Sedigas, que ha participado en el encuentro junto a la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (que representa los intereses de Endesa, Iberdrola y EDP), ha criticado duramente el futurible impuesto y ha señalado además su "preocupación" por una medida que considera que genera "inseguridad jurídica por su naturaleza retroactiva" y cuyos efectos "distan de estar claros". La Asociación Española del Gas también critica -informa Europa Press- que la implantación del nuevo tributo al sector podría motivar conflictos con inversores y procedimientos arbitrales de larga duración que podrían terminar trasladándose a las finanzas públicas. "Todo ello -argumentan desde la patronal gasística-, sin perjuicio del efecto sobre la competitividad de nuestro sector derivada de una competencia fiscal desleal frente a terceros".
La asociación insta por todo ello al Ejecutivo a "reflexionar" sobre que la aplicación de un impuesto tiene impactos concretos en el funcionamiento, la operativa, la rentabilidad y la sostenibilidad en el medio y largo plazo de las empresas, "que son agentes generadores de riqueza y empleo para el país".
"Necesitamos medidas de reactivación y protección de la economía, no de penalización o castigo. En este sentido, es inexplicable y preocupante la retórica beligerante contra las empresas energéticas utilizada en el anuncio de este nuevo gravamen, que ignora el compromiso histórico y el papel fundamental de estas compañías para garantizar el bienestar económico y social", se queja Sedigas.
Por otro lado, la organización hace hincapié en que con la información disponible es "imposible" entender el funcionamiento y el impacto del impuesto que plantea el Gobierno.
"Se desconoce -dice Sedigas- qué entiende [el Ejecutivo] por beneficios y por extraordinarios, qué cálculo se va a emplear, cuál va a ser la base imponible de este nuevo impuesto, qué tipo de gravamen, etc, para llegar a las cifras de recaudación anunciadas", señala Sedigas en relación a los 2.000 millones de euros anuales que prevé recaudar el Gobierno con este gravamen en cada uno de los ejercicios para los que se plantea su vigencia.
La asociación también considera que un nuevo impuesto de estas características es "negativo" para un sector que opera en competencia en los mercados internacionales y en el que se necesitan inversiones y "músculo financiero" para garantizar la seguridad de suministro, más todavía en un contexto como el actual, "de máxima incertidumbre y volatilidad".
Además, lamenta que la iniciativa del Gobierno tiene "un coste en términos de reputación y marca país" debido a la "inseguridad e incertidumbre" que genera en un contexto en el que España intenta posicionarse como un 'hub' del gas debido a su potencial de regasificación, con alrededor del 25% de las plantas de este tipo en Europa.
El impuesto a las grandes energéticas propuesto por el Ejecutivo, según lo anunciado esta misma semana, se aplicará durante dos años sobre los beneficios registrados en 2022 y 2023 y el objetivo de recaudar 2.000 millones de euros cada ejercicio.
Qué empresas
Sedigas es la asociación española del gas, organización en la que se encuentran empresas como Cepsa, Naturgy, Shell, BP, la filial nacional de la argelina Sonatrach, Iberdrola, Enagás o Repsol, que ha obtenido en el primer trimestre del año 2022 un beneficio neto de 1.392 millones de euros, frente a los 648 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, o sea, que ha doblado el beneficio. También han mejorado sus números, con respecto a los registrados durante el primer trimestre de 2021, las mencionadas Cepsa, Shell, BP o Naturgy, la empresa antes conocida como Gas Natural Fenosa, que ha incrementado su beneficio neto en este primer trimestre del año un 9%. También lo ha hecho Iberdrola, que acaba de anunciar el "mayor dividendo de la historia del grupo", tras un año 2021 en el que ha visto crecer ocho puntos su beneficio neto y ha ejecutado "unas inversiones récord de 9.940 millones de euros en 2021, lo que supone un 3% más que el ejercicio anterior". El presidente de la compañía, José Ignacio Sánchez Galán, anunciaba la semana pasada, durante la Junta General de Accionistas, que Iberdrola prevé para este año 2022 un beneficio "de entre 4.000 y 4.200 millones de euros”.
Qué es el gas
El gas natural es un combustible fósil que contribuye al cambio climático tanto durante su extracción y transporte como durante su combustión. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, "el metano, que constituye el principal componente del gas natural [más del 95%], es un causante del efecto invernadero más potente que el CO2". En concreto, el metano es un gas con un potencial de calentamiento global 86 veces superior al del CO2 en los primeros 20 años de vida. Emitir un kilogramo de metano es equivalente a emitir 86 de CO2. Además, cada vez más investigaciones científicas demuestran que las fugas de metano no han estado bien contabilizadas y representan un problema climático mayor del que se creía.
El Grupo de expertos Intergubernamental sobre Cambio Climático define las emisiones fugitivas como “la liberación intencional o no intencional de los gases de efecto invernadero durante la extracción, el procesamiento y la entrega de los combustibles fósiles al punto de utilización final”. El informe Smoke and mirrors, de Bankwatch Network, publicado en enero de 2018, concluye que “los valores de emisiones fugitivas en más de la mitad de los escenarios están alrededor del umbral del 3% definido por la Agencia Internacional de la Energía, más allá del cual el gas fósil deja de ofrecer un beneficio climático en comparación con el carbón”. España carece de yacimientos de gas en explotación a día de hoy.
