Greenpeace, la Fundación Renovables (FR) y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente "lamentan que la mayoría de los diputados de Podemos votase a favor de la PNL de diputados socialistas de las cuencas carboneras". Las tres organizaciones critican, en un comunicado conjunto, que varios diputados de Podemos, "encabezados por su portavoz, que hizo un discurso favorable a las renovables, votara al final incoherentemente a favor de bonificar el carbón nacional, es decir, a favor de otorgar una ayuda encubierta a este combustible fósil que ayudaría a incrementar su participación en el mix eléctrico, con un claro perjuicio para las energías renovables y, por lo tanto, vulnerando el compromiso electoral de Podemos, partidario del cierre de las centrales térmicas de carbón".
Emisiones
Según ese comunicado conjunto, "las emisiones de CO2 crecieron un 5% en 2015 con respecto a 2014 hasta alcanzar los niveles de 1998 y fue debido a la quema de carbón en las centrales térmicas para la producción de electricidad". Asimismo, la quema de carbón -explica la nota- genera emisiones de gases "muy perjudiciales para la salud de los españoles, como SOx, NOx y partículas; en 2015 se quemó un 22% más de carbón que en 2014". Los firmantes de la nota explican que "también el PSOE, que promovió esta PNL, incurre en contradicciones con su supuesto compromiso por un sistema eléctrico 100% renovable". Fundación Renovables y Greenpeace lamentan asimismo "la abstención de Ciudadanos y del Partido Popular, quienes fueron críticos con la propuesta de bonificar al carbón de esta PNL, por su dudosa legalidad y por el despilfarro que se ha hecho de las enormes ayudas al carbón".
Análisis de la Proposición no de Ley (PNL)
Greenpeace y el Instituto Internacional de Medio Ambiente han desarrollado un documento de análisis de la Proposición no de Ley (PNL) presentada por el PSOE que aseguran demuestra que la medida aprobada "sería probablemente ilegal". Según ambas organizaciones, "al tratarse de una ayuda de Estado y no estar dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 561/2014, antes de su aprobación y puesta en marcha, debería ser obligatoriamente notificada previamente a la Comisión Europea (CE) y además de tener que ser notificada y aprobada con anterioridad por la CE, cabría la posibilidad de que se considerase incompatible con la Decisión 2010/787/UE de 10 de diciembre de 2010 relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas".
Miles de millones de euros en ayudas durante decenas de años
Según la FR y Greenpeace, los subsidios al carbón "ya han costado a los ciudadanos en España más de 32.000 millones de euros (M€), destinados a perpetuar y apoyar el uso de este combustible". Solo las empresas mineras relacionadas con la extracción de carbón -explican- han recibido ayudas por valor de 22.000 M€ desde año 1992. Ambas organizaciones consideran que "las ayudas a la extracción mineral de carbón sólo se podrían prolongar hasta 2018 para las unidades de producción cuyo cierre estuviese planificado para ese mismo año y estaban sujetas a un plan de cierre que deberían presentar a la CE". Hasta el día de hoy -sin embargo-, España no tiene ese plan de cierre, "aunque las ayudas se han seguido dando y nuevas bonificaciones como las que propone la PNL no hacen más que seguir esquivando el problema".
Los firmantes reclaman "el cierre urgente de las centrales de carbón y el abandono de esta minería, para lo que el nuevo Gobierno deberá posicionarse en contra de las subvenciones al carbón y deberá concretarse en 2016 un plan de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón en España". El cierre, "en todo caso" -concluyen-, se debería producir "antes de 2025". Eso sí, la clausura de la minería -exigen- "debe ir acompañada de planes de transición justa, como ha validado la Organización Internacional del Trabajo".
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