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Entrevista a Claude Turmes, europarlamentario de Los Verdes y vicepresidente del European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES)

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El tamaño de su país, Luxemburgo, es la antítesis de sus aportaciones a las energías renovables, calificadas de gigantescas por todo el sector. Porque, entre otras cosas, este diputado de Los Verdes –forjado durante años en el movimiento ecologista– trabajó con ahínco para sacar adelante una Directiva de promoción de las renovables que es una realidad desde hace un año. – ¿Es duro defender las renovables en el Parlamento Europeo?
Sí, pero es mucho más fácil que años atrás. En todos los grupos políticos hay ahora diputados que conocen las posibilidades de las energías renovables. El problema es que el lobby de los grandes grupos eléctricos o petroleros que siguen apostando por los combustibles fósiles y la energía nuclear es muy fuerte, está muy bien organizado y tiene mucho dinero para tratar de influir en los diputados. Por otro lado, aunque crece la preocupación sobre el cambio climático o la dependencia del petróleo en Europa, siguen siendo pocos los diputados que conocen a fondo los informes sobre energía y eso los hace más influenciables.

– A los políticos les pasa entonces como a la sociedad. En España suele decirse que somos analfabetos, energéticamente hablando.
Éste es el drama. Si los políticos y la sociedad no se interesan por una cuestión tan fundamental como la energía, el poder de las empresas que manejan estos temas crece más y más. Necesitamos debatir sobre el futuro de la política energética porque hay otros modelos posibles.

– ¿Se le considera uno de los padres de la Directiva europea de promoción de las energías renovables?
Bueno, yo traté de gestar una iniciativa del Parlamento Europeo que pidió a la Comisión una propuesta de Directiva sobre energías renovables. En mi planteamiento había dos ideas fundamentales que se plasmaron en esa Directiva: por un lado, necesitábamos concretar objetivos para todos los países; por otro, cada país debería tener autonomía a la hora de decidir qué ayudas son las más adecuadas para promocionar las renovables. La propia comisaria de Energía y Transportes, Loyola de Palacio, también lo creyó así. Y el entendimiento entre Parlamento y Comisión fue clave para sacar la Directiva adelante.

– ¿Está satisfecho con el resultado o esa Directiva podría haber sido mejor?
Los diferentes parlamentos nacionales deben transponerla ahora a sus legislaciones y la fecha límite acaba en 2003. Yo propuse que los objetivos de cada país fueran obligatorios, pero hubo gobiernos que se opusieron –Austria y Luxemburgo, por ejemplo– por lo que son sólo objetivos indicativos. Por eso, ahora necesitamos el apoyo de los ciudadanos y del sector de las renovables para hacer presión política en los diferentes países con el fin de que, al transponer la Directiva a sus respectivas legislaciones, esos objetivos sean de obligado cumplimiento.

– ¿Piensa que los objetivos de la Directiva –que el 12% de la energía primaria y el 22,1% de la electricidad consumida en 2010 procedan de fuentes renovables– se van a cumplir?
Potencial técnico existe. Por tanto, si no se alcanza será por falta de compromiso de los gobiernos nacionales o del bloqueo que puedan intentar sectores nucleares, petroleros, gasistas, etc.

– ¿Y es optimista?
Pienso que el Protocolo de Kioto y la volatilidad que caracteriza ahora al mercado del petróleo, unido a la mayor información que tienen los políticos sobre estos temas, ejercerá un influjo suficiente para apostar por las renovables.

– Entre los distintos mecanismos que existen de apoyo a las renovables, ¿qué le parecen las primas sobre el precio de la electricidad de España?
También lo utilizan en Dinamarca y Alemania y es, sin duda, el sistema que mejor funciona. Porque ofrecen mayor seguridad a los inversores que los certificados verdes o el sistema de cuotas, donde existe mayor volatilidad en los precios. Dinamarca también había optado por los certificados verdes pero durante el año 2001 no se ha producido ninguna inversión nueva. En teoría, los certificados verdes pueden funcionar pero la realidad es que hoy en día no funcionan.

