El gobierno extremeño ha hecho pública un anota en la que “valora positivamente la decisión del Tribunal Constitucional de admitir este recurso”. En ese recurso se rechazaba la limitación de horas con derecho a prima sin distinción de la mayor o menor radiación solar según las zonas geográficas en los próximos tres años.
El gobierno extremeño argumentó el pasado mes de septiembre al presentar el recurso que las medidas contenidas en la nueva legislación ordenada por el Ministerio de Industria supondrían que los aproximadamente 305 parques fotovoltaicos extremeños sufrirían un “perjuicio económico” que el consejero Echávarri cifró en unos “70 millones de euros anuales”. Los recortes a la percepción de la prima fotovoltaica suponen perder un 30% de los ingresos actuales durante los años 2011, 2012 y 2013, según sus cálculos.
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