Juan José Cardesa ha mantenido una reunión institucional con el delegado de UNEF para Extremadura, Tristán Higuero, y con el coordinador general de UNEF, Lluís Calatayud, en la que ha “subrayado la sintonía y la coincidencia de pareceres que su Consejería mantiene con la industria solar fotovoltaica, en especial respecto a la moratoria renovable y la necesidad de seguridad jurídica”, según ha explicado UNEF. Como ha informado Energías Renovables, la Asamblea de Extremadura aprobó por unanimidad pedir al gobierno de Rajoy que defina el tiempo que durará la moratoria renovable, entre otros asuntos.
Extremadura, que presentó recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 14/2010 (que limita la percepción de la prima a un número de horas de producción) defiende la necesidad de reforzar tanto el protagonismo solar en el panorama nacional renovable como la creación de empleo fotovoltaico en su comunidad.
Autoconsumo
UNEF, federación que agrupa a las cuatro principales asociaciones solares fotovoltaicas españolas, presentó la semana pasada una propuesta sobre el denominado autoconsumo por balance neto, que supone que los consumidores generan electricidad mediante tecnología fotovoltaica. Parte de esa electricidad se consume y el sobrante se vuelca a la red. Una parte equivalente a la energía volcada a lo largo de un año puede descontársela de su consumo eléctrico convencional en ese mismo periodo.
Además de valorar positivamente esta propuesta, el director general de Incentivos Industriales y Energía de la Junta de Extremadura ha hecho lo propio con el plan integral para atenuar el déficit tarifario presentado por UNEF a la Comisión Nacional de la Energía, que incluye anular el decreto 14/2010, que instauró la retroactividad, y en su lugar aplicar un recorte equitativo de hasta el 5% a las distintas tecnologías eléctricas hasta que el PIB nacional no suba un 2% durante dos trimestres consecutivos.
Juan José Cardesa se ha mostrado dispuesto a colaborar con el sector para impulsar una Mesa de Diálogo sectorial entre todos los agentes sectoriales y políticos para encontrar una salida de consenso al déficit de tarifa eléctrica.
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