sido un fracaso: transcurridos veinte años no se ha incrementado la competencia en el sector, que sigue estando dominado en régimen de oligopolio por un reducidísimo grupo de empresas, ni se han contenido los precios, que suben al albur de un mercado desregulado”. 

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La Plataforma pide al Gobierno que actúe “para reducir los costes de un parque de generación con exceso de potencia instalada, cerrando inmediatamente las centrales térmicas de carbón y programando el cierre de instalaciones nucleares que ya han acabado su vida útil. En lugar de estas centrales, se debe favorecer la generación distribuida, acabando con el maltrato a las renovables, promoviendo el autoconsumo con balance neto y dando entrada a pequeños y medianos productores que utilicen exclusivamente tecnologías de generación a partir de fuentes renovables: solar térmica y fotovoltaica, eólica, geotérmica y minihidráulica”.



Acabar también con los monopolios en la distribución

Las más de 400 organizaciones sociales que componen la Plataforma consideran, asimismo, que deben eliminarse los monopolios aún existentes en la distribución, “paradigma de un proceso de liberalización fallido”. Dichos monopolios “no son naturales sino una concesión de poder arbitraria a unas pocas empresas del sector” y suponen “un obstáculo al desarrollo de un sistema energético sostenible y a la implantación de instalaciones de autogeneración comunitarias”.



La supresión de dichos monopolios podría resolverse incorporando la gestión de la distribución al regulador del transporte, Red Electrica Española, y estableciendo un procedimiento viable para que los municipios que opten por municipalizar su red de sistribución puedan hacerlo, explica la Plataforma.



Finalmente, considera que debe establecerse un nuevo mecanismo de fijación del precio de la electricidad. “El mercado eléctrico actual es un mercado marginalista, que retribuye con el mismo precio la electricidad generada por cada una de las tecnologías que concurren a la oferta. Ese mecanismo sólo es eficaz en un escenario de competencia perfecta, lo que no se da actualmente en nuestro sector eléctrico, y hace que algunas tecnologías (nuclear e hidroeléctrica sobre todo) obtengan desproporcionados beneficios caídos del cielo a costa de los consumidores”.



La Plataforma pide que el nuevo mecanismo de fijación de precios se regule de modo que cada tecnología se retribuya teniendo en cuenta sus costes y obtenga una rentabilidad razonable, lo que puede hacerse a partir de una auditoría de costes del sistema eléctrico.



Por todo ello, concluye el comunicado reclamando una reforma del sector eléctrico que despeje el camino de la transición hacia un sistema energético sostenible, restablezca el carácter de servicio público del suministro eléctrico, garantice el derecho ciudadano a unos suministros básicos y, en definitiva, asegure una actividad económica en régimen de libre competencia.

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