Castilla y León es, tras Andalucía, la comunidad autónoma con un mayor número de calderas instaladas y la que concentra más en industrias agropecuarias y madereras. Por este motivo, aunque la labor de inspección de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Guardia Civil abarca todas las provincias de Castilla y León, es especialmente intensa en comarcas donde hay industria de la fabricación de muebles y otros derivados de la madera natural.
Este año, la primera fase de dicha inspección, denominada Operación Aire, conllevó un total de 175 controles realizados durante los meses de febrero y marzo y se detectaron quince instalaciones industriales que utilizaban combustibles no autorizados, informan desde la Junta de Castilla y León. “Asimismo, se formularon diecinueve denuncias administrativas por la utilización de combustibles no aptos para su quema, como maderas con barnices, plásticos, etcétera”.
Maderas con plásticos, pinturas, barnices…
El número de denuncias es sustancialmente menor que el del año pasado (46), a pesar de que el número de controles no fue tan superior (208), todos realizados entonces durante el mes de marzo. La Junta anuncia que para 2018, “la Operación Aire continuará activa durante todo el año, con ocasión del servicio diario de las unidades de la Guardia Civil en Castilla y León”.
Desde el Gobierno castellano-leonés recuerdan que la incineración de maderas tratadas con pintura, barnices o plásticos, además de otros residuos, como aceites industriales, está prohibida, ya que las calderas no están diseñadas para ello y “provocan emisiones contaminantes importantes con posibles repercusiones sobre la salud de las personas y el medio ambiente”.
Preocupa especialmente “mejorar la calidad del aire en municipios de tamaño pequeño, donde es previsible que esta práctica está más generalizada”. Es uno de los objetivos de la Operación Aire que, aparte de controlar el combustible utilizado en instalaciones industriales y agropecuarias, busca concienciar a los operadores sobre la peligrosidad de utilizar combustibles prohibidos y localizar gestores de residuos que realizan operaciones inadecuadas.
