La promoción, que se encuentra a punto de iniciar las obras y está ubicada en Arroyo de la Encomienda, anunciaba y contaba en la documentación inicial, con mención expresa, que se trataría de una edificación certificada bajo estándar Passivhaus. Sin embargo, la documentación al momento de la firma ya no hace ninguna referencia al estándar, e incluso se impone a los futuros propietarios renuncia expresa a la certificación.
Ante esta situación, PEP alerta de que una casa es pasiva solo sí cumple exhaustivamente con el estándar Passivhaus y, para ello, debe obtener la certificación. Aplicado al clima español, el sello Passivhaus exige:
• Importantes limitaciones en la demanda de calefacción (ha de ser menor o igual a 15kWh/m² año) y en la demanda de refrigeración (siempre menor o igual a 15kWh/m² año)
• La energía primaria utilizada por la edificación ha de estar en un máximo de 120kWh/m² al año.
• La práctica ausencia de infiltraciones de aire (por debajo o igual a 0,6 renovaciones/hora a 50 Pa).
Adelina Uriarte, presidenta de PEP, afirma que “situaciones como esta nos parecen indignantes. Ya no solo porque atentan contra los derechos de los consumidores sino porque manchan el nombre de la profesión y dañan la imagen de Passivhaus cuando es uno de los estándares más exigentes del mundo. Aquellos que quieran vender viviendas energéticamente eficientes bajo el estándar Passivhaus deberán comprometerse desde principio a fin y contar con un certificador autorizado como mecanismo de garantía de calidad que asegure que tales requisitos se cumplen y solo así, la vivienda, estará respaldada y recomendada por el Instituto Passivhaus y por PEP”.
Dada la situación, PEP se ha comprometido a organizar charlas divulgativas tanto para los compradores como para cualquier persona interesada, para que conozcan realmente en que consiste el estándar Passivhaus y cuáles son las carencias de las viviendas que van a adquirir en caso de no contar con esta certificación. Además, insta a los afectados a exigir el compromiso de cumplimiento del estándar por escrito como herramienta de garantía y posible reclamación judicial.
