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Andalucía promete menos burocracia

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Eso vino ayer a anunciar el secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Vicente Fernández, que explicó, ante un auditorio sevillano repleto de empresarios del sector de las energías renovables andaluzas, que "el recién aprobado Decreto-Ley de Medidas de Reducción de Trabas Administrativas para las Empresas permitirá reducir en un 33% los requisitos exigibles en Andalucía".
Andalucía promete menos burocracia

Esta norma plantea -explica la Junta- la modificación de ocho leyes, entre las que se encuentra la Ley 2/2007, de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética. Según el gobierno andaluz, "la principal modificación de esta normativa supone la simplificación de la actuación urbanística para todas las actuaciones de generación y evacuación de energía eléctrica mediante energía renovable, independientemente de su potencia y por tanto de qué administración las autorice, siendo necesario presentar únicamente un informe favorable de la Consejería con competencia en urbanismo".

Otras de las modificaciones -añade el gobierno andaluz- es "la ampliación de la consideración de Actuación de Interés Público a todas las instalaciones que se ubiquen en Andalucía, independientemente de quién las autorice". Además, se viene a clarificar "quién debe hacer determinadas actuaciones vinculadas a la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística, de manera que la garantía necesaria para la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos se ha de establecer por resolución de la consejería competente en materia de energía, tanto si la autorización corresponde a la comunidad autónoma, como al gobierno central".

Estrategia Energética para Andalucía 2014-2020
En el encuentro mantenido con los empresarios del sector renovable, y aparte del consejero Fernández, han participado representantes de la Agencia Andaluza de la Energía, que han detallado los ejes principales y objetivos sobre los que trabaja la Junta para la nueva Estrategia Energética para Andalucía 2014-2020. Dentro de los principios contemplados por la Junta para los próximos seis años -informa el gobierno andaluz-, "figura contribuir a un uso eficiente e inteligente de la energía, mediante el uso de recursos autóctonos sostenibles y sistemas de autoconsumo; garantizar la calidad del suministro energético, con un modelo descentralizado, y hacer a la ciudadanía protagonista del sistema energético".

Contra dos disposiciones
En otro orden de cosas -informa la Junta-, el once de abril el gobierno andaluz interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra dos disposiciones del Real Decreto Ley 9/2013 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. A juicio de la Junta, "esta norma atenta contra el principio de seguridad jurídica al generar incertidumbre sobre el régimen legal y de retribución de la producción con energías renovables, cogeneración y residuos, al amparo del cual funcionan actualmente instalaciones que mantienen unos 3.800 empleos directos en la región".

Catarata de recursos
El recurso autorizado se suma a los presentados el año pasado por el gobierno andaluz contra otras tres normas estatales que ponen en riesgo el desarrollo de las energías renovables en Andalucía: la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social.

El Ejecutivo andaluz no ha recurrido aún la Ley del Sector Eléctrico que aprobara el gobierno en diciembre
Por fin, la Junta de Andalucía ha instado al Gobierno de la Nación a convocar nuevamente la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado, con el objeto ahora de iniciar negociaciones para resolver las discrepancias en relación la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, previo a la interposición de un recurso. El pasado 26 de marzo, la Subcomisión de Seguimiento Normativo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General acordó iniciar las negociaciones y designar un grupo de trabajo para proponer la solución que proceda.

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