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APPA valora la aprobación del PER pero critica la inseguridad jurídica creada

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Para la Asociación de Productores de Energías Renovables, la aprobación del PER 2011-202,  pese a sus objetivos poco ambiciosos,  constituye una  esperanza para el sector al final de una legislatura en la que la seguridad jurídica se ha visto seriamente afectada. APPA pide al gobierno que salga de las urnas que corrija esta situación.
APPA valora la aprobación del PER pero critica la inseguridad jurídica creada

Del nuevo PER, APPA destaca, sobre todo, que por primera vez se establecen objetivos particulares para tecnologías como la energía geotérmica, la energía marina o la eólica offshore, y  también establezca  mecanismos retributivos para el calor renovable. Asimismo, valora positivamente el reconocimiento que en el se hace de los beneficios económicos aportados por las energías renovables, “que superarán con creces (más de un 17%) los costes asociados al desarrollo del Plan”, señala en un comunicado.

Por el contrario, lamenta la ralentización y la inseguridad jurídica a las que el Gobierno ha abocado al sector. “La legislatura ha  quebrado la seguridad jurídica del sector, con tres Reales Decretos y dos Reales Decretos-Ley desde 2008, algunos de ellos con modificaciones retroactivas del marco retributivo vigente”. Esta inestabilidad regulatoria, añade APPA, “ha venido a acrecentar el grave problema de financiación derivado de la crisis económica”. En palabras de José María González Vélez, presidente de APPA, “este ha sido el peor Gobierno para las energías renovables desde los años ochenta”.

Promesas incumplidas
“La Ley de Energías Renovables, una vieja promesa al sector presente en los dos últimos programas electorales del Partido Socialista (también en el actual), ni siguiera ha sido abordada por el Gobierno, –recuerda la asociación– a pesar de las reclamaciones del sector y del trabajo desarrollado por la Asociación de Productores de Energías Renovables que, en junio de 2009, presentó conjuntamente con Greenpeace una propuesta de Anteproyecto de Ley de Renovables”. De acuerdo con la patronal de las renovables, esta propuesta  “habría servido para trasponer la Directiva 2009/28/CE, que debía haber sido traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico hace un año y aún sigue pendiente. Ahora vuelve a estar en el programa por tercera vez del partido socialista que no la ha hecho cuando ha gobernado”.

En cuanto a aspectos positivos, tras señalar que la aplicación de las energías renovables más desarrollada en nuestro país ha sido la generación eléctrica., destaca que el nuevo PER trata de paliar este desarrollo heterogéneo, planteando un sistema de incentivos para los usos térmicos renovables, el ICAREN.

También se establecen, por primera vez, objetivos para tecnologías como la geotermia, con 50 megavatios para 2020, las energías marinas, con 100 megavatios, o la eólica offshore, con 750 megavatios. La Planificación Energética Indicativa, aprobada en el mismo Consejo de Ministros que dio luz verde al PER, reconoce el sobredimensionamiento de instalaciones de generación y no prevé nuevas necesidades de potencia hasta 2020, a excepción de las renovables y las centrales reversibles de bombeo que mejorarán la gestión de la red eléctrica.

Otro aspecto valorado por APPA del nuevo Plan es que recoge el autoconsumo de energía eléctrica generada con renovables mediante mecanismos de balance neto, donde el consumidor podrá “autoproducir” su electricidad y apoyarse en el sistema para “almacenar” sus excedentes. “Este sistema evita la instalación de mecanismos de acumulación pero no contempla el pago por la electricidad excedentaria. La falta de una legislación que regule este autoconsumo deja sin validez la propuesta”, afirma la asociación.

Objetivos poco ambiciosos
En el Plan de Energías Renovables 2011-2020 se reconoce oficialmente el beneficio económico de las energías renovables para nuestro país. “Aunque los datos oficiales del IDAE y el Ministerio de Industria son bastante más conservadores que los manejados por el sector –indica la asociación– el PER 2011-2020 cifra en 29.000 millones de euros los beneficios directos y cuantificables del Plan, magnitud que supera ampliamente los 24.700 millones de coste (primas a la generación y sistemas de apoyo incluidos)”.

No obstante, APPA considera que el Plan desaprovecha la oportunidad de fijar unos objetivos ambiciosos para 2020 que supongan un verdadero cambio en nuestro modelo energético. “En un país con una dependencia energética de las importaciones del 88,7%, se debe trabajar con el objetivo de modificar esa grave debilidad de nuestra economía, críticamente vulnerable a variaciones en los precios de los combustibles fósiles. Más aún cuando el propio PER reconoce que los beneficios económicos son claramente superiores, en más de un 17%, a los costes. Si las renovables son beneficiosas económicamente y reducen nuestra dependencia, no existe ninguna razón para la escasa ambición del PER 2011-2020”.

La asociación recuerda, además, que “se da la paradoja de que el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables, elaborado por el Gobierno y presentado a Bruselas, marca para España un objetivo superior (22,7%) que el Plan de Energías Renovables (20,8%). El Gobierno ha comprometido ante la Unión Europea un objetivo mayor que el que se ha marcado internamente”.

Un pilar para la recuperación económica
“Las energías renovables, como concluye el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España y reconoce de manera más conservadora el Gobierno en el PER, constituyen un negocio para nuestro país y suponen un pilar sostenible sobre el que edificar la recuperación económica”, continua la asociación.

En este sentido, afirma que “el Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre tiene ante sí una importante tarea para aprovechar las energías renovables como grandes generadoras de empleo mediante energía autóctona. Para ello será necesario garantizar la seguridad jurídica y dotar de una regulación estable y predecible al sector mediante el Boletín Oficial del Estado, dado que el PER 2011-2020 no tiene rango de ley”.

Más información:
www.appa.es

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