– ¿Los ministros de energía de la UE acaban de aprobar una Directiva sobre eficiencia energética de los edificios? ¿Qué opina al respecto?
Es un paso pero sólo un primer paso. Porque afecta a grandes edificios y se olvida de los hogares, cuando existen tecnologías que permiten hacerlo. Los políticos deberíamos trabajar para que estas medidas fueran obligatorias a la hora de construir cualquier edificio; no hay ningún argumento que impida hacerlo. En España, por ejemplo, existe un potencial enorme para la arquitectura bioclimática. Construir casas que necesitan ingentes cantidades de energía para calentarlas o enfriarlas parece del tiempo de los dinosaurios. Los costes añadidos para aplicar tecnologías que eviten tanto gasto energético pueden ser del 3–5%; en cambio, a lo largo de la vida útil de la casa habrán supuesto un ahorro muy grande.

– ¿Qué soluciones se vislumbran para poner coto al aumento del consumo energético en el sector de los transportes?
El transporte es el problema ambiental más grande en estos momentos. El modelo actual vigente en los países ricos no podría extenderse a todo el mundo porque las amenazas del cambio climático se multiplicarían. Pero las soluciones son complejas. El transporte está determinado por las políticas de urbanización que no se diseñan precisamente con criterios ambientales. Al planificar nuevas zonas residenciales hay que tratar de mezclar los usos –vivienda, zonas comerciales, empresas, usos recreativos– y no separarlos por completo para que haya que desplazarse de unos a otros permanentemente. Por otra parte, habría que invertir mucho más en transporte colectivo y en tecnologías que redujesen los actuales consumos de los vehículos. También el crecimiento del tráfico aéreo es un problema ya que consume mucha energía por viajero transportado; por eso queremos desarrollar los trenes de alta velocidad. No es lógico que en Europa utilicemos aviones para hacer 800 kilómetros pudiendo hacerlos muy bien en tren.
Después habría que tener en cuenta el transporte de mercancías. Necesitamos un programa europeo de inversiones fuertes en ferrocarril y en tráfico marítimo, dos opciones ambientalmente mejores que el transporte por carretera.

– ¿Y los biocombustibles?
Si no cambian las políticas de transporte es una ilusión poder acabar con su impacto ambiental. No estoy de acuerdo con planteamientos de agricultura intensiva para cultivos energéticos, aunque se podrían estudiar formulas más sostenibles.

– ¿Qué papel juega España en el desarrollo de las energías renovables?
Creo que España hace una buena política en este sentido. Hay posibilidades de hacer más. Por ejemplo, es importante que se deje de bloquear el acceso de las renovables a las redes de distribución, porque las grandes empresas eléctricas pretenden obstaculizar el desarrollo de las renovables para evitar su competencia. El Gobierno español debería hacer respetar la ley que permite la evacuación de toda la energía renovable producida. También podría mejorarse la demanda de energía; la de electricidad está creciendo un 6%, lo que parece excesivo. Faltan inversiones en eficiencia en el sector industrial y residencial, como ya se ha dicho. La falta de eficiencia en el diseño y construcción de edificios provoca, entre otras cosas un aumento espectacular de consumo eléctrico en aire acondicionado, en este país donde los veranos son tan calurosos. Pero son consumos puntuales que, en cambio, exigen fuertes inversiones en las redes de distribución porque hay que prepararlas para esas eventualidades. En este sentido, otros países como Dinamarca, Holanda o Alemania son mucho más avanzados.
Este asunto enlaza con la política energética del gobierno español, que no quiere aplicar una ecotasa que grave los consumos energéticos. Aunque eso no fuera más que el pago por los impactos ambientales que provocan. Ese impuesto, que no tendría por qué ser muy alto, podría servir para hacer inversiones en ahorro y eficiencia.

