Las asociaciones APPA, Anpier, Protermosolar y UNEF han convocado esta mañana, en la Asociación de la Prensa de Madrid, un acto para denunciar que "las nuevas medidas para el sector eléctrico son gravemente retroactivas y quiebran la seguridad jurídica del país". La historia es tal y como sigue: la reforma Nadal-Soria garantiza, según explica el gobierno, "una rentabilidad adecuada basada en las Obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos, lo que equivale a una rentabilidad del 7,5%". ¿El problema? Pues que la rentabilidad razonable de la que habla el gobierno -dice la patronal- se ha calculado antes de impuestos -así la presentó el Ministerio el viernes pasado- y está ligada además "a unos estándares de inversión y explotación todavía desconocidos".
Del siete coma cinco... al cinco coma cero
Según la patronal de las renovables, si se aplican los impuestos, "la rentabilidad real se quedaría en el orden del 5%, muy por debajo de lo que ofrecen productos financieros más seguros", lo que desincentiva futuras inversiones. Es más: la patronal cree que ese porcentaje puede ser "incluso menor, dependiendo de los estándares de inversión y explotación que fije el Gobierno, muy difíciles de adecuar a la realidad por la gran variedad de tipos de instalaciones". Así, el sector de las renovables considera que la propuesta del Ejecutivo -el concepto de rentabilidad razonable- no solo es "altamente discrecional", sino que desliga la retribución de la producción eléctrica, anula la importancia de las labores de operación y mantenimiento (único subsector de las renovables que estaba aguantando razonablemente bien los últimos recortes) y, por ende, desincentiva la eficiencia.
La refinanciación, favor a la banca
Según la patronal, por otra parte, la reforma que entraña el RDL 9/2013 se añade al rosario de golpes regulatorios, muchos de ellos estrictamente retroactivos, que ha venido sufriendo el sector en los últimos dos años. Protermosolar, por ejemplo cuantifica en un 40% los recortes sucesivos de que ha sido objeto esa tecnología, más o menos lo mismo que la fotovoltaica. APPA explica en ese sentido que ello ha obligado a muchos inversores a refinanciar la deuda. Y claro, nada tiene que ver la deuda primigenia, firmada cuando fluía el crédito, al uno o al dos por ciento, con las refinanciaciones de ahora, que están en el nueve. ¿Conclusión? "Se puede hablar de un proceso de expropiación encubierta". O, dicho de otro modo: "los propietarios [de las instalaciones] tendrán que entregarlas a las entidades financiadoras, más las garantías que las respaldaban".
Las asociaciones recurrirán a los tribunales
Todos los participantes en el acto, José Miguel Villarig (Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA), Luis Crespo (Protermosolar), Miguel Ángel Martínez-Aroca (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica) y José Donoso (Unión Española Fotovoltaica), han coincidido en señalar que la reforma llega, además, "con total ausencia de diálogo, ninguneo a las asociaciones sectoriales –legítimas interlocutoras del sector renovable– y tras meses de mantener un nivel de incertidumbre nefasto para cualquier sector económico". En suma -concluyen-, la nueva reforma, "al no afectar al deficiente Mercado Eléctrico, no es más que otra suma de recortes en la que las renovables se llevan la peor parte, lo cual, sin duda alguna, incrementará la pérdida de empleo y será ampliamente contestada en los tribunales".
