javier garcía breva

Transición energética justa, ¿para quién?

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Como cada año por Navidad ha vuelto la cumbre del clima, la COP24 en Katowice. Ha venido precedida por la reunión del G 20 en Buenos Aires y el Pacto Global por la Migración en Marraquech. En las tres se ha impuesto el nuevo poder global que representan los dirigentes autócratas de EEUU, Rusia y Arabia Saudí. Europa, atemorizada por la crisis de los “chalecos amarillos” en Francia, ha antepuesto la transición justa a objetivos más ambiciosos contra el cambio climático.

La influencia de los líderes autócratas, que niegan las evidencias científicas del cambio climático, se aproxima a las posiciones de los euroescépticos europeos. El riesgo es que, así como la gran crisis financiera de 2008 en Europa se cargó a todos los ciudadanos para salvar a los bancos, ahora se va a pretender que la gran crisis de rentabilidad de la energía fósil y nuclear se cargue también a todos los consumidores.

Este riesgo parece más evidente en España. Coincidiendo con la cumbre de Katowice y la estrategia de descarbonización a 2050 que presentó la Comisión Europea a finales de noviembre ha resurgido el corporativismo de los grandes sectores energéticos pidiendo cada uno su propio chaleco salvavidas. Más ayudas para el carbón y sus 2.000 empleos, más subvenciones al gas porque sostienen que sin gas no habrá transición energética, todo tipo de ventajas y nuevos permisos a las nucleares y más tiempo para los motores de combustión porque veinte años no es nada.

Los que rechazaron una transición justa para el apagón renovable de 2012, que destruyó 70.000 empleos y arruinó a 60.000 familias, ahora piden más ayudas para seguir contaminando el planeta unos años más con cargo a toda la sociedad; y sin haber justificado cómo se han gastado las decenas de miles de millones de euros de subvenciones que han recibido el carbón, el gas y las nucleares a través del recibo de la luz, del gas o de los presupuestos del Estado.

Katowice: la oportunidad de hacer de la necesidad virtud
En Katowice se han presentado informes esclarecedores para haber hecho de la necesidad virtud y haber aprobado objetivos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC. La estrategia que presentó la Comisión Europea calculaba el coste de la inacción climática en el 1,9% del PIB europeo, que para España se elevaría hasta el 4,2%. Por el contrario, cumplir el Acuerdo de París supondrá ahorros de 240.000 millones de euros anuales, 200.000 millones más en costes sanitarios y 3 billones de euros en importaciones de petróleo.

El informe de la ONU (IPCC) destacaba que no sobrepasar los 1,5ºC ahorrará 26 billones de euros y creará 18 millones de empleos. Energy Watch Group presentó un estudio para una Europa 100% renovable que reduciría a cero las emisiones en 2050 a un coste de la energía de 50-60 €MWh, con 3,5 millones de nuevos empleos. El informe The New Climate Economy concluía que la transición energética puede generar 65 millones de empleos y ahorrar 26 billones de dólares hasta 2030. La Agencia Internacional de la Energía ha calculado que duplicar la capacidad renovable puede ahorrar a la economía mundial hasta 4,2 billones de dólares y que sólo con políticas adecuadas de eficiencia energética se podría reducir un 40% las emisiones y ahorrar 500.000 millones de dólares al año a los consumidores.

Estos son los informes que los autócratas no han querido incluir en el acuerdo final de la cumbre de Katowice, pero son también los informes que rara vez se citan en España, donde se siguen propagando las mentiras sobre las bondades de los combustibles fósiles o las nucleares, ocultando que la transición energética crea empleo y desarrollo local con energía más limpia y barata.

Para reducir las emisiones la prioridad es dejar de contaminar
La publicidad de eléctricas, gasistas, petroleras y fabricantes de automóviles induce a seguir contaminando y que los consumidores carguen con el coste íntegro de erróneas decisiones empresariales, con el respaldo del BOE, a través de peajes de todo tipo y los presupuestos del Estado. Lo peor es que también se traslada a la sociedad el coste de los impactos del cambio climático que las instituciones económicas desprecian. Valga como ejemplo su comportamiento ante el fraude del “dieselgate”.

Mientras los chalecos amarillos ocupan las calles de Francia aquí dirigen los consejos de las grandes corporaciones que basan su actividad en el uso de los combustibles fósiles, cuando es un modelo de negocio que está en retroceso por todo el mundo. Mientras crecen los países en los que se abre a los consumidores el acceso a sus contadores, al autoconsumo, a las microrredes, al almacenamiento, a la eficiencia energética, al vehículo eléctrico y al mercado eléctrico, aquí se pide alargar la vida de la energía más decadente, el carbón, el gas, el petróleo o la nuclear.

Todo sería más fácil si se tuviera la convicción de que todo pasa por edificios, calefacción y transporte con energías renovables distribuidas y gestión de la demanda. Pero la realidad es que España sigue desarmada para luchar contra el cambio climático al carecer de una verdadera estrategia de eficiencia energética, una estrategia de rehabilitación, una estrategia de autoconsumo y microgeneración renovable, una estrategia de redes eficientes de calefacción y refrigeración, una estrategia para el vehículo eléctrico y una estrategia para la Formación Profesional en las capacidades que exigen los nuevos usos de la energía.

España recupera el prestigio internacional
Hay que agradecer a la Ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera que en tan poco tiempo haya dado un vuelco tan espectacular a la visión de la política energética y al prestigio de nuestro país en los foros internacionales, como la cumbre de Katowice. Desgraciadamente el corporativismo de los sectores de los combustibles fósiles son los chalecos amarillos de España y el cambio de la política energética requiere mucho más tiempo del que quizá queda.

Pero la última esperanza climática ya está en marcha y va a ser imparable: las ciudades.

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