– Las compañías eléctricas no dejan de presionar para que las renovables –sobre todo la eólica– dejen de recibir una prima y compitan en un mercado liberalizado. ¿Qué le parece?
Suena a broma. Las inversiones en el sector nuclear o del carbón han sido financiadas durante muchos años de monopolio; han recibido ingentes subvenciones públicas que les han permitido ofrecer ahora electricidad a costes bajos. Pero hay más; el carbón y el resto de combustibles fósiles no pagan ni un euro por sus impactos ambientales ni la nuclear paga por su basura radiactiva o por sus riesgos. Cosa curiosa, ninguna nuclear tiene un seguro que cubra los daños de un posible accidente. En este periodo de transición que estamos viviendo hacia las energías renovables necesitamos esas ayudas y hay muchos argumentos para defenderlas.

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¿Compensaciones sobre el precio o certificados verdes?

Uno de los temas que más pasiones está despertando en los últimos meses es el análisis de los distintos mecanismos que cada país puede utilizar para la promoción de las energías renovables. ¿Primas o compensaciones sobre el precio del kilovatio, sistema de cuotas, certificados verdes? Bastaría analizar los resultados y quedarse con los mejores. Pero veamos que se comenta al respecto.
Claude Turmes, uno de los principales promotores de la Directiva sobre la promoción de las renovables, siempre pensó "que cada país debería tener autonomía a la hora de decidir qué ayudas son las más adecuadas para promocionar las renovables". Pero vistos los frutos que esos mecanismos han dado "el sistema de primas sobre el precio del kilovatio, que utilizan España y Alemania es, sin duda, el que mejor funciona, porque ofrece mayor seguridad a los inversores. Los certificados verdes o el sistema de cuotas añaden mayor volatilidad en los precios; en teoría también pueden funcionar pero la realidad es que hoy en día no funcionan". Basta fijarse en Dinamarca, donde el Gobierno cambió de un sistema de primas a un sistema de certificados verdes hace varios meses. La incertidumbre sobre las tarifas, inherente al propio sistema, estuvo a punto de provocar el hundimiento del pequeño mercado escandinavo. Ahora Dinamarca ha aplazado indefinidamente la introducción del sistema de certificados prevista.
El nombre de prima de las renovables espanta a los promotores de estas energías porque consideran que ese sobrepecio que se paga por un kilovatio hora minihidráulico, solar fotovoltaico, eólico o de biomasa (depende de la fuente de energía y de la potencia instalada) es, en realidad, una compensación por los daños ambientales evitados. Según Manuel Bustos, responsable de Relaciones Internacionales de la Asociación de Promotores de Energías Renovables (APPA), "España, Alemania y Dinamarca (mientras lo utilizaba), han acaparado el 82% de la energía eólica instalada en Europa". Francia lo ha incorporado recientemente.
En el sistema de certificados verdes, los productores de este tipo de electricidad venden separadamente esa electricidad generada y los beneficios ambientales asociados a la misma. Beneficios que se formalizan en unos certificados, cuyo precio es fijado diariamente en un mercado específico en el que participan todos los consumidores, obligados legalmente a comprar certificados verdes en proporción a sus consumos anuales. En Dinamarca el objetivo que se había fijado era del 20% en 2003.
Por último, el sistema de cuotas consiste en subastar una determinada potencia y apoyar luego el precio de los promotores que se la han adjudicado por hacer la propuesta más baja. También ha sido un fracaso.
La consultora danesa BTM, especializada en renovables, había previsto para 2001 un crecimiento de este tipo de energías que, al final, se quedó corto en los países con sistema de apoyo a un precio fijo, como España, cuyo dinamismo superó las expectativas. En cambio, las previsiones fueron optimistas en exceso para países con sistemas de cuota, como el Reino Unido y Holanda. Dicho lo cual, la pregunta del principio parece fácil de contestar.
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