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El Principio de Estabilidad Presupuestaria es la mordaza con la que el PP está silenciando al Parlamento

¿Cómo evita la presidenta del Parlamento que lleguen al pleno del Congreso los debates sobre energía?

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El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea anunció ayer que ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra cierto veto: el que ha utilizado la Mesa del Congreso para evitar que llegue al pleno del Parlamento la "Proposición de Ley para el cierre progresivo de las centrales nucleares". La Proposición de Ley (PdL) llegó a la Mesa -que está controlada por el Partido Popular y Ciudadanos-, esta vetó su tramitación, y la PdL se ha quedado en el papel (mojado) y no ha llegado a debatirse en el Parlamento.
¿Cómo evita la presidenta del Parlamento que lleguen al pleno del Congreso los debates sobre energía?

La sucesión de acontecimientos es la siguiente: (1) un Grupo Parlamentario (GP) presenta una Proposición de Ley para que sea debatida en el Parlamento; (y 2) la Mesa del Congreso (controlada por PP y Ciudadanos) veta esa Proposición de Ley so pretexto de que, si fuese aprobada como Ley, su aplicación afectaría a los Presupuestos Generales del Estado del año siguiente. Así, y una vez puesto el veto sobre la Mesa, la Proposición queda varada allí y nunca llega al Parlamento. El PP ha empleado esa estratagema en una treintena de ocasiones a lo largo del último año. Ciudadanos (Cs) le ha secundado en varios casos, sobre todo, en los relacionados con el ítem Energía (por ejemplo, el autoconsumo solar o la energía nuclear).

El caso es que, el pasado mes de febrero, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea impulsó una Proposición de Ley (PdL) para el cierre progresivo de las centrales nucleares. Y la Mesa del Congreso empleó una vez más su veto y evitó así que la Proposición fuera debatida, con luz y taquígrafos, en el Parlamento (la Mesa del Congreso -que preside Ana Pastor- está compuesta por 9 diputados: 3 del PP, incluida Pastor; 2 del PSOE; 2 de Cs; y 2 de Unidos Podemos; y, efectivamente, la pinza PP-Ciudadanos tiene mayoría: 5 contra 4). El caso es que el GP Confederal, tras recibir el veto, presentó un escrito ante la Mesa del Congreso en el que le pedía a Pastor y compañía que reconsiderasen su "no".

Pues bien, la Mesa del Congreso desestimó el pasado 6 de junio ese recurso y se ratificó en su decisión, que apoya en el argumento de que hay afectación presupuestaria y de que, aún más, esa afectación presupuestaria no se puede producir en los tres ejercicios siguientes. El Grupo que lidera Pablo Iglesias discrepa: "la Proposición de Ley de cierre nuclear progresivo no afecta -dicen- al presupuesto en vigor", pero, más aún: según Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el argumento de la afectación presupuestaria en los tres ejercicios siguientes no solo está fuera de lugar -pues la PdL (cierre progresivo) no tendría efectos presupuestarios en los próximos tres años- sino que, además, "no cuenta con base normativa alguna".

"Por tanto -explican desde el Grupo- la motivación de la resolución de la Mesa resultaría insuficiente", y de ahí el recurso de amparo presentado ahora ante el Constitucional. Los diputados del Grupo Parlamentario Confederal Juantxo López de Uralde (miembro de Equo y portavoz en la ponencia nuclear), y Josep Vendrell, portavoz adjunto de En Comú Podem, insistían ayer en ese sentido en que su grupo va hacer "todo lo posible para proteger los derechos de los diputados y diputadas, derechos que la Mesa del Congreso -dominada por el Partido Popular y Ciudadanos- no defiende; vamos a defender esos derechos ante el uso abusivo de la prerrogativa del Gobierno de vetar proposiciones de ley que tengan afectación presupuestaria".

