Pedro Miras reconoce que van contrarreloj porque todo lo verificable para 2009 lo tienen que hacer en solo tres meses. “Somos conscientes de la dificultad y de que habrá que combinar al mismo tiempo las pruebas con la puesta en marcha efectiva del sistema de certificación”, recalcó Miras, que también afirmó que durante todo el proceso previo “no nos hemos cansado de repetir a las operadoras que además de carburantes, a partir de ahora también venderán nuestros certificados”.
Premiar a los buenos y castigar a los malos
Hasta el momento, el primer paso está dado: todas los operadores (cerca de 100), excepto dos que muy probablemente estén en proceso de cierre, abrieron sus cuentas de solicitud de certificados a principios del verano. A partir de aquí toca presentar esos certificados a través de un sistema informático (SICBIOS), abierto en la web de la CNE. Deben incluir el contenido de la mezcla y el origen de la misma, que nunca puede proceder de fuera de la Unión Europea. Para más adelante queda exigir también los criterios de sostenibilidad establecidos en la directiva europea.
Al final de año, la CNE verifica si todos los certificados se atienen a la orden, y si no es así, el operador deberá pagar 350 euros por tonelada equivalente de petróleo (tep) de cada certificado. Aunque, según el director de Petróleo de la CNE, este año hay muy poco margen de tiempo para hacer transacciones previas a conocer los resultados finales, “los operadores más cumplidores pueden vender a los menos cumplidores su exceso de certificados por una cantidad que establezcan entre ellas, e informarnos de la transacción”. En cualquier caso, todos los certificados llegarán a una bolsa de liquidación de la CNE, y si sobra dinero se repartirá entre los más cumplidores.
La CNE estima un movimiento de certificados en 2009 de más de un millón, con un valor aproximado de 371 millones de euros. Para 2010 la cifra sube a casi dos millones de certificados y 700 millones de euros. Ante el riesgo de que los operadores que más se relajen compensen todos sus certificados con los comprados a otras empresas, la orden establece un régimen sancionador si la mezcla total de las primeras no supera el 70% del objetivo marcado, que es del 3,4% para este año y del 5,83% para 2010. “Y muy posiblemente será del 7% en 2011”, se aventuró a señalar Pedro Miras.
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