A ellos, si hubiera hueco para incluir uno más, que no es cuestión de desvestir un santo para vestir otro, habría que añadir el "día de la vergüenza", pues no otra cosa deberían sentir los que, con sus decisiones, hicieron que ahora un Tribunal Internacional de Arbitraje haya condenado al Reino de España a indemnizar a un fondo extranjero que invirtió en energía solar en nuestro país, por las medidas retroactivas aprobadas por el entonces Gobierno Socialista de Rodríguez Zapatero y posteriormente ampliadas, hasta un extremo difícil de calificar, por el Partido Popular de Mariano Rajoy –recortes estos últimos en que se basa fundamentalmente la condena– lo que supuso la ruina para las familias españolas que invirtieron sus ahorros en este tipo de energía y que ahora España quede en evidencia, ante los inversores internacionales, como consecuencia de una sentencia que deja al descubierto la falta de seguridad jurídica en nuestro país, por lo que los responsables, a poca vergüenza que tuvieran, deberían estar ya pidiendo perdón –ya que dimitir es un verbo que en España tiene difícil conjugación– a los múltiples afectados españoles por sus erróneas decisiones y, por supuesto, intentando buscar las formulas adecuadas para resarcir a los mismos de los daños económicos causados, ya que los otros, los sufrimientos padecidos, son de imposible reparación.
Como consecuencia de tal política muchos productores españoles han visto como sus plantas fotovoltaicas pasaban en estos años a poder de los bancos, al no poder hacer frente a los créditos concedidos por los mismos, las cuales eran entregadas, a mitad de precio –cuando no por menos– a fondos buitres o a grandes empresas eléctricas para su explotación comercial.
Y mientras tanto al Gobierno, una vez perpetrado el desaguisado, no parece haberle preocupado la situación en que quedaron quienes acudieron a su llamada para que invirtieran en tal energía –invitación hecha para poder cumplir los compromisos adquiridos con la Unión Europea– como tampoco parece haber preocupado al Tribunal Supremo –que tan solo por cuatro votos contra tres avaló las medidas gubernamentales– el abuso que de ellas hizo el Gobierno y las graves consecuencias que tuvieron para quienes solo habían cometido el pecado de confiar en el Boletín Oficial del Estado.
Y ahora, una vez conocida la sentencia anteriormente indicada, ¿que hará el Gobierno? Lo lógico seria, tal y como en su día recomendó el Defensor del Pueblo, que aplicase a los nacionales las mismas medidas reparadoras que a los extranjeros, pues otra cosa sería incalificable. En este caso, ¿quien percibiría la indemnización? ¿Serían los actuales propietarios de las plantas fotovoltaicas? Si así fuese, fácil es imaginar la cara de tontos que les quedará a muchos de los antiguos productores que, además de perder sus plantas, tienen que seguir pagando el resto de los créditos que avalaron con sus bienes particulares.
Sin embargo, a pesar de lo expuesto, lo más probable es que el Gobierno diga que a él solo le corresponde cumplir la sentencia concreta del tribunal internacional –y que ello lo haga pagando a los inversores extranjeros, para escarnio de los productores españoles, con los recortes hechos a estos últimos– tal y como parece deducirse de la enmienda introducida en los presupuestos generales del Estado el mismo día que se hizo pública la sentencia.
Los magistrados de los altos tribunales españoles alegarán que con ellos no va la cuestión, porque ya se manifestaron oportunamente. Los diputados y senadores de los grandes partidos nacionales, que en función de que estuvieran en el gobierno o en la oposición, votaron a favor o en contra del expolio, se justificarán diciendo que solo hicieron, "como disciplinados que son", lo que el Partido les ordenó y, por supuesto, ni unos ni otros se preocuparán de buscar soluciones que compensen a los afectados por el daño padecido y a ellos les permita rehabilitar, al menos en parte, su maltrecha imagen.
Sirva al menos el "día de la vergüenza" para que anualmente todos recordemos –y especialmente el Gobierno de turno– que actuaciones retroactivas contra las inversiones realizadas en nuestro país no deben volver a producirse, ya que la seguridad jurídica es una obligación insoslayable que debemos proteger, pues quien atenta contra ella lo hace contra la respetabilidad de España, tal y como ha puesto de manifiesto, para vergüenza de sus autores, la Corte Internacional de Arbitraje del Banco Mundial, ante la que, es preciso recordar, están aún a la espera otros veintiséis arbitrajes más, habiéndose convertido con ello nuestro país en líder mundial de esa deshonrosa lista que supone ser denunciado ante tal tribunal.
