El subdirector de la Comisión para la Reforma y el Desarrollo Nacional de China, Zhang Yong, hizo publica ayer la noticia en una rueda de prensa que tuvo lugar en Pekín. El nuevo mercado -ha dicho Yong- será implementado con el objetivo de "controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover el desarrollo verde hipocarbónico". Las operaciones mercantiles comenzarán tras un período de "trabajos preparatorios" y se irán expandiendo gradualmente para cubrir "las emisiones de otros sectores industriales grandes consumidores de energía", según ha revelado el director del Departamento de Clima de la National Development and Reform Commission (NDRC). El sistema nacional de comercio de emisiones fue aprobado la semana pasada por el Consejo Estatal de China. Un ambicioso plan piloto ha sido implementado ya en siete provincias y ciudades chinas (las primeras experiencias tuvieron lugar en el año 2013).
Numerosas jurisdicciones de todo el mundo
Sobre el particular se ha pronunciado Dirk Forrester, el presidente de la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (International Emissions Trading Association, IETA). Según Forrester, China se suma así a un creciente número de jurisdicciones, como California, la Unión Europea y Corea del Sur, que están trabajando ya con medidas basadas en mecanismos de mercado implementadas para reducir de manera económicamente eficiente las emisiones de gases de efecto invernadero. Con este anuncio, el gigante asiático -ha añadido Forrester- se convierte en "el mayor mercado de carbono del mundo, un mercado que podrá aprender lo mejor de esos otros mercados". El presidente de la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones ha elogiado al Gobierno chino por dar este paso, que denota una "visión de largo plazo". Según la ONU, alrededor de 42 jurisdicciones nacionales y 25 subnacionales ya le están poniendo precio al carbón. El Mercado de Emisiones de la Unión Europea, actualmente el más importante del mundo, trabaja con aproximadamente 1.750 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.
Según el Consejo de la Unión Europea, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) se instauró en 2005 "para promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un modo rentable y económicamente eficiente". Este régimen limita el volumen de gases de efecto invernadero que pueden emitir las industrias con gran consumo de energía, los productores de energía y las compañías aéreas. Los derechos de emisión están limitados a un nivel máximo establecido por la UE, y las empresas reciben o compran derechos individuales. El límite máximo -explican desde el Consejo- se va reduciendo con el tiempo de tal modo que la cantidad de emisiones disminuye gradualmente.
El Consejo de la Unión Europea reconoce que, "en estos últimos años, la crisis económica ha contribuido a una caída de las emisiones y ha producido una reducción de la demanda de derechos de emisión; ello, junto con otros posibles factores, ha dado lugar a una disminución del precio del carbono y a la acumulación de un gran excedente de derechos de emisión en el sistema, con el consiguiente riesgo de que el RCDE UE deje de constituir un incentivo para reducir las emisiones de un modo económicamente eficiente y de impulsar la innovación hipocarbónica".
Uno de los objetivos acordados por el Consejo Europeo como parte del marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 consiste en reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero en la UE en al menos un 40% para 2030 (con respecto a los niveles de 1990). Dado que el RCDE UE será el principal instrumento para conseguir este objetivo, es necesario reformarlo a fin de garantizar su buen funcionamiento.
Propuesta de revisión del RCDE UE para 2021-2030
La propuesta de revisión del RCDE UE se está negociando mediante el procedimiento legislativo ordinario. Por lo tanto, el Consejo colegisla junto con el Parlamento Europeo. El 28 de febrero de 2017, el Consejo de Medio Ambiente acordó su posición de negociación (orientación general). El Parlamento Europeo había acordado su posición el 15 de febrero de 2017. El 9 de noviembre de 2017, los representantes de la Presidencia estonia alcanzaron un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo. Al día siguiente se presentó a los embajadores ante la UE (Coreper) el resultado de las negociaciones. El 22 de noviembre, el Consejo (embajadores ante la UE) aprobó el acuerdo provisional alcanzado entre la Presidencia estonia y el Parlamento Europeo. El texto acordado se presentará ahora al Parlamento Europeo para su aprobación.
