Pocos días antes de que el Gobierno aprobase el anteproyecto de ley que establece
nuevos impuestos a la generación eléctrica, todas las alarmas saltaron con el incremento del precio de los combustibles que arrastra la inflación y agrava la crisis. Siempre que sube la gasolina, el Gobierno de turno clama contra las petroleras; sin embargo, siempre que la Comisión Nacional de la Competencia ha denunciado sus prácticas y márgenes, el mismo Gobierno de turno ha preferido mirar para otro lado.
El proyecto de fiscalidad energética de Soria es un texto fallido y manipulador: ni se trata de proteger el medioambiente ni de avanzar hacia una reforma energética; el sistema eléctrico queda intacto, tanto en los costes regulados como en el método que conforma los precios del gas y la luz. La mayor parte de los nuevos impuestos son exenciones fiscales, subvenciones nunca reconocidas, que ahora se eliminan y cuyo coste se trasladará a los consumidores. Causa estupor cómo el coste de la seguridad y responsabilidad civil de las nucleares es considerado como una “servidumbre” de la que toda la sociedad ha de hacerse cargo. Más parece una ley de socialización de pérdidas del sector eléctrico. Lo peor es que también se deja intacto el modelo energético basado en el mayor consumo de hidrocarburos que importamos del exterior.
Es como si nuestros dirigentes pensaran que todo lo que ocurre en el mundo nos fuera ajeno. Nuestro primer coste energético es el de las importaciones de gas y crudo. En 2011 el petróleo subió un 40%, se usaron reservas estratégicas y la tendencia sigue al alza en 2012. Se acaba de abrir un conflicto entre Rusia y la Unión Europea por los precios del gas y Gazprom es quien los va a fijar controlando el suministro como mejor le convenga. Los analistas de Citigroup prevén que Arabia Saudí sea importador neto de petróleo en 2030 y los principales conflictos en el mundo tienen su origen en las reservas de hidrocarburos. Habrá menos oferta y más cara. Mantener una alta dependencia del gas y el petróleo es ir derechos a una crisis mayor que la actual.
La noticia de que el Rey y el Gobierno han pedido inversiones de Arabia Saudí en nuestras petroleras y gasistas es reflejo de una política energética sin norte donde en un escenario de precios de los hidrocarburos cada vez más elevados parece que sólo aspiramos a incrementar nuestra dependencia de sus importaciones. La Agencia Internacional de la Energía en su informe sobre perspectivas tecnológicas anuncia que, a largo plazo, el despliegue acelerado de las energías renovables y de la eficiencia energética será viable por el ahorro de importaciones de combustibles fósiles. Sin embargo, la regulación en España ha parado las inversiones renovables y no se ha adoptado ninguna medida de ahorro en el consumo de gas y petróleo.
Un hilo conductor que explica este rumbo tan insostenible para el país es la falta de transparencia y competencia en los precios energéticos. Joseph Stiglitz lo define muy bien: “No hay transparencia porque con transparencia hay más competencia y con competencia se reducen los beneficios. Es la avaricia”.
