Una de las claves de ese acuerdo del Parlamento navarro está en el punto 5 de la resolución, que pide al Gobierno de esa comunidad autónoma “realizar las gestiones necesarias para que el marco reglamentario de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica se realice mediante cupos regulados que ofrezcan franjas de potencia, para que todo tipo de instalaciones puedan tener garantizado el acceso a la conexión que permita la evacuación de excedentes de pequeñas o medianas instalaciones”.
El acceso y conexión a las redes eléctricas es determinante para decidir si vamos a continuar como hasta ahora, con una generación centralizada dominada por las grandes empresas del sector –que, eso sí, ahora instalan renovables en lugar de nucleares o térmicas–, o una generación distribuida. Es la diferencia entre “libertad o dependencia”, afirma Pedro Gil, presidente de Aifoc y miembro del comité ejecutivo de la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético. Gil ha sido el promotor de la iniciativa del Parlamento de Navarra, y ha conseguido implicar a más actores como la Cámara de Comercio de Navarra, la Asociación de Transportistas de Navarra o Pimec, la asociación de autónomos y pequeñas empresas de Cataluña.
Una de las propuestas concretas que promueve Pedro Gil es la modificación del artículo 7.1 del Real Decreto de Acceso y Conexión 1183/2020, aprobado el 29 de diciembre, que regula los criterios y el procedimiento para la concesión de los permisos de acceso y conexión, tanto para productores como para consumidores, paso previo y necesario para la instalación de nuevas plantas de energías renovables.
Esa modificación propone que se establezcan franjas de potencia, manteniendo la prelación pero teniendo prioridad aquellas que tienen punto de suministro, para que todo tipo de instalaciones puedan acceder de una manera más equitativa, con plantas de generación dentro de una misma franja de potencia. Para ello se establecerían los siguientes cupos:
– De 0 a 100 kW, el 20% de la capacidad de cada red
– De 100 kW a 5 MW, el 30% de la capacidad de cada red
– De más de 5 MW, el 50% de la capacidad de cada red
“Solicitamos que se legisle de tal manera que todas las actuaciones sean posibles, teniendo en cuenta que las redes son una concesión de la sociedad, y que los ciudadanos y sus actividades tienen el derecho constitucional de poder acceder a las mismas en igual”, argumenta Pedro Gil.