Derecho a la iniciativa legislativa del Parlamento
Sobre el particular, López de Uralde se ha manifestado convencido de que "no existe otra razón que justifique el veto a nuestra Proposición de Ley que los compromisos del PP con el oligopolio eléctrico. Las centrales nucleares españolas -ha dicho el diputado de Equo- están llegando al final de su vida, y van a cerrarse en todo caso. Nuestra propuesta es que se haga de forma ordenada y segura. Nada puede justificar que el Gobierno impida este debate". En la misma línea, Josep Vendrell, ha explicado que, "con este recurso de amparo al Tribunal Constitucional defendemos el derecho a la iniciativa legislativa de un Congreso de los Diputados que el Gobierno quiere atado de pies y manos, sin capacidad de legislar".

Según Vendrell, "con los vetos, el Gobierno pretende perpetuar el control que tenía sobre el Congreso durante la legislatura en la que contaba con mayoría absoluta; y no puede ser, no es democrático, que una cuestión de gran trascendencia, como es el cierre o la continuidad de las nucleares, se resuelva unilateralmente por el Gobierno a través de órdenes ministeriales, sin ningún tipo de participación del Congreso, que es la cámara de los representantes de la ciudadanía”.

En el Parlamento de la Nación hay 137 diputados del Partido Popular y 213 que no lo son. En la Mesa del Congreso, hay 9 sillas. Cinco de ellas, las 3 del Partido Popular (que obtuvo esos 137 diputados) y las 2 de Ciudadanos (32 escaños) se han convertido en un muro infranqueable para varias iniciativas clave en materia de política energética, o sea, que 5 sillas mandan (137 PPs+32 Cs), aunque estén en franca minoría con respecto a los otros 186 diputados del Congreso. ¿Resultado de todo ello? El secuestro de la iniciativa legislativa, según Vendrell.

¿Qué dice la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea?
Pues dice no a la reconexión de Garoña (que lleva ya varios años parada) y apuesta por el cierre paulatino de las demás. A saber: Almaraz I, Almaraz II y Vandellós II en 2020; Ascó I, Ascó II y Cofrentes en 2021; y Trillo, tres años después, en 2024. El Grupo Parlamentario incluye además una alternativa: el denominado Plan de Transición Energética, "acordado con las comunidades autónomas y (...) basado en las energías renovables y la eficiencia energética". El objetivo de este plan será -según Unidos Podemos- "un sistema energético 100% renovable, eficiente, sostenible, competitivo económicamente, dotado de recursos para combatir el cambio climático, impulsar el cambio de modelo productivo y generar empleo".

Según el GP Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, "es posible prescindir de la energía nuclear sin poner en peligro la garantía de suministro eléctrico, pues el exceso de factor de disponibilidad en España (unos 108.000 MW instalados en total, con una demanda máxima histórica de unos 45.000 MW) lo permite". Prueba de ello -apuntan desde ese GP- es que en alguna ocasión se ha producido la parada simultánea de hasta seis nucleares sin que se haya producido ningún problema de suministro. "Disponemos de una sobrecapacidad del 40% en el momento de mayor demanda. Aun prescindiendo de los 7.400 megavatios de potencia nuclear -explican desde Unidos Podemos-, la sobrecapacidad está garantizada".

Plan de desmantelamiento y plan de desarrollo social y económico local
La Proposición de Ley prevé por otro lado que, en los seis meses siguientes al cierre de las centrales, se aprueben un plan de clausura y desmantelamiento, acompañado de un Fondo que garantice que los operadores realizan las aportaciones necesarias para cubrir su coste. Este fondo debe contar también -matizan desde el GP- con la participación de las comunidades autónomas y ser además sometido al control del Congreso de los Diputados. Igualmente, en el plazo de seis meses, el Gobierno deberá presentar un plan de adaptación y desarrollo social y económico de las zonas afectadas por el fin de la actividad de las centrales nucleares. Según Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, "la financiación, prioridades y actuaciones de dicho plan serán decididas de acuerdo con las comunidades autónomas, los municipios afectados y los agentes sociales".

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