Facilitar el funcionamiento de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (Rampe), creada en 2010, y construir una red capaz de aportar valor añadido a los espacios que forman parte de ella en términos de conservación y recuperación del patrimonio natural y la biodiversidad. Son los dos objetivos del Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (Rampe) y los Criterios mínimos comunes para su gestión aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Este plan pretende promover una red ecológicamente representativa y bien conectada, que contribuya a la conservación favorable de sus especies, hábitats y ecosistemas, y asegure la compatibilidad de los usos y actividades que se desarrollen en estos espacios con los objetivos de conservación. Este plan está alineado con las leyes de patrimonio natural y biodiversidad y de protección del medio marino, así como con la normativa de ordenación del espacio marítimo y las directivas europeas.
Para ello y entre otras medidas, se analizarán potenciales corredores ecológicos y de conectividad, ya sea por demarcación marina o a escala regional y global. También se desarrollarán proyectos piloto de adaptación de artes pesqueras o se evaluarán las interacciones y el impacto tanto de actividades pesqueras como no pesqueras (recreativas y turísticas, fondeos y navegación, actividades portuarias, acuicultura, energías renovables, vertidos o extracción de arenas y otros minerales), entre otros. Asimismo, el Plan Director asegurará el despliegue de instrumentos de planificación para todos los espacios marinos protegidos de la Red y promoverá un sistema de zonificación armonizado a partir de una serie de recomendaciones que se deberán elaborar de acuerdo con la Estrategia de biodiversidad de la Unión Europea de aquí a 2030.
El Plan reforzará además los órganos de gestión y coordinación entre administraciones a través de mecanismos bilaterales o multilaterales, como el grupo de trabajo de biodiversidad marina en el seno de la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas, construyendo así una estructura de gobernanza sólida y basada en la transparencia y la participación. Por otro lado, se busca promover el intercambio de información y la transferencia de conocimiento mediante formación y acciones de sensibilización.
Reforzará también los mecanismos para el cumplimiento de la normativa mediante la colaboración entre administraciones para el uso coordinado y compartido de medios de vigilancia, así como el seguimiento de las actuaciones: los instrumentos de gestión contarán con un sistema de evaluación periódica de sus resultados, basado en indicadores objetivos y cuantificables que permitan evaluar el grado de cumplimiento. El plan establece además la creación de un Comité científico que funcionará como órgano consultivo de las direcciones generales de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del (Miteco) y de Pesca Sostenible (Ministerio de Agricultura), y de las comunidades autónomas cuando estas así lo soliciten.
